El Gobierno aprueba una nueva tasa energética para 2025 con el compromiso de convertirla en un impuesto

Madrid/El Gobierno ha aprobado un nuevo gravamen temporal sobre las energéticas para 2025, que contará con bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.

La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que adquirió con ERC, Bildu y BNG. Pero esa tasa quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.

En este escenario, el Gobierno ha aprovechado el último decreto del año para aprobar un nuevo gravamen energético, que tendrán que satisfacer en el ejercicio de 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos.

El gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts en la convalidación del decreto en el Congreso: una es que se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos.

Sin entrar en detalle, el Ministerio de Hacienda explica que esas inversiones serán consideradas en función de su magnitud para contribuir al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que acuerda aportar a la entidad pública de suelo Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado para destinarlos al alquiler asequible. Los inmuebles proceden del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied); del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif; la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) o de Patrimonio Nacional, según ha explicado el Ministerio de Vivienda en un comunicado. Estas dos últimas mantendrán la titularidad de los inmuebles, pero corresponderá a Sepes su gestión en virtud del convenio que suscriban las entidades.

En el terreno fiscal, el Gobierno ha prorrogado la vigencia de las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga hasta el próximo 30 de junio de 2025. El Ejecutivo ha anunciado junto a esta "ampliación temporal" del Programa Moves III, la extensión de la deducción del 15% en la compra de un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025.

De igual manera, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética de las viviendas. Así extiende el periodo de aplicación de la deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual. La deducción será del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras A o B' en vivienda habitual, y del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras A o B en edificios residenciales, debiendo tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.

A esta deducción podrán acogerse las personas físicas en cuyo edificio se hayan realizado obras de mejora o rehabilitación en las que se obtenga una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable. El porcentaje de deducción es de un 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.

Además, el Consejo de Ministros ha elevado de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la Renta. No estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).

En cambio, como estaba previsto, termina la rebaja del IVA a los alimentos, en vigor desde 2022 y que se ha ido retirando de forma paulatina para que finalizara con la entrada del nuevo año.

Además, el Gobierno ha acordado prolongar medidas del escudo social vigente para los consumidores vulnerables en materia de energía, como la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que a finales de año expirará la aplicación de la posibilidad de un IVA reducido en el recibo de la luz, volviendo a ser así de un 21% permanente.

Igualmente, se prolonga la situación de excepcionalidad del bono social de electricidad destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

Analizada la evolución de la situación en los mercados, el pasado junio se estableció una vuelta a la normalidad progresiva que terminaría en julio de 2025, con unos nuevos y reforzados descuentos: los consumidores vulnerables tendrán una reducción del 35% en lugar del 25% anterior a la crisis, y los vulnerables severos de 50% en vez del 40% previo.

El Ministerio indicó que la norma aprobada este martes "da mayor margen a este progresivo ajuste, de modo que alcanzarán este nuevo y reforzado nivel de normalidad a partir del 1 de enero de 2026".

Así, a partir del próximo 1 de enero, los consumidores vulnerables tendrán un descuento del 50%. A partir del 1 de julio, será del 42,5% y el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el reforzado 35%. Los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026.

El Consejo de Ministros ha acordado retrasar hasta el 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco "para dar un mayor margen a la adaptación de esta figura tributaria".

Por su parte, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.

En el Impuesto sobre Sociedades, el decreto prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.

Por otra parte, la norma también modifica el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras para efectuar un ajuste de carácter técnico y contable con el objetivo de facilitar la transición a las entidades financieras que se vean afectadas por el gravamen temporal que ha operado en 2023 y 2024 y el nuevo impuesto que comenzará a operar a partir de 2025.

Por último, el Real Decreto-ley contempla una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de impulsar la vivienda pública. Para ello se simplifica y flexibiliza el marco legal en los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.