El traspié de los rezagados

La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, avisó en 2015. Advirtió que las regiones en transición se estaban estancando y no había crecimiento ni creación de empleo más allá de las inversiones que se ejecutaban. La Comisión Europea estableció los criterios de su política económica para periodo comprendido entre 2014 y 2020 ateniéndose a la riqueza por habitante registrada entre 2007 y 2009. Pero ese mapa no fue capaz de aguantar hasta el final del baile.

Una década y una gran crisis después, la riqueza por habitante en 44 de las 276 regiones en las que a efectos estadísticos está dividida la Unión Europea es inferior a la que se registraba en 2007. Este es el caso de 10 comunidades autónomas españolas, pero también de todas las regiones griegas, dos de Francia (Champagne-Ardene y Borgoña), seis italianas (Piamonte, Umbria, Marche, Lazio, Molise y Sicilia), cuatro de Holanda (Groningen, Drenthe, Flevoland y Zuid-Holland), cinco británicas (Yorkshire Este y Lincoshire Norte,Yorkshire Norte, Yorkshire Sur, Outer London Este, Outer London Sur), una de Suecia (Dydsverige) y otra de Portugal (área metropolitana de Lisboa). Es decir, la riqueza por persona, expresada en paridad de poder adquisitivo, es inferior a la que existía hace una década en el 16% de las regiones europeas.

En este contexto España no sale bien parada. Los últimos datos regionales disponibles en Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, corresponden a 2016, ejercicio en el que 10 de las 15 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, estaban lejos del PIB per cápita que alcanzaron antes de la crisis. En términos absolutos, el retroceso más significativo ha tenido lugar en Canarias (-7,5%), seguido de Asturias (-5,3%), Andalucía (-4,8%) y Cantabria (-4,7%). La riqueza media por habitante oscila entre los 18.400 euros de Extremadura y los 19.800 de Andalucía, y los 36.400 de la Comunidad de Madrid y los 35.300 del País Vasco.

Este tsunami, por otra parte, ha obstaculizado la convergencia con Europa. En los años más duros de la crisis, 145 de las 276 regiones europeas habían perdido en mayor o menor medida posiciones frente a la media per cápita europea. Entre ellas figuraban todas las comunidades españolas en algunos casos con registros alarmantes como los 17 puntos porcentuales que retrocedía Baleares en términos, los 16 de Catauña, 15 en Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana o Canarias, 14 en La Rioja y Aragón y 13 en Andalucía.

El séptimo informe de cohesión de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea pone de relieve cómo durante el periodo comprendido entre 2007 y 2016 el crecimiento en Europa se ha concentrado sobre todo en el entorno de las capitales, en perjuicio de las zonas rurales y las áreas industriales golpeadas por la deslocalización. Agrega también que el crecimiento del PIB per cápita crece por debajo de la media europea en todas las regiones de Grecia, España, Croacia, italia, Holanda, Eslovenia, Finlandia y Suecia, además de en una región de Portugal y otra de Francia.

El resultado es que ahora, cuando Bruselas comienza a plantear el próximo marco europeo de financiación que estará vigente entre 2021 y 2027, Andalucía, Castilla-La Mancha y otras nueve áreas europeas de las 42 que habían logrado el estatus de regiones en transición vuelven al grupo de regiones menos desarrolladas, o sea, a las más pobres, porque ya no alcanzan el 75% del PIB europeo por persona.

El criterio utilizado por Bruselas para establecer los diferentes grupos de regiones y asignar la financiación correspondiente al periodo 2014-2020 tuvo la particularidad de tomar como referencia el fin del boom y el inicio de la crisis. En el caso de Andalucía se eligieron los dos mejores años de su historia en términos de riqueza por habitante: 2007, con 20.800 euros per cápita y 2008, con 20.300 euros, ejercicios a los que se sumó 2009, cuando se registraron 18.800 euros. Sin embargo, para planificar el marco financiero que imperará hasta el 2027 se utilizan los datos del periodo comprendido entre 2014 y 2016. El producto interior bruto regional tocó fondo en 2012 y desde entonces sube, pero lo hace despacio, de modo que todavía no ha conseguido remontar hasta los niveles previos a la crisis. Avanza unos cientos de euros cada año: en 2014 llegó a 18.400 por persona, en 2015 alcanzó los 19.500 y en 2016 los 19.800.

