Maltratadores bajo vigilancia permanente

Raquel Contreras es de 2015 la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, aunque ya ejerció este cargo con anterioridad entre los años 2010 y 2012. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y técnica de Administración General, es la responsable de esta unidad que tiene como principal objetivo hacer el seguimiento a las víctimas de violencia de género junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las administraciones públicas que también tienen competencias en esta materia.

Diario de Almería ha podido entrevistar a Contreras, quien ha trasladado los principales detalles de dos de las herramientas con las que cuenta la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el organismo central del que depende su unidad, para la protección y asistencia de las víctimas, los sistemas telemáticos que gestiona el centro de control Cometa, y el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (Atenpro).

En el caso de Cometa, los datos no son especialmente positivos. La provincia cuenta con un total de 92 hombres con las famosas ‘pulseras’, lo que la convierte en la que “más tasa relativa tiene de dispositivos implantados de España”. “Sólo Madrid y Valencia tienen más en números absolutos”, dice Contreras, quien recuerda que se trata de maltratadores en los que se ha detectado un riesgo alto.

“Cometa otorga dos cosas a las víctimas. En primer lugar una protección mayor cuando se dicta una orden de alejamiento y además un medio de prueba de los incumplimientos o quebrantamientos” que puedan producirse. Su uso sólo puede acordarse por orden judicial, bien como medida cautelar de alejamiento o cuando ya se ha acordado en la pena impuesta el maltratador.

“Normalmente, cuando se implantan, el juez o jueza está viendo si lo manda o no a prisión. Son casos con un riesgo muy grave”, apunta Contreras, quien recuerda que además fue en El Ejido donde se usó por primera vez una de estas ‘pulseras’ en agosto de 2009, un mes después de su puesta en marcha. Añade que recientemente se han renovado estos dispositivos, que ahora cuentan “con una tecnología mucho mejor”.

La jefa de la Unidad contra la Violencia de Género señala que para el buen funcionamiento de estos aparatos, la orden de alejamiento debe ser de al menos 500 metros, ya que las señales de radiofrecuencia que emiten los dispositivos que portan tanto la víctima como el agresor podrían dar falsos positivos si la distancia es menor.

Contreras insiste en la importancia que tienen las ‘pulseras’ como carga de prueba en un proceso judicial y señala algunos de sus aspectos más importantes. Por ejemplo, no sólo cuentan con las señales de radiofrecuencia que alertan de producirse una intrusión, sino que incluyen un GPS que geolocaliza a la víctima y al agresor de forma constante. Otro punto importante es que el incumplimiento o quebrantamiento de la medida cautelar o condena no sólo se produce si el hombre en cuestión no respeta la distancia establecida por el juez. No, basta con que de forma consciente manipule el brazalete o el dispositivo de localización GPS que incorpora las funcionalidades básicas de un teléfono móvil que la acompaña. O incluso que deje de cargar este último o se aleje de éste aunque lleve puesta la ‘pulsera’.

En cualquiera de estos supuestos, la mujer maltratada, el maltratador y la Policía Nacional o la Guardia Civil, según el ámbito de actuación de cada cuerpo, recibirán de forma simultánea una llamada del centro Cometa. Aún cuando de forma inconsciente el agresor entre se esté aproximando a la zona de exclusión, en este caso de forma preventiva, se comunicará de inmediato con él para advertirle de que está a punto de violar la orden de alejamiento y cambie su rumbo de inmediato. “Con el transcurso del tiempo, si no hay quebrantamientos o incidentes, los riesgos van bajando, es una forma muy éfica y disuasoria”, afirma Contreras.

Toda precaución es poca, y más si tenemos en cuenta que según el ‘Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género en Andalucía’ del IAM, Málaga, Almería, Granada y Sevilla son las provincias con mayor número de muertes motivadas por la violencia sobre la mujer. Sólo el año pasado, la provincia almeriense registró dos casos con mujeres víctimas mortales por violencia de género de manos de sus parejas o exparejas.

ATENPRO

A finales de 2018 un total de 141 mujeres de toda la provincia hacían uso del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (Atenpro) del Gobierno. Una herramienta al alcance de cualquier mujer maltratada, independientemente de que haya denunciado o no. Consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las víctimas de violencia de género entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal especializado en violencia de género.

Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales. Asimismo, desde el Centro de Atención se contacta periódicamente con las usuarias del servicio con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de su situación y acompañarlas en el proceso de recuperación integral.

Para la gestión del servicio, que realiza Cruz Roja, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, titular del mismo, suscribe con carácter anual, un Convenio de Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Para solicitarlo, sólo son necesarios dos requisitos, el primero no convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato, y el segundo participar en los programas de atención especializada para víctimas de la violencia de género existentes en su territorio autonómico.

Raquel Contreras destaca que en el caso de no haber denunciado, es un paso previo para que pueda hacerlo. Asimismo, recuerda que este servicio cuenta con geolocalización y un “botón del pánico” que pueden activar en cualquier momento en el que se sienta en peligro, de forma que al centro le saltará su ficha, ubicación y datos de su pareja o agresor, contactando de inmediado con el 091 o el 062.

Y más allá de este dispositivo, la víctima cuenta con un apoyo telefónco permanente y también asesoría jurídica y psicológica, terapia psicológica grupal, terapia para los menores víctimas, ayuda para la búsqueda activa de empleo, o para romper su dependencia económica del agresor.