Unicef señala que Andalucía no puede atender a los menores extranjeros sin apoyo estatal

La reducción de las llegadas en un 50% y las mejoras en el sistema no son suficientes para mantener el sistema de forma adecuada

Las fugas de menores atendidos por la Junta pasan del 70% al 18% entre 2019 y 2020

Menores inmigrantes en un centro de Algeciras.
Menores inmigrantes en un centro de Algeciras. / Erasmo Fenoy Núñez
Carlos Rocha

28 de julio 2021 - 14:57

El sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en Andalucía, en su configuración actual y sin un plan estatal que lo refuerce, "no garantiza" la atención adecuada a estos niños y jóvenes en caso de que la comunidad sufra un aluvión de llegadas como el que se produjo en 2018 o como el que ahora mismo sufren Canarias o Ceuta. Ese es diagnóstico que hace Unicef España en su informe preparatorio para la elaboración, a nivel nacional, de la Estrategia Integral para la Atención a Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados. “Necesitamos una política de contingencia de ámbito estatal", ha dicho en la presentación del documento el presidente del comité español de la agencia de la ONU para la infancia, Gustavo Suárez Pertierra.

El pronunciamiento de Unicef coincide con la reclamación que viene haciendo la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que tiene las competencias para atender a estos menores. Andalucía perdió precisamente en 2018 los fondos extraordinarios que el Gobierno central sigue manteniendo en Canarias y Ceuta con el argumento de que la presión ha disminuido. Y esto es así, pero Andalucía es, a fecha de 30 de junio, la segunda comunidad con más niños acogidos (1.648), a muy poca distancia de las Islas (1.704)

Según los datos autonómicos del departamento que dirige Rocío Ruíz, el número de menores extranjeros atendidos cayó en 2020 un 51% respecto al año previo. El pasado ejercicio pasaron por los servicios 2.806 niños y adolescentes, mientras que en 2019 fueron 5.731. El descenso es mucho mayor si se compara con 2018, cuando la Junta atendió a 9.153 menores. Aquel aluvión provocó que Unicef pusiera en marcha un primer diagnóstico que constató que la respuesta a esa llegada masiva fue la creación de equipamientos de emergencia hasta el punto que cuatro cada diez plazas disponibles en octubre de aquel año -había 3.940- fueron sobrevenidas.

Andalucía contaba entonces con 20 centros de acogida de gestión propia, 182 concertados y 37 que se abrieron "sobre la marcha". La respuesta a esa contingencia derivó en la existencia de centros "saturados" y un "exceso de traslados" de esos menores, pero la reducción paulatina de las llegadas y el esfuerzo del Gobierno regional han servido para paliar las deficiencias. Igualdad y Políticas Sociales puso en marcha centros de recepción donde reciben las primeras atenciones y sólo pueden estar hasta tres meses. El siguiente paso puede ser un centro de evaluación donde se analiza su plan migratorio o un centro de inserción social y laboral para favorecer su inclusión en la comunidad.

El informe de Unicef también valora positivamente la incorporación de personal especializado en mediación intercultural gracias al sistema de subvenciones a las organizaciones que trabajan con menores en la comunidad. Pese a sus bondades, este modelo de ayudas tiene carencias, según Unicef, como la dificultad para planificar a largo plazo para estas entidades ante la incertidumbre provocado por la dependencia de unas subvenciones que se conceden anualmente. El resultado de estas mejoras, sumado a la reducción en el número de llegadas, ha hecho posible que las fugas de estos menores hayan pasado del 79% en 2019 al 18% en 2020.

"Andalucía estaría hoy mejor preparada para atender llegadas masivas de niños y niñas migrantes no

acompañados", defiende el informe, que insiste en la necesidad de una respuesta estatal y coordinada a este fenómeno migratorio. Su puesta en marcha haría posible acabar con carencias como la ausencia de personal del sistema de protección de la Junta en la recepción de los menores, la inexistencia de un protocolo para determinar la edad de los jóvenes o la mejora de la coordinación con el sistema educativo.

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