Mojácar: de la "pequeña Ibiza" al enfrentamiento de los empresarios con la alcaldesa
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Las malas lenguas relacionan la conocida batalla entre la alcaldesa y algunos locales de ocio con el intento de compra de votos
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Todo el mundo sabe en Mojácar que hay una profunda enemistad entre la alcaldesa, Rosa María Cano, y un determinado sector del ocio nocturno y la hostelería. Una rivalidad que se ha hecho patente varias veces en algunos plenos, donde los empresarios y sus empleados llenaron el salón cuando se tramitaban proyectos que creían contrarios a sus intereses, como la ampliación del paseo marítimo.
De hecho, una crónica de la agencia Efe señala que algunos vecinos creen que las diferentes ordenanzas, normativas e iniciativas impulsadas por la alcaldesa podrían haber provocado la reacción de parte de estos presuntos “afectados” para organizarse y financiar la supuesta compra de votos. Habladurías, quizás, como tantas otras. Pero para quien desconozca todo este contexto no está de más hacer un breve repaso.
Hace algo más de una década Mojácar copaba titulares de los medios de comunicación nacionales con titulares como “Mojácar, la pequeña Ibiza andaluza”. Era la época en la que sonaba por todos lados el “Mujeres, mojito, Mojácar”, de Moree Mk, el DJ residente del famosísimo chiringuito Maui Beach. Hordas de jóvenes turistas llegaban al pueblo almeriense para salir de fiesta. Locales como Mandala, Moma, Lúa y El Cielo estaban de moda. Las fotos con el logo de Maui detrás llenaban las redes sociales.
El pueblo almeriense ya era conocido, desde mucho antes, como uno de los principales emporios turísticos de Almería. De hecho, en 1966 se construyó el único Parador de Turismo que existe en la provincia. Pero a finales de la primera década del siglo XXI e inicio de la siguiente se había convertido en un destino de fiesta muy popular. Jóvenes de toda España querían alquilar un apartamento con amigos y pasar unos días bebiendo y bailando frente al mar mojaquero.
Casi al mismo tiempo comenzaban a llegar noticias preocupantes de Magaluf (Mallorca), donde el “turismo de borrachera” mostraba su máxima expresión: calles llenas de gente bebiendo, peleas, e incluso muertes de británicos que hacían “balconing”, esa estúpida moda de saltar desde los balcones hasta las piscinas.
La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, tenía claro que no quería que su pueblo se convirtiera en un destino de borrachera y comenzó a cambiar las cosas, a golpe de ordenanza municipal.
La primera fue para prohibir el botellón, en junio de 2013. Poco después llegó la famosa ordenanza del ruido, que prohibía, entre otras cosas, cualquier tipo de juego que genere ruido, como dados, dominó o música en vivo en las terrazas; dejar solos a los animales en balcones, patios o zonas comunes; gritar, vociferar, cantar o tocar instrumentos musicales; e incluso hacer obras durante el periodo estival.
Después, en 2016, puso el foco en las despedidas de solteros, con una ordenanza que prohibía “pasear por la calle con vestimentas atuendos o disfraces que puedan atentar contra la dignidad de las personas, los sentimientos religiosos o tengan un contenido xenófobo, racista, sexual, sexista, homófobo, salvo en las Fiestas de Carnavales”. Traducción (tal y como dijo la propia alcaldesa en pleno por aquel entonces): no se quería que hubiera grupos de despedidas de solteros con “muñecas hinchables por las calles o diademas con penes sobre la cabeza”.
Por esas mismas fechas se inauguraba un nuevo tramo del paseo marítimo de Mojácar, entre la Cruz Roja y Cueva del Lobo. En paralelo ya se trabajaba en el Desglosado 2 de la Segunda Fase, que a la postre sería la gota que colmaba el vaso de muchos de los empresarios del ocio, pues se construiría en la playa del Cantal, donde están chiringuitos como Maui Beach, El Cid, Aku Aku y otros. Ese paseo suponía, para ellos, perder muchos metros cuadrados de local.
La oposición a este proyecto de paseo marítimo tomó forma en la plataforma “Save our chiringuitos” y lograron, hasta dos veces, paralizar la tramitación del proyecto por diferentes errores administrativos. Los abogados de Maui tuvieron mucho que ver en ello. Habían logrado vencer, porque poco después llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y el paseo marítimo quedó en un cajón.
Fueron momentos de mucha tensión, con plenos multitudinarios en los que los empresarios abucheaban a la alcaldesa y aplaudían las intervenciones de la oposición.
Coincidió esta batalla judicial con la prohibición de actuaciones de Dj’s por parte del Ayuntamiento, que provocó que este colectivo se organizase como ‘Mojácar Dj’ que remitió varios escritos al Consistorio. Denunciaban un trato discriminatorio, porque “en los locales, bares, chiringuitos y restaurantes que no disponen de licencia musical si está permitido otro tipo de actuaciones como conciertos de rock, jazz, flamenco, salsa o reagge”, pero “cuando pretenden contratar un dj, rápidamente mandan a la policía para advertirle al dueño que está totalmente prohibido”, decían entonces.
Y en 2020 se escribió el último capítulo de esta saga. El 16 de enero el Ayuntamiento mojaquero informó de que se había impuesto una sanción de multa de 20.000 euros y la clausura del chiringuito Maui por un periodo de dos años por carecer de la licencia exigible a la actividad que desarrollaba de bar con música. El 25 de febrero quedó cerrado y así permaneció más de dos años. Había caído el símbolo de aquella Mojácar de fiesta y botellones. El local donde nació el “mujeres, mojito, Mojácar”.
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