Junta y sindicatos negocian cómo recortar los cargos a dedo en la administración

La Junta de Andalucía tiene 2.881 funcionarios trabajando en puestos de libre designación en la administración general (todas las consejerías excepto sanidad y educación), donde están empleadas más de 45.000 personas. Se trata de funcionarios que acceden a un puesto superior por designación directa de un alto cargo y sin concurso de méritos previo, un sistema de nombramiento a dedo contra el que están de acuerdo todos los sindicatos que entienden que no prima la igualdad de los empleados públicos.

El modelo de puestos de libre designación (PLD en el argot administrativo) es completamente legal y está recogido en la legislación vigente pero también el Gobierno andaluz reconoce que es un sistema mejorable.

En los últimos años, este sistema de promoción ha crecido constantemente aunque desde el Gobierno andaluz explican que afecta tan sólo al 10% de los funcionarios que prestan sus servicios en la Junta, un porcentaje menor al de otras administraciones según detalla a este diario el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto. “Se trata de puestos de especiales características de singularidad por el apoyo que dan a un cargo directivo”.

En este escenario, la Junta lleva meses negociando con los sindicatos una salida a esta situación. Estaba previsto que se llegase a un acuerdo en el mes de septiembre, pero la negociación se ha retrasado y ahora están pendientes de un nuevo encuentro que se celebrará probablemente el próximo día 20 de noviembre.

Los requisitos

Desde los sindicatos, todos los que componen la Mesa Sectorial están de acuerdo en esto, entidende que se ponen trabas a la carrera profesional de los funcionarios y que se “politizan” los ascensos ya que los puestos de libre designación se dejan para los rangos más altos de la administración, de los niveles 27 al 30. Eso, y que se rompe el principio de inamovilidad de los trabajadores públicos ya que los cargos que los nombran los pueden cesar con la misma discrecionalidad.

Desde la Consejería de Función Pública defienden que hay que buscar una fórmula más operativa para cubrir determinados puestos. José Antonio Nieto explica que los funcionarios ascienden por años de servicio en la administración “pero a veces necesitas una plaza de apoyo jurídico para un determinado servicio y el funcionario que llega, porque lleva veinte años trabajando, es veterinario de formación. Cumple los requisitos legales, es un A1(licenciado o egresado) pero no puede prestar ese servicio. Nuestro modelo deja puestos clave muy abiertos y eso crea un problema a la hora de cubrirlos”.

Concurso singular

Su propuesta pasa por desarrollar una figura que está recogida en la Ley de Función Pública, la del concurso singular que es una fórmula intermedia entre el concurso ordinario y el sistema de libre designación. Por este sistema se podrían reducir los puestos a dedo con una figura que no se ha desarrollado en cuarenta años de autogobierno.

Desde el Gobierno andaluz plantean que se puedan sacar determinadas plazas con una serie de requisitos específicos incluyendo también una entrevista personal con el alto cargo para el que va a trabajar. José Antonio Nieto pretende que el funcionario que quiera ascender, presente también un plan de trabajo con los objetivos concretos para el puesto ofertado. Y compita con otros compañeros en las mismas condiciones.

En este concurso se tendría en cuenta el plan de formación personal de esos funcionarios, además de valorar el particular compromiso y la capacidad de liderazgo de los aspirantes. “Hay quien no quiere asumir más responsabilidades y quien se forma especialmente en una materia; ahora estamos ofertando muchos cursos en Inteligencia Artificial a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, y es precisamente por donde estamos tratando de avanzar en la gestión”.

La clave está ahora en negociar qué tipo de puestos podrían ser susceptibles de entrar en estos concurso singulares. Yahí es donde está el principal escollo con los sindicatos que representan a los funcionarios.

Porque además de definir los puestos exactos para cubrir mediante estos concursos singulares o específicos, hay que resolver cómo se cesa a quienes ocupan esos puestos, un problema que no sólo afecta al actual Gobierno andaluz sino también, y sobre todo, a los sucesivos. Así, en la negociación pendiente habrá que determinar las causas del cese con el fin de desarrollar la carrera profesional de los funcionarios que estén dispuestos a presentarse a estos concursos.