Además, la demografía en este caso juega a la contra porque, frente a lo que ocurre en otras regiones que han descendido, en Andalucía goza de muy buena salud. De acuerdo con los datos que maneja Eurostat, entre 2007 y 2016 la cifra de habitantes ha aumentado un 4,3%, mientras que España lo hacía al 2,6% y Europa al 2,5%, una evolución que ha diluido el crecimiento neto del PIB en estos años.

En realidad llegar al 75% en términos de convergencia con Europa fue flor de un día. Anatolio Alonso, subdirector de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) del Ministerio de Hacienda, precisa que hacia 2010 ya se había bajado de un escalón que ostentó de forma fugaz y no solo porque se hubieran utilizado datos macroeconómicos de la época del boom, sino también porque “acababan de entrar en la Unión Europea los países del Este, con unas rentas muy bajas que redujeron la media Europea, de modo que Andalucía, entre otras regiones, dejó de estar temporalmente entre las menos desarrolladas por un efecto estadístico, por tanto, transitorio y artificial, de modo que desapareció cuando llegó la crisis”.

El catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia Emilio José Boscá precisa que “de Italia a Canadá” las diferencias en la riqueza media por habitante son un hecho. “Hablar de convergencia absoluta en renta es una falacia. No ocurre nunca”. Agrega también que no es extraño que Andalucía se haya caído del grupo de las regiones en transición por la fortaleza con la que golpeó la crisis. “¿Se podría hacer mejor? Sí. ¿Se han aprovechado los fondos para convergencia que se han recibido durante 30 años? Pues diría que en una medida no muy distinta a la del resto de España porque se han destinado fundamentalmente a infraestructuras y política social”, explica.

Desde que en 1986 España ingresó en la Comunidad Económica Europea hasta 2020, año en el que concluye el actual marco de financiación, Andalucía tiene asignados en 102.701 millones de euros en fondos comunitarios. De esta cantidad, 49.181 millones, es decir el 48%, corresponden a la política agraria comunitaria (PAC). Son fondos, por tanto, que reciben directamente los agricultores. Otros 29.777 millones (29%) son gestionados por el Gobierno central y los 23.741 millones restantes, el 23% del total, por la Junta de Andalucía.

Boscá cree que las administraciones han usado en exceso estos fondos para construir “carreteras, piscinas, polideportivos, infraestructuras y obras públicas que no añaden productividad futura. Es más si acaso suponen carga porque luego hay que mantenerlas”, y en el caso de Andalucía subraya “el problema endémico de la educación”, un déficit estructural que lastra la capacidad de crecimiento, igual que sucede con la I+D y, en general, una economía centrada en sectores como los servicios y el turismo con menos valor añadido que la industria. En cualquier caso recuerda que no son los gobiernos quienes cambian los modelos productivos, “sino el sector privado. El público lo que tiene que hacer es crear un entorno razonable”, puntualiza.

Anatolio Alonso se pregunta si han servido o no esas infraestructuras. “¿Alguien duda del AVE en Andalucía? ¿Y de la red de carreteras? ¿Y de los puertos o el saneamiento? Estas infraestructuras que se financiaron con fondos europeos son poco cuestionables”. Sugiere comparar el antes y el después. Es más invita contrastar cómo es hoy el sur de Italia y cómo es el sur de España. “El PIB es un criterio poco cualitativo”, lamenta para concluir que “las bases del desarrollo las han puesto en buena medida los fondos comunitarios”.

Los fondos estructurales, además, tienen la particularidad de estar altamente condicionados por la Comisión Europea. “Todos los marcos tienen restricciones para la libre disposición de los recursos”, indica Antonio Valverde, subdirector de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda. En este caso tanto el Ejecutivo central como los autonómicos están obligados a destinar el 60% de los fondos a políticas de I+D, apoyo a las empresas, TIC e iniciativas destinadas a favorecer una economía baja en carbono. “El dinero europeo no es un cheque en blanco. Tenemos unas normas que nos obligan a gastarlo de determinada manera. Después están sometidos a evaluaciones. Exigen mucha gestión y coordinación”.

El catedrático José Emilio Boscá coincide en este aspecto cuando critica el exceso de burocracia de los fondos comunitarios. “Son complejos y engorrosos. Difíciles de gestionar. Muchas veces se utilizan en cosas que son más fáciles de justificar ante Bruselas que en otras que a lo mejor tendrían más sentido”.