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Es la primera vez que Greenpece revela imágenes inéditas de la cara oculta del pescado, un viaje al interior de las principales macrogranjas marinas de la costa mediterránea, para denunciar el maltrato animal y los daños por contaminación que la acuicultura industrial genera sobre los ecosistemas. La organización ha comprobado, en una expedición a bordo del velero Witness por las piscifactorías de Aguadulce y Villaricos en Almería y Guardamar de Segura y Campello en Alicante, el estado de hacinamiento y estrés al que están sometidos los peces en las jaula de confinamiento, algunas en un estado de conservación y suciedad lamentable, con las aguas turbias y ejemplares muertos en los fondos de las redes. Activistas e investigadores de la organización conservacionista han querido sacar a la luz la "horrible realidad" de una actividad que consideran insostenible por su altísimo impacto ambiental.
A través de vídeos y fotografías tomadas, han radiografiado las "condiciones lamentables" en las que se crían los peces, en su mayoría dorada y lubina, que pasan su vida encerrados en jaulas en mitad del mar sin capacidad para moverse e intentando salir de las redes. Los ecologistas aseguran que utilizan productos químicos (alguicidas, bactericidas y antibióticos, entre otros) y denuncian la insalubridad que caracteriza a estas macrogranjas. "La turbidez del agua de la zona es evidente, no hay casi visibilidad por la cantidad de materia que se acumula en el fondo. Los restos de piensos y heces de tantos animales juntos acaban acumulándose en los fondos marinos, produciendo mucha contaminación por nitratos que a su vez genera daño a la biodiversidad marina", asegura Marta Martín-Borregón, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.
En la provincia de Almería han visitado las instalaciones existentes en la playa de Quitapellejos de Vilaricos y las de Piagua en Aguadulce, que es la granja de crianza ecológica más grande de toda Andalucía, pero no se han tomado imágenes de la piscifactoría de Carboneras. En esta investigación, primera que realiza el velero Witness de Greenpeace en España, se han documentado varias granjas de engorde de lubina y dorada presentes en la costa mediterránea y se han tomado muestras de agua, que ahora se analizarán en laboratorio. Desde la superficie no se ve, pero aseguran que "existe todo un horror de explotación animal bajo estas piscifactorías". La organización denuncia que la acuicultura industrial en España no es una actividad sostenible ya que cuenta con un elevado número de establecimientos de especies carnívoras. A juicio de Greenpeace, no tiene sentido producir o engordar a este tipo de especies: para alimentarlas, hay que extraer recursos pesqueros para la producción de harina de pescado y productos agrícolas que, en muchos casos, proceden de la deforestación.
En España se producen, entre otras especies, dorada, lubina, rodaballo y atún rojo. En el caso de esta última hay que tener en cuenta que hacen falta 20 kilogramos de pescado para que engorden 1 kilo y que se trata de un producto de lujo, que se exporta en más de un 85%, principalmente a Japón. En el caso del resto de las especies, se engordan con harina de pescado, es decir, piensos procesados. Para hacer una tonelada de harina de pescado se necesitan, aproximadamente, de cuatro a cinco toneladas de pequeños peces pelágicos. En el periodo 2011-2021, la producción de lubina en España fue de casi 200.000 toneladas y, en el caso de la dorada, de cerca de 140.000 toneladas. “Están tratando de convencernos de que la acuicultura es la solución a la sobrepesca y esto no es real: las macrogranjas marinas están contribuyendo al colapso de los stocks pesqueros. Las doradas y lubinas de ración no son naturales. Necesitamos que se cambie el modelo de producción y se proteja la pesca artesanal de bajo impacto como modelo de producción sostenible para la biodiversidad y para nuestra salud”, asegura Martín-Borregón.
Greenpeace asegura que al menos el 35% de los recursos pesqueros están sobreexplotados a nivel mundial y, en el caso del Mediterráneo, esta cifra aumenta hasta el 90%. La organización medioambiental denuncia que la pesca industrial es nociva, genera unos graves impactos sobre los océanos al devastar los fondos marinos, capturar especies protegidas de forma incidental y tener un elevado porcentaje de descartes. "Los océanos están sometidos a numerosos impactos que los están llevando al borde del colapso, como la sobrepesca, la contaminación, el cambio climático, las actividades industriales o la pérdida de biodiversidad. Necesitamos que se tomen medidas urgentes y que se impida la puesta en marcha de nuevos establecimientos acuícolas, como las granjas de atún rojo en Getaria y Castellón o la granja de pulpos de Canarias”, añade Martín-Borregón.
Greenpeace reclama al Gobierno español la implementación del artículo 17 de la Política Pesquera Común, es decir, que se distribuyan las posibilidades de pesca (cuotas y esfuerzo pesquero) en beneficio de la de bajo impacto y de las comunidades locales, incluyendo criterios sociales y ambientales en el reparto, como el número de trabajadores y trabajadoras o la inyección a la economía local, el aumento de la selectividad, o la reducción de impacto sobre el fondo, siguiendo las recomendaciones científicas para terminar con la sobrepesca. "Para asegurar el futuro de nuestros océanos y de los recursos pesqueros, debemos cambiar el modelo de producción, el actual es completamente insostenible”. Los ecologistas exigen que España ratifique el Tratado Global de los Océanos.
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