La sentencia del caso ‘Poniente’ ya está lista y notificada a los acusados

Juan Enciso, el exalcalde de El Ejido, durante el juicio. / Rafael González

Almería/La sentencia del caso ‘Poniente’ ya se encuentra concluida, “repasada”, y notificada a los acusados. Comienza la cuenta atrás para que los procesados conozcan si serán finalmente condenados o no. En julio de 2021, casi 12 años después de que se produjesen las primeras detenciones, el caso quedaba visto para sentencia tras el juicio de mayor envergadura y con un mayor número de sesiones celebrado en la provincia hasta el momento.

Jesús Juan Cruz, el fiscal responsable de finalizar la labor del Ministerio Público, mantuvo su petición de 40 años de cárcel y multas por importe total de 23,2 millones de euros para Juan Enciso y José Alemán, asegurando que ambos buscaron “maximizar” su posición para lograr su objetivo, encontrando la “fórmula” con la empresa mixta ElSur.

Sostuvo además que la multinacional Abengoa buscó “optimizar su beneficio” y para no aumentar los costes laborales optó por subcontratas con “uno de los suyos”, el empresario José Amate, que puso todo a nombre de una familia conocida, la de Juan Antonio Galán.

Nunca una sentencia tardó tanto en ser dictada

Al menos en la provincia de Almería, nunca una sentencia ha tardado tanto en dictarse desde la finalización de un juicio. Han pasado 20 meses y medio, aproximadamente. Ya en diciembre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, manifestaba su preocupación por los retrasos y mantuvo un encuentro con los magistrados responsables del fallo. “Estamos muy preocupados. Estoy preocupado con la tardanza en el dictado de la sentencia, en su la notificación. Ya me parece que ha pasado un tiempo más que razonable y no parece justificada ya la tardanza”, incidía Del Río, quien llegaba a reconocer que podía haber medidas e incluso, en casos como éste, alguna “falta disciplinaria”, aunque añadía que no se quiere “aventurar” en este sentido, sino intentar “como sea que se termine”. Antes, ya fue IU, que es acusación particular en la causa, la que lamentaba esta tardanza. Según la coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate “ya fue vergonzoso el arranque del juicio, con cinco absueltos por prescripción, pero no parece que lleve camino de mejorar la imagen que está dando la justicia en el mayor caso de saqueo de dinero público en Almería. La imagen que le están trasladando a la ciudadanía es pésima y difícilmente recuperable, cuesta mucho explicar que todos somos iguales ante la ley y después ver cómo corren los tiempos y aquí no pasa nada”.

Así hasta que en 2005 surgen “problemas” y “se quieren bajar del barco los Barco -otra familia acusada-” y tuvieron que buscar a otra que los sustituyese. Siempre según el relato de Cruz del Pino. “Mandaban los de siempre”, dijo el fiscal en referencia a Abengoa, insistiendo en que ante el “riesgo” de que se conociesen estas prácticas, hicieron que Amate se apartase. “Mientras, Juan Antonio Galán hacía negocio con sus subcontratas”, ha manifestado, añadiendo que José Alemán obtuvo “beneficio de todos los que participaban”, a través de su mujer, Isabel Carrasco, y su empresa, al igual que Enciso, y los empresarios Jesús Aragón y Ambrosio Cuevas, en lo que ha calificado de “festín” con dinero público.

Asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo

Sobre Enciso precisó que “toda la prueba practicada” en juicio oral “muy prolija en los detalles, apunta a su implicación y al uso de su influencia”, que su esposa “era perfecta conocedora de cuál era el origen de sus ingresos” y que su cuñado “se aprovechaba de su situación y pedía favores como se acredita en las escuchas telefónicas y han afirmado los testigos”. Abundó que la empresa mixta Elsur se creó “después” de que el propio ex alcalde “buscara asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo” y que lo hizo por “interés, pero en ningún caso por el interés público”.

El otrora alcalde de El Ejido, Juan Enciso, respondía a comienzos de marzo de 2021 a su letrado, Francisco Torres, pero no al resto de abogados, a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado. De esta forma, negaba sobrefacturaciones, prebendas, o cualquier tipo de irregularidad en lo que a la empresa mixta ElSur se refiere. Dijo que fue prácticamente una “pieza decorativa” y ha recalcado: “Una cosa me enseñaron siempre, que es que lo que no sea tuyo, no lo cojas”.

“Eso queda clarísimo; no he cobrado ni un solo euro del Ayuntamiento de El Ejido ni de Elsur”, aseveraba ese mismo mes Alemán cuando la Abogacía del Estado le preguntaba si la empresa de la que era administrador único, “cobraba en definitiva” del ayuntamiento “a través de las concesionarias”. Rechazaba otra de las imputaciones, “haber ayudado a cualquier empresa a tener relaciones comerciales con Elsur”. Al ser interpelado sobre la autorización municipal de esta actividad, subrayaba que ocupaba el cargo de forma accidental. “Era conocido por todos los equipos de gobierno”, dijo.

Un nuevo escrito con escasas modificaciones del Ministerio Público

El fiscal realizó pocas modificaciones respecto a las ya efectuadas por Gázquez el 21 de febrero del año pasado, cuando cambió su petición de penas para 27 acusados al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos del 2002 al 2005. Concretó también las multas que se solicitan por un delito de cohecho continuado para distintos empresarios, como José Amate (460.000 euros), Juan Antonio Galán (4,6 millones de euros), los hermanos Lirola López (más de 6 millones), Ambrosio Cuevas (2.050.000 euros) y Jesús Aragón (152.000 euros). Modificó la pena relativa únicamente a este delito del acusado Juan Julián Venzal, por la que solicita un año y seis meses. Asimismo, retiró la acusación respecto a Rafael Barco Oyonarte.