¿Quién es quién en la vista oral?
Arranca el juicio por el crimen de Gabriel Cruz
La magistrada de la Sección Segunda, Alejandra Dodero, presidirá el juicio más esperado del año
Duelo de titanes entre los letrados Francisco Torres y Esteban Hernández Thiel
Almería/La vista oral contra Ana Julia Quezada tiene pocos protagonistas. Un jurado popular, la magistrada que presidirá las diferentes sesiones del juicio, la fiscal que la acusa de delitos de asesinato y lesiones psíquicas, los abogados contratados por los padres de Gabriel Cruz, y los de la defensa de la acusada.
Podían haber sido más porque la La Asociación Andaluza de Estudios Penales y la Asociación Clara Campoamor se personaron inicialmente en la causa en calidad de acusación popular. Ángel Cruz y Patricia Ramírez, los progenitores del pequeño ‘Pescaíto’ se opusieron en todo momento a esta acción popular, lo que provocó que la primera entidad se retirase voluntariamente casi de inmediato. En el caso de Clara Campoamor, tuvo que ser la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería la que revocase la providencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que acordó admitirla como acusación popular en la causa al estimar el recurso de apelación interpuesto por el letrado Francisco Torres, que ejerce la acusación particular en esta causa en nombre de los padres del niño.
Así las cosas, los primeros protagonistas de la vista son anónimos. Se trata de los nueve miembros y dos suplentes del jurado, que forman parte de una lista de candidatos que se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995.
Precisamente, el primer paso que se llevará a cabo este lunes será la conformación de dicho jurado popular. Algo que puede ocupar incluso varias horas, ya que los abogados de ambas partes intentarán que entre los miembros de este órgano se encuentre el mayor número de aquellos perfiles que pueden resultar más beneficiosos para sus tesis. Se trata de un tira y afloja en el que raramente alguien sale totalmente beneficiado o perjudicado pero que podría marcar la suficiente diferencia a la hora de apreciar una serie de atenuantes en la condena de Quezada, quien no podrá librarse de una pena de prisión al haber reconocido que provocó la muerte de Gabriel... Aunque su abogado, Esteban Hernández Thiel apunte que se trató de un homicidio imprudente o, en el peor de los casos, un homicidio doloso.
La siguiente protagonista y una de las más importantes es la magistrada Alejandra Dodero, que comenzó su trayectoria en 2002 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Berja. Tres años más tarde, ya con la categoría de magistrada, pasaría por los juzgados de Melilla y en 2006 regresó a Almería, en este caso para ponerse al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. No sería hasta 2015 cuando se incorporase a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Junto a sus compañeros Rafael García Laraña, José María Contreras Aparicio y Soledad Jiménez de Cisneros y Cid y Alejandra Dodero Martínez, recibió hace unos años una felicitación del CGPJ por la relevante disminución del número de asuntos pendientes de la Sección.
No menos importante es el papel de la fiscal Elena María Fernández, que conoce perfectamente todas las piezas del rompecabezas de la causa y quien se convierte en la particular némesis de Quezada. Solicita para ella prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 5 años más por cada uno de los otros dos delitos de lesiones psíquicas, al considerar que la dominicada de manera “meditada, fría y reflexiva” cuando el 27 de febrero del año pasado mató a Gabriel Cruz. También incide en que durante los once días que duró la búsqueda del niño acudía a diario y que ante la presión mediática “simuló un estado de aflicción, mostrándose en ocasiones compungida y apesadumbrada y en otras alentando los ánimos de los familiares, involucrándose en las batidas de búsqueda”.
Francisco Torres y Esteban Hernández Thiel, abogados responsables de la acusación y la defensa, completan este puzzle. Junto al primero, los también letrados Miguel Ángel Torres y Beatriz Gámez, respectivamente. Se trata de dos de los penalistas más relevantes y reputados de la provincia almeriense con una importante historial de éxitos en su haber. En el caso de los Torres, fueron buscados directamente por Ángel y Patricia, quienes han depositado toda su confianza en ellos. Es más, posiblemente sea Francisco Torres el que ejerza de portavoz de los padres el día de la declaración de éstos, que se celebrará a puerta cerrada el próximo martes. Hernández Thiel ha sido el particular premio gordo de Quezada, ya que su defensa le ha correspondido a través del turno de oficio.
Un pacto ético tras la petición de mesura de los padres del niño
Redacción
El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha promovido un “pacto ético”, que han suscrito once entidades, para la cobertura informativa del juicio por la muerte del niño Gabriel Cruz, una iniciativa que ha sido respuesta a la petición de mesura de los padres de Gabriel, Patricia y Ángel.
El presidente del CAA, el veterano periodista Antonio Checa, ha explicado a Efe que fue la propia madre de Gabriel quien se dirigió a él para que efectuara una llamada a los profesionales de la información que evitara “excesos” como los producidos durante la cobertura de la búsqueda de Gabriel y de la detención e interrogatorio de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz.
Antonio Checa ha recordado que el CAA emitió el año pasado “a posteriori” un informe sobre la cobertura informativa de estos hechos en el que detectó varios “excesos” en informaciones emitidas también por varios medios. Siguiendo la petición de la madre de Gabriel, el CAA ha pedido que se sumen a este “pacto ético”, en su mayoría asociaciones de la prensa, sindicatos de periodistas.
En un comunicado, el CAA indica que dicho pacto ha sido suscrito por las asociaciones de prensa y periodistas de Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, así como por la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, la Asociación pro Derechos Humanos de Sevilla, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y QSD Global.
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