Más de 150 sanciones por pozos ilegales en la provincia en los últimos cinco años
La Junta sella 145 sondeos entre 2016 y 2020 y otros 10 en lo que va de año
47 de las multas fueron por extraer más volumen del autorizado en concesión
La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Almería ha incoado entre 2016 y 2021 un total de 151 expedientes sancionadores en la provincia de Almería en materia de pozos ilegales y aprovechamientos que incumplen las condiciones establecidas en la autorización por el exceso de volumen extraído o la no existencia de un contador. En lo que va de año se han abierto otros 10 expedientes sancionadores contra una decena de pozos ilegales, además de tramitarse 21 diligencias previas en las que se están evaluando los daños al dominio público hidráulico antes de tipificar la infracción.
Los 151 expedientes impuestos por la administración andaluza en los últimos cinco años han derivado forzosamente en el sellado de los 145 pozos ilegales detectados que fueron sancionados con multas que han llegado a alcanzar una cuantía máxima de 1.114.503,12 euros. Más de un centenar (104) se tramitaron a explotaciones agrarias que no contaban con concesión de aguas y los 47 restantes corresponden a aprovechamientos que incumplieron el condicionado de sus correspondientes concesiones. La diferencia entre el número de expedientes sancionadores y el de pozos ilegales se debe a que un mismo procedimiento puede englobar más de un sondeo ilegal asociados a la conducta infractora de una explotación.
El informe elaborado para Diario de Almería constata una evolución variable cada año con la tramitación de 36 expedientes en 2016, 32 en 2017, 26 en 2018, 35 en 2019 y 22 en el último ejercicio por parte de la Delegación Territorial de Agricultura tiene las competencias en materia de aguas y viene realizando las funciones de vigilancia, inspección y control de los aprovechamientos de aguas en la provincia de Almería, mediante la acción de la Guardería Fluvial y los agentes de Medio Ambiente con el apoyo técnico del personal de campo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
La labor inspectora de los guardas fluviales y de los agentes de Medio Ambiente abarca tareas de comprobación de la instalación y precintado de los elementos de medición (contadores o aforadores) para la medición del consumo, su correcto funcionamiento y realizar la lectura; comprobar que se cumplen los requisitos y condiciones impuestos en las concesiones o autorizaciones otorgadas, u otros requisitos legales; en el caso de aprovechamientos denegados o que no tuvieran el derecho adquirido para el uso del agua, comprobar que no se están realizando extracciones y que han quedado debidamente clausurados; y la detección de aprovechamientos no autorizados resultantes de las visitas de campo o previa denuncia.
La autorización de obras para captación de aguas subterráneas, que sería su nombre técnico a todos los efectos, depende de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que hoy está englobada, tras los últimos cambios de competencias que se hicieron en la administración andaluza, en la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Los trabajos para la ejecución de sondeos y pozos requieren de una serie de requisitos tales como la presentación de un proyecto, la autorización previa del mismo por parte de la autoridad minera y la realización de los trabajos bajo la supervisión de un director facultativo nombrado por el promotor y comunicado a la Junta, conforme a la normativa básica de seguridad minera.
La normativa que regula estos trámites es la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (artículo 121), en la que se tipifican los tipos de infracciones, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. También hay que comunicar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible el uso que se le va a dar al agua. Si el aprovechamiento hídrico va a ser mayor a 7.000 metros cúbicos tienen la obligación de poner un contador. Normalmente se autorizan para abastecimiento, riego, abrevadero de ganado o usos industriales. Si se va a construir una balsa de acumulación de agua a partir del pozo en cuestión también es necesaria otra autorización ambiental y las correspondientes obras con sus permisos en vigor.
Una campaña específica con 50 multas en Tabernas
Desde hace años todas las miradas de la Guardería Fluvial y los agentes de Medio Ambiente de la administración andaluza están en la comarca de Tabernas, en la que se encuentra el principal desierto de la Europa continental. Sin bajar la guardia en el resto de enclaves de la provincia, la situación de estrés hídrico del campo de Tabernas y las continuas denuncias por la sobreexplotación de los acuíferos propiciada por la multiplicación del regadío superintensivo de los olivares en una de las zonas más áridas de nuestro país obligaron a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible a tomar cartas en un asunto que había llegado incluso a la justicia europea. Según reconoce la Junta de Andalucía en un escrito remitido a este periódico, en el año 2016 se elaboró un plan especial de inspección de fincas cultivadas en todos los municipios abastecidos de la masa de agua subterránea denominada masa “Aguas ES060MSBT060.008” y “Campo de Tabernas ES060MSBT060.009” que abarcó mas de 4.578 hectáreas. Los técnicos de la administración andaluza inspeccionaron 227 pozos de los cuales 72 resultaron no disponer de la correspondiente autorización o concesión para la extracción de aguas subterráneas, lo que derivó en la iniciación, a partir de diciembre de 2016 y hasta principios de 2019, de más de 50 procedimientos sancionadores a particulares y empresas. De hecho, en aquella etapa de control exhaustivo de las explotaciones agrarias se impuso una sanción ejemplar que ha servido de precedente a tener en cuenta. Una conocida firma ubicada en el término municipal de Tabernas recibió una multa de 450.759 euros y se le condenó, además, a pagar una indemnización de 1,1 millones de euros por los daños ocasionados durante años de extracción ilegal de los recursos hídricos.