El PP acusa al fiscal general del Estado de obstrucción a la Justicia por el "cambiazo" de su móvil

El Gobierno ha criticado este sábado que se investigue por perseguir los delitos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el PP ha acusado de obstruir a la justicia por cambiar de móvil cuando se enteró de que se le estaba investigando.

Este cruce de mensajes se ha producido un día después de que la Guardia Civil desvelara que el fiscal general cambió de teléfono justo una semana después de que el alto tribunal abriera la causa contra él y de que el juez Angel Hurtado ordenara el registro de su despacho para requisar sus teléfonos y correos electrónicos.

Un hecho que ha llevado a los populares a reavivar sus sospechas de que el fiscal ha destruido pruebas, al ironizar con que "curiosamente, a García Ortiz le llegó la necesidad de cambiar de teléfono justo cuando le imputó el Supremo", en palabras de su secretaria general, Cuca Gamarra.

Y es que para la número dos del PP, "cada vez está más claro que el protocolo de seguridad del fiscal no es más que un intento de ocultar pruebas", algo que, en su opinión, "es precisamente lo que le delata como culpable".

También el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha aprovechado un acto en Fuengirola (Málaga) para acusar a García Ortiz de obstruir a la justicia al darle "el cambiazo al móvil cuando se enteró de que lo estaban investigando".

Sobre este asunto se ha pronunciado el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, quien se ha mostrado convencido de que todo esto obedece a que "se está montando una causa contra el fiscal general".

"Es el mundo al revés, hay quien persigue los delitos y quien los comete, y estamos investigando a quien los persigue", ha lamentado.

Ha subrayado que el "delincuente fiscal" es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, y que quien filtró "una mentira" a los medios de comunicación fue su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Entre tanto, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga al fiscal, ha pedido al Tribunal Supremo que solicite al Gobierno que aclare si un teléfono que utilizaba García Ortiz es propiedad de la Administración y, si es así, pregunta donde está.

También pide que se entregue al Supremo ese terminal para su posterior inspección y análisis por la Guardia Civil, y que "se informe de la persona o personas responsables del formateo o borrado de los datos en el terminal móvil una vez fuera entregado por el investigado o si este fue entregado ya formateado o borrado".