El drama del soterramiento en Almería: “Nos echan de las casas sin tener dónde ir”

Almería

La expropiación afecta a familias vulnerables con alquileres que se resisten a marchar

40 familias abandonan en Almería sus casas por las obras del soterramiento

Familias de la calle Ferrobús, afectadas por los derribos del soterramiento de las vías del tren.
Familias de la calle Ferrobús, afectadas por los derribos del soterramiento de las vías del tren.

El desarrollo urbano y la ansiada mejora de las comunicaciones de la provincia de Almería encierran en su reverso el drama social de diez familias en situación de vulnerabilidad, que se ven obligadas a abandonar las casas de alquiler en las que llevan años residiendo, pues se encuentran jalonando las vías del tren y pronto serán derribadas a favor de la llegada de la Alta Velocidad. No tienen suficientes ingresos económicos ni reúnen la infinidad de requisitos que hoy en día exigen los contratos de arrendamiento de viviendas. “Nos echan de nuestras casas sin tener adónde ir”.

Es la realidad a la que se enfrenta Luciano Brisan, que vive en una de las casas de la calle Ferrobús (incluida en la relación de expropiaciones forzosas de Adif), con su madre, de edad avanzada, y dos perros. “Llevo 22 años en España, 20 viviendo en esta casa, pago mi alquiler y ahora me echan y no encuentro nada. Me quedo tirado con mi madre y los perros”. También es la situación en la que se encuentran ahora una madre divorciada, con tres hijos a su cargo, u otro padre de dos niños, uno de ellos de un bebé de meses.

Adif ha cerrado acuerdos con los propietarios de la calle Ferrobús y el 15 de enero, en su mayoría, hizo entrega de las llaves. Pero también están estas diez familias en riesgo de exclusión social con alquileres de unos 250 euros que pueden asumir a duras penas. Son rumanos, marroquíes y españoles, con contratos legales –“no somos ocupas”, inciden–, y se ven abocados a unos precios superiores a los 650 euros inasumibles y unos requisitos que no todos reúnen.

Adif les ofreció un justiprecio de unos 7.000 euros, aceptado en algunos casos, con un primer depósito que le ha llegado a muy pocos, aunque sí el escrito de invitación a abandonar sus casas de forma voluntaria el pasado 15 de enero. No lo han hecho: “No podemos”.

Los afectados, decididos a acudir a los tribunales si no hay acuerdo

Se quejan de que la información por parte de Adif les ha llegado tan a cuenta gotas que no ha sido hasta hace prácticamente cuatro días cuando las familias arrendatarias afectadas por las expropiaciones se han unido y se han puesto en manos del despacho de abogados Lexiberia. Antonio Molina, representa legal, explica que son “el eslabón más débil”, con situaciones complicadas de digerir y una Ley de Vivienda que contempla protecciones contra desahucios frente a entidades bancarias y particulares para familias vulnerables, pero que nada dice en el caso de las empresas públicas. Las diez familias están a la espera de poder llegar a un acuerdo y, en el caso recibir la orden de alzamiento o desahucio, piensan en acudir a los tribunales. Piden también el amparo del Ayuntamiento de Almería mediante realojos en pisos sociales.

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