El PSOE suspende de militancia a uno de los detenidos en Mojácar

La dirección del PSOE ha hecho efectiva la suspensión del 'número dos' de la lista del PSOE a la Alcaldía de Mojácar (Almería), Francisco Bartolomé Flores, tras su detención a primera hora de la tarde de este miércoles por su supuesta vinculación en la presunta trama de compra de votos desmantelada por la Guardia Civil.

Fuentes socialistas han indicado a Europa Press que se ha procedido a la suspensión de militancia del arrestado y apertura del expediente, si bien no se han adoptado medidas de este tipo en relación al 'número 5' de la candidatura, el también arrestado Cristóbal Vizcaíno, ya que no es militante del partido.

Las mismas fuentes han asegurado que en caso de que tras las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo ambos pueda optar a tomar posesión de un acta de concejal, "no lo harán como concejales del grupo socialista", al haber quedado apartados del partido.

El arresto de ambos candidatos, que se ha producido a lo largo del miércoles, ya que uno de ellos se encontraba fuera de Mojácar en el momento de realizarse los registros en la localidad, coincide con la recta final de la campaña electoral del 28M.

La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar (Almería) con siete detenidos, dos de ellos candidatos del PSOE, trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

De los siete detenidos y tres investigados en esta operación en la que participa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, constan seis personas de nacionalidad española, entre ellos el número dos y cinco de la lista del PSOE. También hay ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador. En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales con anotaciones manuscritas, ya que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado.

Según estas fuentes, los implicados en la trama estarían ofertando cifras que rondan los cien euros dirigidas a personas de bajo poder adquisitivo, entre ellos principalmente ciudadanos de origen latinoamericano. También hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto, como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales.