Torrecillas clama su inocencia en el juicio por la rambla de Albox: “He hecho un bien para mi pueblo”

Francisco Torrecillas, exalcalde de Albox, ha comparecido este miércoles ante la Audiencia Provincial de Almería en un juicio cargado de tensión, convicción y una férrea defensa de su gestión municipal. El veterano político ha aprovechado su declaración para reafirmarse en una postura que ha mantenido desde el inicio de la investigación: ha actuado por el bien de su pueblo y dentro de la legalidad, sin ánimo de eludir normas ni de obtener beneficio personal alguno.

En el centro de la polémica se encuentra la ejecución de unas obras de pavimentación en el cauce de la rambla albojense. La Fiscalía lo acusa de haber promovido una actuación urbanística supuestamente ilegal, realizada sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica y mediante un contrato menor que —según el Ministerio Público— habría eludido deliberadamente los controles exigidos por ley.

Torrecillas, sin embargo, ha comparecido sereno pero firme, defendiendo su legado con palabras que han resonado con fuerza en la sala de vistas. “He hecho un bien para mi pueblo y lo he hecho legalmente, con un contrato legal, en el que no he intervenido. No he intervenido en siete años en ningún contrato, ni menor ni mayor”, ha declarado ante el tribunal. “En siete años he tenido el ayuntamiento sin déficit. Llevo cinco años de banquillo”, ha lamentado a su vez el exprimer edil.

Cinco años de proceso judicial, de incertidumbre y desgaste político, que según ha manifestado el exregidor, no han logrado quebrar su convicción. Ha insistido en que actuó en todo momento con la conciencia tranquila, confiando plenamente en los técnicos municipales y en los procedimientos administrativos. “La funcionaria responsable era muy estricta, y en esa área mi confianza ha sido absoluta”, ha aseverado, en referencia al personal del Ayuntamiento implicado en la tramitación del expediente.

“Terreno municipal, no hidráulico”

Uno de los puntos clave de su defensa ha sido la naturaleza del terreno en el que se ejecutaron las obras. Torrecillas ha asegurado que la actuación se desarrolló en un ámbito clasificado como terreno municipal, no como dominio público hidráulico. Para justificar su afirmación, ha recordado que en 2008 la Junta de Andalucía llevó a cabo un proyecto de adecuación de la rambla que fue recepcionado por el consistorio en 2011, y que desde entonces no se ha modificado el uso ni la titularidad del espacio.

“Yo he hecho obras en terreno del Ayuntamiento, y eso viene en el proyecto de 2018”, ha sostenido con contundencia, defendiendo que la actuación no requería autorización especial por parte de la autoridad de cuenca o de la Consejería de Medio Ambiente. “Las obras no han requerido expediente porque era un contrato menor”, ha añadido.

Durante su declaración, ha hecho referencia también a la multa impuesta por la actuación en la rambla, sanción que el Ayuntamiento abonó -dice- por recomendación de la secretaria municipal. Lejos de considerarlo una admisión de culpa, Torrecillas ha querido dejar claro que su decisión de pagar ha estado motivada por su sentido de responsabilidad institucional. “La secretaria nos dice que tenemos que pagarla y luego levantar el hormigón para recuperar la legalidad vigente. No tenía que haberlo hecho, pero lo he hecho de buena fe”, ha explicado.

“Nunca he pedido que se haga algo ilegal”

Uno de los momentos más enfáticos de la jornada ha sido cuando Torrecillas ha querido dejar zanjada cualquier sospecha sobre su relación con el exinterventor municipal, también acusado en la causa. “Nunca he pedido al interventor que hiciera algo ilegal, ni he tenido ningún entendimiento con él para los pagos. Jamás. Nunca ha habido reparo ni de él ni de la secretaria en siete años”, ha asegurado, visiblemente molesto ante la insinuación de un posible pacto administrativo irregular.

Ha recalcado además que jamás ha intentado fraccionar contratos para sortear controles, y que nunca ha tocado una partida presupuestaria sin el aval de los técnicos correspondientes.

La voz técnica: “Terreno alterado desde 1975”

Las palabras del arquitecto municipal, han reforzado el argumento de la defensa al explicar que la configuración de la rambla ya había sido alterada décadas antes de los hechos juzgados. Según ha relatado, en 1975 se ejecutaron obras de encauzamiento con muros de hormigón que modificaron el dominio hidráulico del terreno. Desde entonces, ha afirmado, los terrenos no privados han pasado a ser propiedad del Ayuntamiento.

El arquitecto ha defendido que tras la intervención de la Junta de Andalucía en 2008, no se ha producido ninguna nueva delimitación oficial que contradiga esta interpretación. Esta visión ha sido respaldada por un perito independiente propuesto por la defensa, quien ha afirmado que el interventor no tenía obligación legal de fiscalizar el contrato menor mediante el cual se ejecutó la obra.

La Fiscalía ha confirmado hoy su acusación, aunque ha añadido una alternativa al delito genérico de prevaricación, la der un delito de prevaricación urbanística, solicitando una pena de dos años de prisión y doce meses de multa por éste. Las defensas han pedido la absolución de todos los acusados y, en su defecto, la aplicación de un error de tipo que eximiría de responsabilidad penal. Así, todo ha quedado visto para sentencia. Torrecillas, mientras tanto, se mantiene firme en su relato, convencido de haber actuado con honestidad y pensando únicamente en su municipio.