García Ortiz, protagonista a su pesar

El miércoles no fue buen día para Álvaro García Ortiz, imputado por el Tribunal Supremo por un posible delito de revelación de secretos. Tampoco el jueves fue día fácil para el fiscal general del Estado, que por la mañana compareció ante la Junta de Fiscales, formado por una treintena de fiscales de Sala, el cuadro de honor de la Fiscalía; por la tarde se reunió con el Consejo Fiscal. Órganos consultivos y, por tanto, no vinculantes, pero cuyas opiniones marcan el estado de salud del Ministerio Público.

Fue decisión de García Ortiz convocar a sus compañeros, quiso trasladarles personalmente su punto de vista sobre las consecuencias de su situación, el primer fiscal general del Estado imputado en democracia. Aunque Ortiz, el mismo día de su imputación había dicho que no estaba imputado ni investigado, sí lo estaba. Imputado por el Tribunal Supremo, y se conocía ya el nombre del instructor que se encargaría de dirigir su investigación, el juez Ángel Hurtado.

Ni la Junta ni el Consejo de los fiscales tuvieron que votar tras la intervención del fiscal general. Las dos reuniones no tenían más objeto que dar oportunidad a García Ortiz de expresas su opinión, no había nada que votar. Sin embargo, no ha sido difícil averiguar qué sucedió exactamente en las reuniones.

No hubo tensiones, todos hicieron el esfuerzo de contenerse y en algunos momentos incluso se respiró cierta cordialidad. En la Junta y el Consejo se sentaban fiscales que eran amigos de Ortiz, o lo habían sido. Pero, en las intervenciones quedó muy claro que era mayoritario el criterio de que debía dimitir de su cargo. En la Junta, según se deduce de las intervenciones, aproximadamente un tercio de los miembros opinaron que debía mantenerse al frente de la Fiscalía General, mientras el resto se inclinaba por la dimisión; y que la presentara cuanto antes por el bien de la Fiscalía. En el Consejo, donde una vez más visualizó la división entre progresistas y conservadores, situación que molesta siempre a quienes forman parte de las instituciones del Estado, fue mayoritaria el número de miembros que trasladaron a García Ortiz su opinión de que debía dejar el cargo. En todos los casos se compartía la misma idea: mantenerse al frente de la Fiscalía como imputado, afectaba gravemente la imagen de la Fiscalía General del Estado.

Precisamente ese punto, el del presunto descrédito, fue al que dedicó más tiempo García Ortiz. Al contrario de la opinión de la mayoría de compañeros, argumentó que la Fiscalía se desacreditaba si no actuaba con el rigor suficiente y no salía en defensa a su cabeza. La imputación no significaba que se hubiera cometido un delito, y en cierto sentido suponía dar aliento a quien había presentado la querella, que era el presunto delincuente.

El novio de Ayuso

La historia se ha explicado estos días hasta la saciedad. Isabel Díaz Ayuso es probablemente la dirigente del PP que más animadversión provoca en el PSOE, al mismo tiempo que es la que más inquieta porque piensan los socialistas que sería una rival peligrosa en el caso de que sustituyera a Alberto Núñez Feijóo, porque a los votantes del PP sumaría un considerable número de votantes de Vox. Podría lograr una mayoría que hoy no ven que Feijóo sea capaz de conseguir.

Ayuso no tenía puntos flacos… hasta ahora. Su pareja, Alberto González Amador, un empresario que se mueve en el sector sanitario, aunque no es el único en el que tiene intereses, está siendo investigado por la Agencia Tributaria por presunto delito fiscal. Supuestamente, no ha declarado la totalidad de sus ingresos, y ha comprado un piso en Madrid sin haber completado la documentación necesaria para hacer una importante obra. Piso en el que vive con la presidenta madrileña.

A petición del abogado de García Amador, se han iniciado negociaciones con Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo, reducir el monto de la multa y evitar la pena de prisión. Según fuentes de la Agencia Tributaria, ese tipo de acuerdos son habituales, y para iniciarlos el investigado debe reconocer que ha cometido un delito fiscal. En el caso de García Amador, dos delitos.

