La coalición multicolor, dos tránsfugas y un disputado voto telemático

Tragedia y sainete en la Carrera de San Jerónimo. UPN venía a salvarle la reforma laboral al gobierno. Y de paso a los españoles. UPN, la Unión del Pueblo Navarro, ese partido conservador, cristiano, navarrista, foralista y humanista que parece sacado de una costilla del PP. Qué cosas. Sobre todo porque tanto UPN, como por cierto CiU (hoy PDeCAT) apoyaron la reforma de Rajoy. Y los dos partidos iban a estar en su derribo, bastante controlado, que todo hay que decirlo, pero más equilibrado en el fondo. Pero lo importante es que UPN iba a cubrir el hueco que dejaba ERC, los siempre poco confiables independentistas. Esa era la suma prevista, hasta que los dos diputados navarros decidieron convertirse en tránsfugas, una de las lacras de la política. Y desobedeciendo a su partido no apoyaron la reforma. Ahora por supuesto se niegan a entregar su escaño, como le reclama UPN. Éste es el tipo de parlamentarios que después hace discursitos sobre la mala imagen de la política y apela a la confianza de los ciudadanos. Dan nauseas.

En cualquier caso, la suma de UPN y Cs al bloque que apoya al Gobierno, siempre inestable y cambiante, añadía una componente conservadora a la solución legislativa. Con independencia de la traición de los diputados a UPN, no parece que a esa formación ni a Ciudadanos, fuera de toda sospecha, se les moviera la tierra bajo los pies por coincidir en esa mayoría técnica y que iba a durar lo que dura la tramitación de la ley con formaciones completamente ajenas y en las antípodas de sus postulados ideológicos.

UPN hacía el papel del PP

La política siempre tiene una componente práctica. Y en este caso la participación de la CEOE en el acuerdo habilitaba el camino a esas formaciones. De hecho, UPN estaba haciendo el discurso que podría haber hecho Casado si no se hubiera excluido de cualquier acuerdo. Primero limitando el alcance de la reforma y después exigiéndole al PSOE como condición previa a su voto que no se modificara el acuerdo cerrado con la CEOE y que no se tramite el decreto ahora como proyecto de ley. UPN, de paso, metía otro dedo en la herida del PP al entender que la aprobación de la reforma allanará la llegada de los fondos europeos.

“Somos un partido de Estado y lo que es bueno para España y para Navarra es bueno para nosotros (..) lo cómodo era votar no, lo imprescindible es votar sí”, explicó Javier Esparza, el presidente de UPN, quien advertía, sin que hiciera falta porque los ciudadanos lo entienden todo, que esto no era un apoyo a Pedro Sánchez, sino un impulso a un acuerdo social con efectos positivos para el mercado de trabajo y el empleo y por lo tanto para la gente. Cierto que ese relato se le truncó por la desobediencia de sus diputados –que seguramente van de cabeza al PP o a Vox– pero la pedagogía permanece. Casado podía haber hecho algo parecido en tres tiempos: haber limitado el alcance de la reforma vindicando muchos de los aspectos que siguen vivos, haber puesto algunas condiciones, reclamar al presidente que lo llamara a Moncloa para pedir su apoyo y echarse al lado, siquiera absteniéndose como respeto a un acuerdo participado por patronal y sindicatos. Pero no. Más bien todo lo contrario.

El gobierno equilibrista

El Gobierno tuvo en el zurrón los votos de la coalición (PSOE y UP), que se dice pronto, a los que sumó los de Más País, Ciudadanos, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canaria, PDeCAT y tenía los de UPN hasta la deserción de sus parlamentarios. Y claro, contó con el inesperado voto del diputado Casero, del PP, que le daba la exigua mayoría por un diputado, y desencadenaba el consiguiente enredo por el reconocimiento del error telemático y las reglamentarias acusaciones de tongo.

La decisión de no admitir la corrección del voto telemático antes de la votación efectiva va a acabar en el TC. El Parlamento sostiene que no ha lugar a las protestas. En el Senado existe una norma que avalaría la rectificación del voto de este diputado si se aplicara en el Congreso. Una resolución de la Mesa de la Cámara Alta de 2013 indica que “una vez emitido el voto telemático será posible su modificación hasta la finalización del plazo de emisión” que se establece en el momento del inicio de la sesión plenaria. Tiene sentido que un senador o un diputado puedan modificar su voto telemático si se ha producido por error y lo detecta y comunica antes del pleno. Lo contrario equivale a quebrar su voluntad, diga lo que diga la norma. En todo caso esto va camino del folletín y es posible que la reforma, cincelada durante nueve meses, quede varada o incluso que su aplicación vea revertida en el futuro muchos de sus efectos si el TC anula la votación del jueves. Supongo que, además de PP y Vox, que votaron en contra y anuncian los recursos, hay gente que encontrará satisfacción en este lance. Pero este lance va de mejorar la vida de mucha gente y de acuerdo con la patronal y los sindicatos. En concreto, a los 4,3 millones de trabajadores con empleo temporal que, en buena parte, pasarán a indefinidos. O los 400.000 fijos discontinuos que comienzan a ver como su antigüedad cuenta. Y el fin de convenios precarios que restaban derechos a trabajadores de sectores muy castigados y subidas de sueldos notables que se van a producir. De esto va este cuento de terror parlamentario, no de asestarle un golpe al Gobierno.

