El turismo andaluz se da de bruces con su éxito

Un debate: ¿sobran turistas?

 El incremento de la oferta de alquileres turísticos, que ya se lleva el 64% de la tarta del sector, amenaza con colapsar los enclaves más tensionados. Una de cada tres viviendas turísticas regladas que hay en España está en Andalucía

Pancartas en la manifestación del pasado junio de la plataforma Cádiz Resiste contra la turistificación. / Lourdes de Vicente
Pedro Ingelmo

14 de julio 2024 - 06:50

 La historia es conocida. En agosto de 2008 se celebraba en San Francisco (California) una feria internacional del diseño. Los hoteles estaban abarrotados y no había un solo sitio para dormir en la ciudad. Dos jóvenes diseñadores industriales, Joe Gebbia y Brian Chesky, compartían piso y no tenían ni para el alquiler. Se les ocurrió comprar unos colchones hinchables y anunciar su piso para alojar invitados. 16 años después esos dos colchones hinchables han multiplicado su valor. Así nació Airbnb, que hoy vale 31.000 millones de dólares, anuncia siete millones de viviendas turísticas en todo el planeta y ha aumentado en un solo año en un 18% el número de ‘anfitriones’. Así se cambió el concepto del turismo en todo el mundo.

La idea de Gebbia y Chesky no tenía ninguna novedad. En las costas andaluzas se alquilan pisos desde que la población de interior pensó que la mejor forma de pasar el verano era con los pies metidos en la orilla del mar. Lo que revolucionaron Gebbia y Chesky era el modelo de negocio y ahora hay un Gebbia y un Chesky en cada esquina. Un 64% de toda la oferta turística andaluza es alquiler turístico. De este modo, tenemos que el municipio de Tarifa tiene el 14% del total de su parque de viviendas dedicado a los turistas. Puede parecer normal en una localidad en la que el turismo es prácticamente su monocultivo. Pero llama más la atención los porcentajes en las capitales. Cádiz tiene casi un 3% de sus viviendas dedicadas al turismo, Málaga un 2,5%, Granada un 1,7% y Sevilla 1,6%.

"Se nos va de las manos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, nada más llegar al cargo, en julio de 2023, reconoció que el turismo se había ido de las manos: “En Sevilla no cabe un solo apartamento turístico más”, manifestó. A los pocos meses, el Ayuntamiento concedió 16 licencias para reformar edificios con destino a apartamentos turísticos. El caso histórico de Sevilla ha perdido 3.000 vecinos en la última década. El caso de Cádiz es más dramático aún. Ha perdido un tercio de la población en las tres últimas décadas, tiene una edad media de 47 años, hay más defunciones que nacimientos y con una tasa de paro superior al 20% el precio medio del metro cuadrado, 2.289 euros, es el más alto de toda Andalucía. En 2021 tenía 1.724 pisos vacacionales. En 2023 ya eran 2.788.

De las 350.000 viviendas turísticas contabilizadas en España 117.000 están en Andalucía. Y estamos hablando de las reguladas. Frente a las 2,4 millones de plazas reguladas que hay en toda España, se calcula que hay otras 2,7 millones no reguladas. Pura economía sumergida. Esto significaría que las administraciones públicas dejarían de recaudar vía impuestos por este concepto unos 800 millones de euros.

El fenómeno es reciente. En España el uso de Airbnb y Booking, las dos plataformas que controlan el mercado del alquiler turístico en España, se empezó a generalizar en 2013 y esto nos permite acudir a un dato revelador. En los cinco primeros meses de 2013, es decir, sin verano, Andalucía recibió 2.600.000 turistas extranjeros. En los primeros cinco meses de este año Andalucía ha recibido 4.900.000 turistas extranjeros. Es decir, el doble en una década. Y sólo extranjeros. La observación la lanzó el parlamentario de Adelante Andalucía José Ignacio García el pasado miércoles en el debate sobre la idoneidad de una tasa turística: quizá nos sobran turistas.

Porque el efecto del turismo, que supone un 12% del PIB andaluz y el 12,5% del empleo, sobre algunas ciudades está siendo demoledor: alquileres residenciales desorbitados e imposibilidad de adquisición de viviendas en los centros urbanos. La tendencia de fondos de inversión a construir o rehabilitar viviendas para convertirlas en estancias de poco más de 20 metros cuadrados, es decir, no aptas para la residencia permanente, es un fenómeno cada vez más común. El caso del barrio de Málaga El Perchel fue muy sonado y originó un movimiento vecinal contra la intención de un fondo de inversión de comprar varios bloques del barrio para demolerlos y construir 170 viviendas destinadas al alquiler turístico. Un reciente estudio realizado por Exceltur, lobby que aúna a las principales cadenas hoteleras del país, calculó que el 44% del negocio de los alquileres turísticos no está en manos de particulares, sino de grandes empresas o fondos de inversión.

Sin embargo, estamos hablando de problemas locales, no globales. Los efectos perversos de los alquileres turísticos en algunas ciudades se convierten en beneficiosos para otros. Un ejemplo es Jerez, con un caso histórico casi deshabitado y un innumerable parque de fincas en ruinas. La vivienda turística está saneando parte de ese patrimonio echado a perder. Esto hace pensar que quizá se debería enfocar el problema redirigiendo la oferta hacia zonas turísticas menos tensionadas, haciéndolas atractivas con incentivos que, a ser posible, no fueran colocar un campo de golf en cada pueblo de una región seca. Al mismo tiempo, profesionales del sector temen que estas protestas se descontrolen y tengan un efecto disuasorio que eche a perder buena parte de lo ganado. Si nos atenemos al caso de Barcelona, donde se puede decir que nació el movimiento de la turismofobia antes de la pandemia con actos vandálicos incluidos, no se puede decir que tuviera ningún efecto disuasorio. Su alcalde, Jaume Collboni, ya ha anunciado que a partir de 2028 en la ciudad estará prohibido alquilar pisos a los turistas. Estamos hablando de nada menos que más de 10.000 pisos turísticos. Todos prohibidos.