Este último dato es el que ha utilizado la Fiscalía para acusar a García Amador de haber delinquido. De paso, pone el foco en Díaz Ayuso. González Amador se defendió diciendo que había sido la Fiscalía la que había sugerido el proceso negociador y el Fiscal General decidió entonces hacer pública la situación de la pareja de Ayuso, enviando una nota a la Fiscalía de Madrid para que a través del gabinete de prensa la distribuyera. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a distribuirla porque se podría incurrir en el delito de revelación de secretos. Finalmente, la distribuyó la Fiscalía, y casi de inmediato García Ortiz se encontró con una querella de González Amador.

El fiscal general se rebeló diciendo que algún medio de comunicación ya había publicado datos sobre la situación de González Amador antes de que se distribuyera el comunicado de la Fiscalía, lo que se demostró falso. Y tras varias semanas de polémica y de investigación del Tribunal Supremo –el fiscal general está aforado– el miércoles la Sala Segunda del Supremo determinó la imputación de García Ortiz.

Es indispensable recordar, sin que ello signifique acusar a jueces y fiscales de moverse por intereses ajenos a sus funciones, que en los últimos meses han sido constantes los enfrentamientos entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Con el Gobierno defendiendo siempre las posiciones de la Fiscalía. Y al contrario.

Un fiscal instalado en la polémica

Si fue generalizada la crítica por el hecho de que el gobierno nombrara fiscal general a una persona de absoluta confianza de Dolores Delgado, que le había antecedido en el cargo, y que había sido inmediatamente antes ministra de Justicia, asombró para mal que desde su nuevo puesto García Ortiz tomara decisiones muy cuestionadas, siempre en defensa de los intereses del gobierno.

El Supremo expresó su disconformidad con algunas de sus decisiones, entre ellas elevar a Dolores Delgado a fiscal de Sala, la mayor categoría en la carrera fiscal, sin contar con los requisitos exigidos y, posteriormente, designarla fiscal de Sala en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El Supremo recibió tres recursos, por incompatibilidad de Delgado en el cargo, ya que su marido, Baltasar Garzón, está profesionalmente dedicado a materias en las que tendría competencia su mujer. Sin embargo, la mayor parte de las discrepancias entre el Supremo y la Fiscalía General han estado relacionadas con la aplicación de la amnistía a los condenados por el procés catalán, ante la posición contraria de los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que había condenado a los implicados en el proceso independentista.

Su figura ha sido controvertida desde el mismo día que se anunció su nombramiento, y aunque aquellas primeras semanas hacía declaraciones defendiendo que actuaría en cumplimiento estricto de la ley a pesar de que orgánicamente dependía del Gobierno, no tardó mucho tiempo en demostrar que se había puesto inequívocamente a las órdenes de Pedro Sánchez y de sus intereses. Tan es así que han sido varios los fiscales de prestigio a los que se consideraba adscritos a las asociaciones progresistas, que se dieron de baja para expresar su desacuerdo con el fiscal. Que, además, consideraban que no defendía a los profesionales, al ignorar las demandas de amparo que le fueron presentadas ante la campaña de descrédito a los fiscales por parte de medios cercanos al sanchismo.

Se enfrenta ahora García Ortiz a una investigación dirigida por el juez del Supremo Ángel Hurtado. A él corresponderá escuchar al Fiscal General, a distintos testigos, y analizar los documentos relacionados con el caso que instruye, si hubo o no filtración de datos reservados de Alberto González Amador.

Hurtado, que participó en algunos de los casos relacionados con la trama Gürtel, se opuso a que el PP fuera condenado como participe en ese caso a título lucrativo. Fue el caso que provocó la moción de censura, y caída, de Mariano Rajoy.

En medios socialistas, ya ha empezado la campaña para dudar de la independencia de Hurtado como instructor del caso Fiscal General.