El juez pide las 10 últimas declaraciones de renta de la infanta y de Urdangarin

Palma / barcelona/El juez del caso Nóos, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en un auto en el que acepta esta solicitud formulada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. En el auto, el magistrado libra oficio a la Agencia Tributaria para solicitar esta información que había pedido Manos Limpias como prueba para incorporarla a la investigación, han informado fuentes jurídicas.

En la misma resolución, el juez de instrucción número 3 de Palma eleva a la Audiencia Provincial numerosos testimonios que están en la causa y que se mencionan en el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto en el que el magistrado imputó a la infanta Cristina en el caso Nóos. Elevar estos testimonios es un trámite previo al traslado del recurso de la Fiscalía a la Audiencia Provincial, que tendrá lugar en los próximos días, para que decida si debe ser imputada o no y citada para prestar declaración.

Cuando traslade el recurso en el que la Fiscalía pide a la Audiencia que revoque la imputación de la infanta, el juez remitirá también los escritos de adhesión al mismo que presentaron la Abogacía del Estado (acusación particular) y la defensa de la infanta Cristina, así como el de oposición de Manos Limpias. Tanto en el recurso de la Fiscalía como en los escritos aparecen mencionados varios testimonios de imputados y otros documentos que están en el sumario, como informes de la defensa del ex socio de Urdangarin, Diego Torres, y algunos correos electrónicos, que deberán ser remitidos a la Audiencia de Palma.

En el auto, el juez da por recibida también la solicitud del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, el PSPV-PSOE, de personarse como acusación particular en esta causa, una petición sobre la que deberá decidir próximamente. El grupo socialista ha registrado el escrito en el juzgado de Instrucción número 3, en el que pide personarse como acusación particular colectiva, y si no es aceptada esta solicitud, como acusación popular. Los concejales del PSPV-PSOE se consideran "agraviados o perjudicados" por varios de los presuntos delitos contra las Administraciones Públicas que se investigan en esta causa y piden ser parte en la causa "como representantes de la soberanía popular y legalmente legitimados para controlar y participar en la gestión del Ayuntamiento de Valencia". Señalan en su escrito que en esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos mediante los convenios firmados durante tres años consecutivos entre esa institución y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).

El juez impide publicar nuevos correos que afecten a la intimidad de Urdangarin

Una jueza de Barcelona ha prohibido la publicación de nuevos correos electrónicos de Iñaki Urdangarin que afecten a su intimidad o la de su familia, a petición del duque y como paso previo a la presentación de una demanda contra su ex socio Diego Torres y siete grupos editoriales por difundir sus e-mails. Según han informado fuentes judiciales, el juzgado de primera instancia número 46 de Barcelona ha acordado impedir cautelarmente la difusión de nuevos correos de Urdangarin y le ha dado un plazo de veinte días para presentar su demanda, ya que, en caso contrario, la prohibición quedaría sin efecto.

El duque de Palma ha pedido esas medidas cautelares en relación con sus correos en un escrito remitido a los juzgados de Barcelona en el que anuncia su intención de presentar la demanda por vulneración del derecho a la intimidad contra Torres y siete grupos editoriales a los que pertenecen medios de comunicación que han reproducido correos suyos. Los siete grupos editoriales citados son Unidad Editorial; Editorial Ecoprensa SA; El Semanal Digital SL; Semana SL; Publicaciones Heres SL; Mediaset España y Titania Compañía Editorial.

La jueza de primera instancia acordó la medida urgente solicitada por el duque, después de que éste depositara la cantidad económica que se le exigía como aval para acordar las medidas planteadas. Una vez notificada la resolución judicial sobre la prohibición a los medios contra los que se dirigirá la demanda, estos tendrán veinte días para presentar las alegaciones que crean oportunas y Urdangarin dispondrá del mismo plazo para interponer su demanda. En el caso de que los medios afectados discrepen de la prohibición de difusión de correos, la juez convocará una vista de medidas cautelares para que las partes puedan argumentar los motivos por los que las solicitan o se oponen, antes de acordar si las mantiene. Posteriormente, este mismo juzgado se encargaría de seguir adelante con la demanda que presente Urdangarin contra Torres y los medios que, en su opinión, puedan haber vulnerado su derecho a la intimidad, y a los que previsiblemente solicitará la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, han afirmado las mismas fuentes.