Nos han pillado de vacaciones

La sorpresa de este agosto, por llamarla de alguna forma, ha sido el acuerdo para la investidura del candidato socialista como presidente de la Generalidad de Cataluña. Lo más noticioso ha sido, claro está, la parte correspondiente a la recaudación de los impuestos generados en esa comunidad, lo que ha dado lugar a que ya se esté hablando del “cupo catalán” y a que estén surgiendo dudas sobre su constitucionalidad. Sin embargo, hay otros contenidos que también reflejan un entreguismo que va más allá del acostumbrado por el Gobierno. Me refiero a la apertura irrestricta de delegaciones diplomáticas –eso es lo que serán, no meras oficinas de representación en el exterior– o la ya absoluta imposición del catalán y persecución –es la palabra adecuada– del castellano. 

Sobre los aspectos fiscales y sus posibles consecuencias, ha publicado Fedea un interesantísimo estudio hace unos días, al cual remito al lector interesado. 

En primer lugar quisiera mencionar la referencia al principio de ordinalidad, algo que no está contemplado en el actual sistema, pero que parece ser de primera importancia para los firmantes. Según este principio, sintetizando, las comunidades que más aportan no han de recibir menos que aquellas que reciben. Esto puede parecer razonable a primera vista –de hecho, se aplica en Alemania, por ejemplo– pero puede limitar el principio de solidaridad, que es uno de los fundamentos del modelo de financiación autonómica. Es esta solidaridad lo que asegura que todas las comunidades proporcionen adecuadamente los servicios públicos fundamentales, lo cual es algo más fácil de expresar que de definir con precisión, aunque la heterogeneidad demográfica y geográfica está recogida mediante el cálculo de las denominadas necesidades de gasto. 

La verdad es que, como es bien sabido, el actual sistema data de 2009, cuando se introdujo una modernización sustantiva, y se planteaba su revisión quinquenal, aunque ésta se ha venido postergando sistemáticamente. No han faltado las promesas de abordarla y los expertos han realizado sus propuestas, pero hasta el momento no ha hecho ninguna modificación. La reforma parece inevitable, siquiera sea para compensar a las comunidades no beneficiarias de la forzada generosidad del presidente del Gobierno, pero su diseño y negociación van a ser enormemente complejos, dada la actual distribución política de los gobiernos territoriales y la anomalía pactada en Cataluña.

Algunos términos como el “100% de los impuestos” o “la llave de la caja” están muy bien como proclamas o eslóganes, pero no son fáciles de llevar a cabo, especialmente en los casos del impuesto de sociedades y del IVA. De hecho, en el acuerdo se contempla que se va a estudiar un cambio en la territorialización del IVA de las pymes, pasando del sistema actual de reparto en función de indicadores territoriales de consumo a otro basado en el lugar del domicilio fiscal. Supongo que, a cambio, Cataluña dejará de participar en el reparto de la recaudación de IVA; es decir, de la correspondiente a lo allí consumido pero producido en otro lugar de España. 

En realidad, la diferencia entre lo aportado y lo recibido por Cataluña no es muy elevada: unos 2.000 millones de euros anuales, una tercera parte de lo que sucede con Madrid, y esto habría tenido una solución bastante fácil para acallarlos: ir descontándolos de la deuda que esa región tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico, que es del orden de 15.000 millones de euros. Pero el Gobierno cancelará esa deuda sin que se conozca ninguna contrapartida. Otra alternativa sería asegurar un saldo nulo entre lo aportado y lo recibido por Cataluña, y ya se vería la forma de contentar a los restantes.

Pero el propósito catalán no era compensar esta diferencia, sino hacerse con todo lo que el Estado recauda en Cataluña y esta cifra sí que es muy elevada: unos 30.000 millones de euros anuales. Cataluña se compromete a aportar una cantidad todavía no definida en concepto de solidaridad con carácter temporal, y a compensar al Estado por los gastos realizados en su territorio. La experiencia demuestra que aquí comenzarán los problemas, ya que el cálculo preciso de las aportaciones navarras y vascas es un auténtico secreto de Estado. Entre las magnitudes a tener en cuenta se hallan el déficit de pensiones, la parte alícuota de la deuda pública, Defensa, servicio exterior, becas y un largo etcétera. ¿Y qué hacemos con la parte alícuota del servicio de la deuda pública? ¿Y con las inversiones financiadas por el Estado? ¿Alguien cree que el Gobierno catalán actuará honestamente, una vez disponga de la totalidad de esos recursos fiscales? Más bien hay que pensar que abonará lo que le convenga y cuando le convenga, a la vista de su acreditada ventajista forma de actuar. Todo ello además de las inevitables disfunciones que ocasionará el traspaso de funciones entre agencias tributarias. 

En definitiva, con este acuerdo y con otras actuaciones anteriores, estamos reorganizando el Estado a trompicones y sin ninguna reflexión ni debate, lo cual no puede tener buenas consecuencias para el futuro del país. Quizá por eso, para distraernos, se nos ha ofrecido un nuevo episodio de la acreditada serie La saga/fuga de C.P.