El Consejo de Doñana evaluará el acuerdo de los regadíos mientras los agricultores piden celeridad
Los regantes afean a los ecologistas que "demonicen" los terrenos en proceso de regulación
Detectan más de mil hectáreas de cultivos ilegales que se riegan con agua de Doñana
El Consejo de Participación de Doñana abordará en un pleno convocado para el 25 de noviembre el seguimiento del Acuerdo Marco por Doñana pactado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central hace un año y del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte, conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014. La reunión del organismo, que supondrá el estreno del biólogo Enrique Mateos como presidente, tendrá lugar en el centro administrativo El Acebuche, en Almonte (Huelva).
El acuerdo marco recoge, entre otras cuestiones, una inversión de 1.400 millones de euros para el periodo 2023-2027, financiados por el Gobierno central y la Junta en un 50%, que recibirán los 14 municipios de la comarca. El acuerdo contempla además ayudas temporales de 5 a 10 años de duración para la renaturalización del entorno, la creación de nuevas superficies de cultivos de secano y la redirección hacia una producción ecológica.
El pleno del Consejo de Doñana analizará el informe de seguimiento sobre este acuerdo marco, el informe de seguimiento del Plan de la Fresa y será informado sobre el proyecto de la mina de Aznalcóllar.
Son algunos de los puntos de un orden del día de una reunión que abordará también los informes del Equipo de Gestión del Espacio Natural, del Director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, así como los relacionados con las reuniones de las comisiones de trabajo del organismo. En el pleno, informa Efe, intervendrán el presidente del Consejo de Participación, Enrique Mateos; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García; y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Los regantes responden a los ecologistas y piden celeridad
El anuncio de la reunión del Consejo de Doñana el próximo día 25 coincide con un comunicado de las 13 comunidades de regantes de Huelva que han respondido al estudio de la organización ecologista WWF, publicado el pasado lunes, que cifraba en 1.180 las hectáreas que aún se riegan fuera de la superficie legal establecida en el Plan de la Fresa de 2014. Los regantes, reunidas en Huelva Riega, solicita a los ecologistas que "no demonicen" unos terrenos que están actualmente en fase de regulación por parte de la administración.
La superficie analizada por WWF, según ha explicado el gerente de Huelva Riega, Jorge Forné, depende de las dos administraciones que gestionan la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es decir, de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. "Ambas actúan en el terreno de forma distinta", ha afirmado Forné.
En relación con el Condado, la zona más cercana a Doñana, "la comarca cuenta con cuatro comunidades de regantes, todas integrantes de Huelva Riega, "que disponen de una superficie legal y un volumen de agua autorizado por la administración, tanto agua superficial como subterránea, a través de pozos con contadores". Se trata de Valdemaría, El Fresno, El Fresno Guadalquivir y Condado.
Desde 2014, estas comunidades de regantes trabajan conjuntamente con las dos administraciones para llevar a cabo el cierre y legalización de pozos en la zona, "unos agricultores que no sólo han cooperado, sino que se les ha sustituido el agua subterránea por superficial". Esto ha sido posible, en parte, gracias al trasvase entre cuencas que actualmente lleva del Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir 4,2 hectómetros cúbicos de agua. "No sólo aporta seguridad jurídica, sino también garantía de agua de riego en la zona", dice Fornés en un comunicado recogido por Efe.
Los regantes onubenses le han recordado a la organización ecologista que "los agricultores del Condado, los más cercanos a Doñana, pero algunos están a más de 30 kilómetros, continúan en espera de la puesta en marcha del Acuerdo Marco por Doñana" impulsado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Según los regantes, las bases reguladoras de las ayudas debían haber sido aprobadas en octubre y aún no las tienen.
Huelva Riega critica "que se estén centrando los esfuerzos en ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro, ayuntamientos o exposiciones y no se haya aumentado el presupuesto para erradicar el problema de las hectáreas irregulares con los agricultores de la zona". Los principales afectados, añade el colectivo de los regantes, están "abandonados y a la espera de solución para sus tierras".
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