En el aire la asistencia sanitaria de 475.000 funcionarios andaluces y sus familiares

 Cerca de medio millón de funcionarios andaluces y sus familiares (475.000 en concreto) corren el riesgo de perder su actual cobertura sanitaria al estar en peligro la renovación del convenio de las mutuas Muface, Isfas y Mugeju.

La razón es que el Gobierno ofrece a las aseguradoras que gestionan estas mutualidades (y las que pueden optar a ella) un aumento de las primas que éstas consideran muy insuficiente. El pasado martes el Consejo de Ministros acordó licitar el nuevo convenio de Muface (el actual caduca a finales de 2024) con un incremento de la cuota media por mutualista del 17,12%. Es una subida de tres puntos porcentuales respecto a la cifra que se había ofrecido inicialmente, pero está muy lejos del 38% de aumento que se pide desde el sector. La licitación se publica este viernes y desde ahí hay un plazo de 25 días para que puedan optar a ella las empresas.

Recordemos que Muface cubre la asistencia sanitaria de los funcionarios de la Policía Nacional, los docentes de las distintas etapas educativas (incluidos los universitarios) y los empleados de la administración general. En Andalucía se acogen a esta mutua 318.198 personas (dato de 2022) y 1,5 millones en toda España.

Las otras dos mutuas cubren, en el caso de Isfas, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, el personal del CNI y el del Ministerio de Defensa; y en el de Mugeju, al personal de la administración judicial. La licitación, en estos casos, aún no se ha iniciado, lo que ha llevado a asociaciones de guardias civiles y al sindicato CSIF a expresar públicamente su preocupación. Las aseguradoras, por su parte, esperan a conocer todas todas licitaciones en su conjunto antes de decidir si siguen en el modelo. En Andalucía hay 138.165 beneficiarios de Isfas (dato de 2022) y algo más de 18.000 de Mugeju.

Mari Carmen Espejo, consejera y portavoz del CSIF en Muface y delegada de Educación del sindicato en Córdoba, asegura que la central ha pedido una reunión urgente con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y con la directora de Muface, Miriam Pallarés, para buscar una salida a esta situación. “Si vemos que no se arregla, llevaremos a cabo movilizaciones”, afirma, y alerta de que la pérdida del concierto “sería un gran problema para todo el mundo” porque “supondría que 1,5 millones de personas pasarían a depender de la Seguridad Social, con el incremento del coste que eso supone para el sistema, que estaría, además, aún más presionado”.

En el caso de Muface, el servicio se presta a través de Adeslas, Asisa y DKV (el año pasado se cayó Igualatoria de Cantabria, que también estaba). El último convenio comenzó a aplicarse en 2022, justo antes de la guerra de Ucrania y la posterior brutal subida de precios. Esa es la razón por la que las aseguradoras solicitan un alza tan grande, porque mientras las autonomías han recibido fondos suplementarios para sus sistemas de salud el convenio de Muface se ha mantenido como se acordó, sin subidas suplementarias, pese al incremento de los costes.

Esta tensión entre lo acordado en el convenio y la subida de costes posterior ha llevado a un empeoramiento de los servicios que prestan las aseguradoras de Muface, con reducción de cuadros médicos y especialistas, según afirma el CSIF, y a también a un trasvase de mutualistas hacia los servicios que presta la Seguridad Social.

Recordemos que, por razones históricas, determinados colectivos de empleados públicos están adscritos a una mutualidad para sus servicios médicos, en una suerte de concierto público-privado. Este modelo está subvencionado con fondos públicos, a través de una licitación que se renueva cada varios años. Y es, para estos funcionarios, un equivalente de la Seguridad Social: de hecho, estas mutuas están obligadas a ofrecer la misma cartera de servicios.

Los mutualistas funcionarios de Muface, Isfas y Mugeju no están adscritos, pues, a la Seguridad Social, aunque sí pueden optar por acogerse a los servicios sanitarios del SAS (en el caso andaluz) y no a los de las mutuas si así lo desean. En el caso de Muface, la ventana para optar por una u otra fórmula se abre una vez al año, en enero. Y la posibilidad de poder optar por uno u otro servicio (no por los dos a la vez) se produce gracias a un convenio entre las mutuas y el SAS. En 2022, 54.000 mutualistas andaluces de Muface eligieron el sistema público.

En cualquier caso, opten por uno u otro servicio, siguen siendo mutualistas. En el caso de Muface, por ejemplo, pagan la cuota correspondiente a la cotización de la propia mutua, que es más beneficiosa que la del régimen común de la Seguridad Social.