La deuda y el fondo de compensación son los primeros envites de Montero

La nueva lideresa del PSOE andaluz tendrá que afrontar su primer envite en Andalucía en este mismo mes de enero, cuando todavía no haya terminado de cerrar el proceso interno que la llevará a tener en su mano todos los mandos de los socialistas andaluces. Porque fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado a este diario que María Jesús Montero cumplirá la palabra que dio en la última Conferencia de Presidentes y convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera en este mismo mes de enero, aunque todavía no tiene fecha cerrada.

La reunión de este órgano, que es el foro de diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno andaluz, abordará los principales asuntos de confrontación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía, por lo que tiene una importante trascendencia política. Montero defiende que “siempre ha trabajado por Andalucía” mientras que desde el Gobierno andaluz entienden que su apoyo al pacto entre ERC y el PSC por la financiación singular de Cataluña “es una traición” a esta tierra. Hay interés en medir las fuerzas en un debate que tiene trascendencia en la comunidad autónoma.

El Ministerio de Hacienda todavía no ha trasladado el orden del día de esta reunión, si bien ya ha anunciado su intención de abordar un plan para la quita de la deuda para todas las comunidades. Hay que tener en cuenta que esta propuesta responde al acuerdo que el PSOE firmó con ERC dentro del pacto de investidura de Pedro Sánchez. Los independentistas catalanes pretendían una quita de unos 15.000 millones de euros, el ministerio quiere ofrecer una salida similar a todas las autonomías, mientras que las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan esta propuesta.

El caso de Andalucía es diferente porque mantiene una posición propia. La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, ha explicado que no tiene tomada ninguna decisión al respecto y que esperará a conocer cuál es la propuesta del ministerio para “hacer lo mejor para Andalucía; lo que tenemos claro es que no permitiremos ningún agravio”. No obstante, defiende que en la comunidad autónoma no hay un problema de deuda como sí sucede en Cataluña. Los datos de la Consejería de Hacienda son claros: la Junta tiene una deuda pública en torno a 40.000 millones de euros, de los cuales 25.000 corresponden al Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, es decir, se adeudan al Estado.

Pero han negociado con los bancos y, ahora mismo, la refinanciación de la deuda pública no es gravosa para las arcas públicas autonómicas, según la versión del Gobierno andaluz.

Las demandas

Es evidente que el principal asunto que está encima de la mesa es la reforma del modelo de financiación autonómica. Sin embargo, hay consenso en que se trata de un asunto de calado que necesita meses (¿o años?) de negociación si se pretende alcanzar una solución que perdure en el tiempo y que no acreciente las diferencias entre los territorios de España.

María Jesús Montero fue la impulsora del acuerdo pactado entre todos los partidos (menos Ciudadanos) en el Parlamento de Andalucía que ahora esgrime el Gobierno de Juanma Moreno. Y, en virtud de este acuerdo, reclama una deuda anual de 1.500 millones de euros, una cantidad que Andalucía deja de percibir cada año. Por eso reclama un fondo de compensación transitorio que alivie ese agravio no sólo para Andalucía sino también para las otras tres autonomías infrafinanciadas actualmente, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha.

El Gobierno andaluz va a centrar en esta petición sus reclamaciones a Montero buscando situarla en una situación comprometida: si lo niega, está yendo en contra de los intereses de Andalucía; si se lo concede, le daría una importante victoria política a Juanma Moreno.

Dos discursos

La clave de esta disputa está en los diferentes planos en los que hablan el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Porque el Ministerio de Hacienda insiste en que la comunidad autónoma ha recibido 53.000 millones de euros más con los gobiernos de Pedro Sánchez de los que recibió con los de Rajoy, un dato que consideran incontestable. Pero que el Gobierno andaluz pone en relación con lo que han recibido otras comunidades autonómas en esos mismos años.

Hay otra derivada más. La política fiscal enfrenta al Ministerio de Hacienda y a la consejería andaluza en manos del PP. Porque María Jesús Montero basa su reparto de fondos entre las comunidades autonómas “en el equilibrio a igual esfuerzo fiscal”, lo que supone de hecho una armonización tributaria en todas las haciendas autonómicas.

A día de hoy, los españoles no pagan los mismos impuestos en unos territorios y en otros, lo que se interpreta como dumping fiscal para atraer a más inversores y contribuyentes.

El Gobierno andaluz considera que la política tributaria de los impuestos propios y los cedidos es competencia autonómica y que lo contrario es una injerencia del Gobierno central en la autonomía de Andalucía. “Le quitan sólo los impuestos a los ricos”, dicen desde el ministerio.