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Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y
Junta de Andalucía han firmado hoy una declaración institucional que recoge la “postura común” de Andalucía sobre el futuro de la Política Agraria Común, ante la preocupación compartida del sector respecto al impacto de la nueva
orientación de la PAC en el campo andaluz, informa la Consejería de Agricultura en una nota.
Este documento, nacido del “consenso y la unidad”, ha sido elaborado en el seno de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada vía telemática bajo la presidencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y de la que forman parte Asaja, COAG,
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.
Con la rúbrica de esta ‘Declaración Institucional de Andalucía sobre el Futuro de la PAC’, la Junta y el sector quieren dejar clara su “defensa sin fisuras” del modelo agroalimentario andaluz en estos momentos “decisivos” para el diseño
de la futura PAC a nivel europeo y español, al tiempo que resaltar la extraordinaria relevancia económica, social y medioambiental del agro andaluz.
Entre las peticiones que incluye la declaración institucional se encuentran diversas medidas relativas a los mecanismos de mercado, uno de los instrumentos de la PAC que requieren cambios más profundos. Desde Andalucía se resalta la necesidad de abordar actuaciones enmarcadas en la OCM Única, que contribuyan a lograr que los mercados agrarios funcionen correctamente y que los productores perciban una remuneración adecuada por su producto y su trabajo.
En cuanto a las ayudas directas, el sector agroalimentario y la Administración andaluza rechazan la introducción de criterios que excluyan a agricultores y ganaderos pluriactivos que, a pesar de desempeñar otras actividad económicas, el trabajo en el campo supone un complemento de su renta. Y en lo que respecta al modelo de regiones, tanto el Gobierno como el sector de esta Comunidad Autónoma defienden su mantenimiento porque cualquier cambio de criterio podría provocar importantes redistribuciones de ayudas entre sectores y territorios.
Asimismo, la Mesa de Interlocución Agraria andaluza se ha posicionado en contra la eliminación de los derechos PAC al entender que podría provocar un importante aumento de la superficie con ayuda que conllevaría una dilución del
nivel de subvenciones para los receptores actuales. Además, la reserva de estos derechos permite su concesión gratuita a colectivos como los jóvenes agricultores, que perderían esta ventaja competitiva si desaparecieran.
La consejera Carmen Crespo destaca la “unidad” de todo el sector en defensa de un sistema agroalimentario que destaca por su sostenibilidad social y medioambiental, por la calidad de sus productos altamente valorados en los mercados más exigentes, y por su contribución esencial para el desarrollo de
las zonas rurales evitando la despoblación.
“Este debe ser el semestre de la PAC en Andalucía, el semestre donde todos colaboremos, desde la unidad y la lealtad, en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces ante planteamientos que claramente perjudican a Andalucía”, ha incidido, antes de remarcar que “no se puede exigir más al sector recortando al mismo tiempo los presupuestos”.
Asimismo, Crespo ha indicado que “este es, sin duda, un movimiento certero que no busca la confrontación, sino demostrar el buen hacer del campo andaluz y cómo ha aprovechado cada céntimo de la PAC para crecer y evolucionar”. “No podemos perder más tiempo, hay que luchar por la PAC que se merecen los agricultores y ganaderos de Andalucía”, ha recalcado, antes de reclamar de nuevo una reunión bilateral con el Ministerio.
Los representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han coincido en señalar que la declaración institucional consensuada hoy en la Mesa de Interlocución con la Junta “busca trasladar la unidad del campo andaluz desde un discurso pedagógico y sereno” respecto al futuro de la PAC, además de exponer una postura común ante asuntos que preocupan a todos, como las consecuencias de una reducción de las regiones productivas y de eliminar derechos o sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de gestión de mercado y controlar la importación de productos de terceros países.
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