Puigdemont representa su último sainete

Ni respaldado por las multitudes ni desde el balcón del palacio de la Generalitat, como Josep Tarradellas en 1977. Sin el apoyo popular -las últimas elecciones autonómicas catalanas las ganó el socialista Salvador Illa- y sin el respaldo de sus anteriores aliados de ERC, con quienes a roto de modo definitivo, Carles Puigdemont (Amer, 1962) regresa hoy de su larga fuga de casi siete años para boicotear el pleno de investidura de Illa y para ser detenido por una interpretación restrictiva del Tribunal Supremo sobre la ley de Amnistía.

De Puigdemont siempre se contó que militaba en la antigua Convergencia, pensaba como un afiliado de ERC y se comportaba como un activista de la CUP. En viernes 27 de octubre de 2017, el día que el Parlamento catalán declaró la independencia, Puigdemont durmió en Gerona, el sábado se dejó ver en un bar de la ciudad a la vez que se retransmitía un partido de fútbol del equipo local y el domingó huyó hacia Bruselas. Ya no era presidente de la Generalitat, porque en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, había sido destituido, pero su comportamiento no fue seguido por gran parte de sus consejeros en el Gobierno. La mayor parte de ellos, incluido Oriol Junqueras, su vicepresidente, hizo frente al juicio posterior del Tribunal Supremo y pasaron más de tres años en prisión. Finalmente, todos ellos, pero no Puigdemont por su condición de fugado, fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2021.

La concesión de gracia a los independentistas no se quedó ahí, ya que como consecuencia de las elecciones generales de julio de 2023, el nuevo Gobierno de Sánchez pactó la amnistía general de todos los delitos relacionados con el proceso independentista, a excepción de los de terrorismo. La ley estaba pensada principalmente para Puigdemont, ya que era el único de los grandes dirigentes que no había heco frente a la Justicia. Tanto es así que el proyecto de ley fue redactado para evitar la instrucción judicial del juez García Castellón, que aspiraba a juzgar por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y regresada hace un mes de su huida en Suiza. Finalmente, esta instrucción quedó anulada por un incumplimiento de plazos, pero Puigdemont será detenido por la lectura que hizo en julio la sala segunda del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación en la gran pieza política del procés. Según estos magistrados, la ley de Amnistía no cubre este delito, por lo que Puigdemont se enfrenta a penas que pueden llegar a los 13 años de cárcel.

El regreso de un Puigdemont libre de penas y victorioso hubiera sido un trago amargo para buena parte de la opinión pública española, mayoritariamente contraria a la amnistía. Incluso para el Gobierno socialista, pero esa declaración del Supremo mantiene viva la orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena, quien durante estos años intentó que algún país europeo extraditara al ex presidente de la Generalitat. Éste fue detenido en dos ocasiones, en Alemania y en Córcega, pero la extradición no se produjo porque las autoridades judiciales consideraron que el principal delito por el que iba a ser procesado, el de sedición, no tenía proyección en sus respectivos países. Amparado en parte por su condición de eurodiputado, Puigdemont ha residido en una mansión en Waterloo (Bélgica), financiado por empresarios y seguidores.

La requisitoria de Llarena está activa, por lo que Puigdemont será detenido cuando Mossos, Guardia Civil o Policía Nacional lo detecten en suelo español este jueves. En un mensaje colocado en las redes, el ex presidente ha convocado a sus seguidores a las 9 de la mañana en una avenida cercana al Parlament, situado en el parque de la Ciudadela de Barcelona. A las 10 comienza el pleno de investidura de Salvador Illa, y se espera que el presidente de la Cámara, Jordi Turull, suspenda el pleno si Puigdemont, que es parlamentario, es detenido.

Una vez que se produzca la identificación, Puigdemont será puesto a disposición judicial para que Llarena le informe y tome declaración. Esto puede conllevar el traslado del detenido a Madrid, sede del Supremo, aunque la declaración también se puede producir por vía telemática. El siguiente paso del juez será el de enviarlo a prisión o dejarle en libertad con cargos, para lo que debe valorar el riesgo de fuga. Si se apreciará este riesgo, lo que es probable después de su huida de 2017, debe ser una de las partes la que solicite la prisión, y es posible que la Fiscalía no lo haga. No obstante, el representante de Vox, personado en la causa, pedirá cárcel.

Si el ex presidente entra en prisión, sus abogados podrá recurrir en primera instancia ante el Supremo y, después, al Tribunal Constitucional, que tendrá que posicionarse sobre la lectura de Llarena y la sala segunda. Si estuviese preso, el Constitucional podría adoptar una decisión este mismo mes de agosto.