Robos, disparos y agresiones en Pechina: una sentencia desvela el día al día de los cultivos de marihuana

Los vecinos de Pechina llevan años alertando de los graves problemas que provoca la marihuana en este municipio del Bajo Andarax, una comarca en la que el Gobierno ha tenido que "intensificar" las medidas de protección con una mayor presencia de agentes, según desveló el pasado mes de diciembre el subdelegado José María Martín tras el último enfrentamiento entre grupos con disparos en pleno centro de la localidad pechinera.

"Es una prioridad máxima el garantizar la seguridad ciudadana en toda la provincia y sin duda, también, en este momento", indicó Martín, quien precisó que altercados como el de diciembre, presuntamente derivados del enfrentamiento entre clanes ligados al narcotráfico de marihuana, se están "afrontando desde hace ya tiempo", toda vez que ahora "se ha intensificado con medidas de presencia policial" en Pechina, Gádor y Rioja para garantizar la seguridad ciudadana.

Pues bien, una sentencia dictada recientemente por la magistrada Juana Cortés, titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, da buena cuenta de lo que ocurre a no demasiados kilómetros de la capital almeriense. De acuerdo a este documento, Diego I.S. y su hijo Diego I.G. Se dedicaban al cultivo de marihuana en su vivienda, ubicada en una finca de Pechina (Almería), la misma en la que el tercer acusado, Cristian G.H., intentó cometer un robo sobre las 22:22 horas del 4 de septiembre de 2016.

Según el fallo, este último procesado se dirigió a dicho inmueble junto a un menor y otras dos personas que no han sido identificadas, portando con ellos cuchillos, un hacha pequeña y una “pata de cabra” de hierro. Tras saltar una valla, abordaron a Diego I.S., que se encontraba en un patio de la vivienda, y comenzaron a golpearlo repetidamente.

En el interior del hogar se encontraban Diego I.G. y su hijo menor de edad, quien al escuchar los gritos de su abuelo y darse cuenta de la presencia de los ladrones procedió a cerrar la puerta de la entrada. Sin embargo, los asaltantes lograron derribar la puerta tras golpearla con una bombona de butano y así acceder al inmueble, dónde golpearon a Diego I.G. y a su hijo para exigirles que les entregasen todo el dinero que tuviesen, forma en la que lograron apropiarse de unos 5.000 euros.

Una vez con este dinero procedente de la venta de marihuana en su poder, los ladrones salieron del domicilio, momento en el que Diego I.S. cogió una escopeta, salió tras ellos y disparó contra Cristian G.H., quien logró darse a la fuga a pesar de recibir un impacto en el hombro derecho, por el que estuvo 28 días hospitalizado.

Unos 20 minutos más tarde, el padre y el hijo acusados sacaron de la vivienda seis recipientes llenos de marihuana que cargaron en una furgoneta, en la que se marchó Diego I.S. con intención de ocultarla. El procesado fue descubierto por agentes de la Guardia Civil, que habían sido alertados del robo perpetrado en su vivienda. El acusado propuso a los guardias acompañarlos al domicilio en su furgoneta, pero giró el vehículo en dirección contraria y trató de darse a la fuga.

Perseguido por los agentes, éstos consiguieron darle alcance en la Rambla de San Indalecio de Pechina, encontrando en la furgoneta la escopeta utilizada contra los ladrones y hojas sueltas de marihuana. Tras unos arbustos próximos, encontraron los seis recipientes conteniendo marihuana que el acusado había sacado de la casa.

Un día más tarde se efectuó un registro autorizado judicialmente en la finca de los cultivadores de marihuana, gracias al cual fueron localizados 3.700 euros procedentes de la venta de esta sustancia, y un cobertizo con aparatos de aire acondicionado, lámparas de alta potencia, ventiladores de pie, así como numerosas macetas con tierra y cuatro plantas de marihuana seca. También fue desactivado un enganche ilegal a la red eléctrica de Endesa, que permitió a padre e hijo defraudar 9.736,32 euros a la compañía eléctrica.

Finalmente, Diego I.S. ha sido condenado a un año de cárcel y multa de 7.800 euros por un delito contra la salud pública, al pago de una sanción por un delito de defraudación de fluido eléctrico, y a seis meses de cárcel por un delito de lesiones.

Las mismas penas, sin contar la del delito de lesiones, impuestas a Diego I.G., mientras que Cristian G.H. ha sido condenado a un año y un mes de prisión por un delito de robo con violencia, a medio año de cárcel por un delito de lesiones, y al pago de sendas multas por dos delitos leves de lesiones.