Bolaños estudia nuevas acciones contra Anticorrupción por “daños y perjuicios”

¿Entablará la juez María Núñez Bolaños nuevas acciones legales tras el archivo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por su actuación en las macrocausas? Por ahora, la juez ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra Alejandro Luzón y los seis fiscales de la delegación de Anticorrupción en Sevilla, en la que ha reclamado la apertura de un expediente disciplinario contra los siete fiscales al considerar que la queja que presentaron contra ella acusándola de la “paralizar” la instrucción de los ERE y de otras macrocausas recogía un relato de hechos “absolutamente falsos”, por lo que considera incluso que esta actuación de la Fiscalía podría enmarcarse incluso dentro de un delito de calumnias.

Sin embargo, este periódico ha podido saber que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha enviado un burofax al fiscal jefe Anticorrupción, a los efectos de interrumpir el plazo de prescripción de posibles nuevas acciones legales, lo que sugiere que la juez podría presentar una reclamación tras el archivo de la denuncia de la Fiscalía. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que esta comunicación es necesaria para interrumpir la posible prescripción, con independencia de que finalmente la juez decida o no presentar una demanda por “daños y perjuicios”.

Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tumbase en octubre del año pasado la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, en relación a la instrucción de las macrocausas, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla estaría estudiando, según se desprende del envío del mencionado burofax, la posibilidad de emprender nuevas acciones a raíz de la denuncia del representante del Ministerio Fiscal.

De hecho, en la Fiscalía sevillana conocen desde hace tiempo el burofax enviado por Bolaños a Luzón y se preguntan si finalmente la juez dará el paso de demandar al fiscal jefey si, en su caso, estas actuaciones se extenderían contra los seis fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla que suscribieron el informe en el que se fundaba la denuncia de Luzón ante el máximo órgano de gobierno de los jueces.

La denuncia de Alejandro Luzón fue presentada el 2 de julio de 2019 y en la misma se consideraba a la juez Bolaños “responsable de una falta muy grave o grave” tipificada en los artículos 417.9 o 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esa denuncia motivó las apertura de unas diligencias informativas a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que fueron finalmente archivadas después de que la inspección realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyera que las posibles paralizaciones o retrasos en “algunas de las piezas”, valorando la carga de trabajo y el número de procedimientos en trámite de manera simultánea, “no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora”.

La culpa está, según el informe del máximo órgano de gobierno de los jueces, en el elevado número de recursos presentados por las partes, entre ellos la Fiscalía Anticorrupción, y que hicieron que la “principal actividad procesal” del órgano judicial haya consistido en la resolución de asuntos sobre la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la denominada “pieza política” de los ERE.

Frente a esa acusación de parálisis de las macrocausas que denunciaba la Fiscalía, los inspectores llegaron a una conclusión que la refuta por completo, al afirmar que cuando se produjo la visita de la inspección, en octubre de 2019, “estaba concluida la instrucción de la gran mayoría de las diligencias previas examinadas y por lo tanto a expensas del dictado de algunas de las resoluciones del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [en alusión al dictado del auto de sobreseimiento o de continuación del procedimiento], o pendiente de diligencias señaladas en la presente anualidad”.

La inspección de los hombres de negro del Consejo General del Poder Judicial se desarrolló durante ocho intensos días en octubre del año 2019 y estuvo dirigida por los magistrados Francisco Segura y Juan Francisco López Sarabia, quienes emitieron un extenso informe de 402 folios en los que destacaron la labor realizada por la juez Bolaños desde que asumió el juzgado de las macrocausas en el año 2015 y procedió a la división de la causa de los ERE en casi 200 piezas.

En las conclusiones, los inspectores no dudaron en “reconocer el trabajo realizado tanto en la actividad resolutoria del juzgado como en la documentación, estructuración, organización y control de las macrocausas, lo que ha facilitado su inspección de una forma sistemática y organizada”.

Tras este informe, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, archivó el 24 de julio de 2020 las diligencias informativas abiertas a la juez Bolaños, al rechazar frontalmente la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

Tras realizar un análisis pormenorizado de todos los procedimientos objeto de la denuncia y de otros que guardan relación con aquellos, el promotor concluyó, en un informe de 333 folios, que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se encuentra en una “situación excepcional” desde que en 2011 se incoaron las diligencias previas que han dado lugar al caso de los ERE. Un contexto que, con la estructura y competencias actuales de los juzgados de instrucción y con el diseño vigente del proceso penal, “es fuente inevitable de retrasos y disfunciones”.

El informe realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ considera que el control de la magistrada sobre procedimientos ordinarios y macrocausas “ha sido eficaz y exhaustivo y que la instrucción se ha llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas”.

Se ha constatado, prosigue el informe, la existencia de demoras –no denunciadas entonces– en la última parte del año 2016 y en parte del año 2017, coincidiendo con el momento en el que la magistrada recibió un mayor número de informes policiales derivados de las diligencias iniciales, que “dieron lugar a la apertura de cerca de doscientas piezas separadas, también de gran complejidad”.