La atomización cambia las reglas

Pero sea como sea, esta es una radiografía exacta y de urgencia de la atomización de la política española: han hecho falta diez partidos y un diputado votando por error para aprobar una ley. La institucionalidad legislativa exige hoy un ejercicio hábil para alcanzar consensos; cesiones y asunciones; compromisos, inteligencia, altura de miras y buenas dosis de pragmatismo, que empiezan a rasgar el telón ideológico, como acaba de comprobarse.

Con este Gobierno ocurre algo curioso: sus avances políticos –sacar una reforma laboral pactada en estas condiciones es un gran éxito político– se miden siempre contradictoriamente por el mismo hecho. Por un lado se entiende como una incongruencia –o lo que algunos llaman “el afán de poder”, como si el resto de partidos fueran una ONG–, pactar a diestro y siniestro. Pero, por otra, es imposible no reconocer el mérito político que acredita cerrar acuerdos tan dispares sin que nadie salga del círculo virtuoso, que dura lo que dura el impulso legislativo concreto. Para colmo, ERC y EH Bildu, que no aprobaron la ley, dejan claro que es un acuerdo puntual y que no se escapan del llamado bloque de investidura. Aunque esto lo veremos: el bloque va necesitando ya algo más que tiritas.

Hemos entrado en un territorio político distinto. Se negocia puerta a puerta y ley a ley. La geometría variable que parece imposible resulta no serlo. Todos deberían aprender de este nuevo tiempo, a veces tan difícil de entender como complicado de gestionar. Especialmente cuando afloran los tránsfugas.

La reforma por venir: las pensiones

Este episodio también puede entenderse como un entremés de la reforma de las pensiones, la más complicada de todas, aún pendiente. Ésta ha sido una pequeña prueba de fuego. Hasta ahora el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sólo ha cometido reformas de subida pero no se ha atacado la más controvertida y posiblemente más determinante: la reforma para la sostenibilidad del sistema. Hasta ahora ha avanzado en aspectos importantes como la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios para el cobro de la pensión. También va en la ley de PGE un incremento del 3% para personas con cargas familiares, para mayores de 65 años y personas con discapacidad superior al 65% o personas de entre 60 y 64 años. En general, en 2022, las prestaciones van a subir un 4,1%, incluyendo la paga compensatoria y la mejora ligada al IPC. Medidas de crecimiento, de mejora.

De hecho, el FMI ha advertido a España que el sistema será más insostenible si no se adoptan medidas complementarias sobre el gasto y los ingresos. Las medidas adoptadas suponen un incremento del gasto en pensiones de 42.000 millones de euros, 3,5 puntos del PIB. Además, la indexación de las pensiones al IPC seguirá necesitando recursos adicionales. El gasto final de las pensiones, con la aplicación de las reformas que han entrado en vigor el uno de enero, sitúa el gasto de las pensiones en el 16,5% del PIB.

La prioridad, la visión social de las pensiones

Tiene lógica que un Gobierno de izquierdas haya apostado por priorizar medidas de carácter social respecto a las pensiones, pero esas propias medidas no serán sostenibles en el tiempo si no se adoptan otras que reformen el sistema para su perdurabilidad y suficiencia financiera. En los Presupuestos se incluye ya una transferencia del Estado a la Seguridad Social por recomendación del Pacto de Toledo para terminar el proceso de separación de fuentes, es decir, se distingue el sistema contributivo (financiado mediante cotizaciones) y el no contributivo (que proviene de las arcas del Estado). Pero la Agencia Estatal de Seguridad Social, prevista en la ley de los PGE, tendrá que presentar un proyecto de ley en el plazo de seis meses.

Además de impulsar la imprescindible visión social de la reforma, ya casi consumada, el Gobierno de izquierdas tendrá que hacer frente a su responsabilidad. Y ahí será el crujir de dientes, cuando las derechas y las izquierdas y algunos tránsfugas sobrevenidos se posicionen. Lo de esta semana ha sido un ligero aperitivo.