El efecto Florencia

Cuando hace veinte años viajé a Florencia observé por primera vez lo que ahora sucede en determinados barrios históricos de ciudades andaluzas: era un decorado. En el centro de Florencia no vivía ningún florentino. “Os hemos entregado Florencia a vosotros”, me dijo un camarero con cierta desolación. Y era cierto. Florencia era una ciudad bella, pero una ciudad sin alma. Y todavía no existía Airbnb.

Ahora, en el distrito de La Merced de Málaga 696 de las 2.835 viviendas existentes están anunciadas en Airbnb, casi un 25%. En el casco antiguo de Sevilla hay 4.411 viviendas en la página de Airbnb. Esto supone un 12%. Carlos Pérez Lanzac, representante de los propietarios de viviendas turísticas en Andalucía no acaba de ver el problema y sí su relevancia económica: «Ocho de cada diez euros que gastan estos visitantes lo hacen en comercios de proximidad. Yo vivo en el centro de Málaga y cuando entro al supermercado sólo se escucha hablar inglés, esos son clientes de proximidad y son turistas», defendió recientemente.

Pintada en Málaga en un edificio de apartamentos turísticos / Javier Albiñana

Pero hay un número creciente de asociaciones vecinales de las localidades más afectadas por esta marea que piensa que la masificación turística asfixia su hábitat, acaba con el comercio tradicional y la vida en los barrios. Es una ola imparable que nadie sabe cómo detener. Nueva York ha prohibido los alquileres de Airbnb, Venecia cobra cinco euros a los visitantes que no pernocten, Amsterdam ha prohibido la construcción de nuevos hoteles… Nada ha funcionado hasta el momento excepto una iniciativa de un pequeño país, Bután, que impuso una tasa de 200 dólares por turista y día. ¿Resultado? A Bután sólo viajan los ricos. En Andalucía todavía se debate si sería conveniente una tasa de dos euros.

En España, la comunidad pionera en este tipo de medidas ha sido Baleares, adoptadas por pura necesidad. Sencillamente no se cabía. Los turistas invaden las viviendas y los que trabajan para los turistas tienen que dormir en caravanas. En Baleares desde 2016 el turista paga una ecotasa y se ha restringido la llegada de cruceros. Pero no ha conseguido nada. En 2016, cuando impuso estas medidas, llegaron en los cinco primeros meses del año 3.300.000 turistas, y este año en ese mismo periodo ha rozado los cuatro millones.

Canarias fue la primera en sacar el problema a la calle. Después le siguió Baleares. Málaga y Cádiz continuaron la estela al grito de “el turismo masivo nos echa de nuestras casas”. El caso de María, una octogenaria gaditana, saltó a la prensa nacional como ejemplo de estas protestas. María iba a ser desalojada de la vivienda en la que vivía desde hacía décadas por los propietarios, que querían convertir la residencia de María en un piso turístico. La intervención de un actor privado, la Fundación del Cádiz CF, impidió el desahucio comprando el piso. Pero la Fundación del Cádiz no puede comprar todos los pisos en los que se está echando a los inquilinos para alojar turistas.

Al límite

Exceltur se ha hecho eco de este “descontento ciudadano” y en su último informe sobre las previsiones del año reconoce que “los crecimientos turísticos ilimitados en zonas tensionadas en sus temporadas punta son claramente insostenibles desde cualquier punto de vista medioambiental y muy especialmente social” y aboga por “marcar los nuevos escenarios de juego para el desarrollo turístico más sostenible que en cada destino concite la mayor aceptación ciudadana”. Su vicepresidente, el mallorquín José Luis Zoreda, reconoce que “hay destinos turísticos que bordean sus límites de capacidad, el número de llegadas no puede ser el único baremo para medir el éxito”.

Los propietarios de viviendas turísticas, asociados en Andalucía en torno a AVVA-Pro, que cifra en 7.300 millones de euros el impacto económico del alquiler turístico en la región, trata de contener este malestar ciudadano y recientemente ha firmado un acuerdo con los colegios andaluces de administradores de fincas para lanzar “un código de buenas prácticas para viviendas con fines turísticos con el objetivo de mejorar la convivencia de estos alojamientos en las comunidades de propietarios del territorio andaluz”. No parece muy probable que este código vaya a contener la indignación de vecinos que se sienten sitiados por los turistas y que no se acaban de acostumbrar al sonido de las ruedas de las trolleys por el empedrado.

El debate puede parecer extraño. Es como si los trabajadores de astilleros protestaran por el aumento de la carga de trabajo o los olivareros en contra de una cosecha récord. Sin embargo, quizá lo primero pudiera empeorar las condiciones laborales y lo segundo inundar el mercado, generar stocks y hundir los precios. Con el turismo igual. Existe un sentimiento creciente de que los destinos turísticos más masificados andaluces se encuentran al borde del colapso. El horizonte de pequeñas florencias andaluzas está cada vez más próximo. Como dice Zoreda, “cualquier crecimiento tiene límites y hay que peguntarse cuánto más puede crecer el turismo de menor valor añadido sin resultar insostenible y sin generar rechazos ciudadanos”.

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