El rey del gasóleo adulterado ante el juez

El próximo 20 de noviembre, si no hay sorpresas de última hora ni más dilaciones ni maniobras indebidas, porque la vista inicial estaba prevista para el 13 y ya se ha retrasado una semana, el rey del gasóleo adulterado comparecerá ante la justicia después de permanecer en paradero desconocido casi diez años desde que la Guardia Civil perdiera el rastro en su éxodo hacia países de Europa del Este. La Audiencia Provincial de Almería dictó una orden de búsqueda y captura en 2013 para el ingreso en prisión de Emilio Torrecillas Martínez, de 65 años y natural de Albanchez, pero no pisó la cárcel porque desapareció del mapa al recibir una de las mayores condenas de la provincia por su fraude millonario al fisco.

Al no poder ser localizado en sus domicilios de Almería y Madrid, la providencia de la sección segunda ordenaba su detención, pero ya era demasiado tarde. Y no volvieron a saber nada más de su vida y obra hasta hace unos días cuando su abogado se personaba en el Juzgado de Instrucción de Huércal-Overa para afrontar las causas pendientes, posiblemente por su confianza en la prescripción de determinados delitos fiscales con el paso de los años. La Abogacía del Estado ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria en una causa que fue incoada en virtud del atestado de Vigilancia Aduanera de Almería del 17 de junio de 2010.

Aquella sentencia inicial en primera instancia, que un año más tarde sería ratificada por el Tribunal Supremo, castigaba al empresario del Almanzora a casi doce años de prisión y al pago de multas que superaban los 7,7 millones de euros más el abono de una deuda con la Agencia Tributaria por encima de los 3,3 millones con los intereses de demora. Desde su centro de operaciones situado en el polígono industrial de Cantoria vendió a grandes empresas de transporte por carretera de dentro y fuera de la provincia más de tres millones de litros de gasóleo A sin pagar el impuesto especial sobre hidrocarburos mediante una formidable ingeniería financiera asentada en cientos de transacciones entre sociedades, la mayoría inexistentes o sin actividad real, que fueron desactivas con todo su entramado delictivo en la operación Torre.

Fue condenado a 21 meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y a otros diez años por los cuatros delitos contra la hacienda pública, además de tener que afrontar indemnizaciones que superaban los diez millones de euros. No era la primera vez. Con anterioridad le pesaba la sentencia 379/95 del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería por un delito de contrabando por la fingida exportación de 45.000 kilos de azúcar a Marruecos, tras obtener subvención de la Unión Europea, cuando lo enviado fue polvo de mármol. Luego llegó el fallo de la sección segunda de la Audiencia Provincial por el fraude del gasóleo entre 2002 y 2006 y estuvo imputado en otras causas penales por defraudación al erario público en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid y Juzgado nº 1 de Orgaz (Toledo).

Es más, en 2009, en plena instrucción de los delitos anteriores, volvió a ser detenido en el marco de la operación Toleum, desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, junto con otras 22 personas de nueve provincias que se dedicaban a transformar con sustancias químicas el gasóleo bonificado (tipo B y C), usado en maquinaria agrícola y calefacción, en gasóleo ordinario para su venta en estaciones de servicio no franquiciadas y empresas de transporte con un pingüe beneficio a costa de lo que dejaba de ingresar en las arcas públicas.

Y al año siguiente otra operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, denominada Aceite, asestaría el que parecía que iba a ser la estocada definitiva a la organización delictiva capitaneada por Emilio Torrecillas y por el que en la próxima semana se sentará en el banquillo de los acusados con el agravante de reincidencia por sus innumerables antecedentes penales. “Ha venido dedicándose al menos desde la década de los noventa al ejercicio de actividades para obtener cuantiosos beneficios con el empleo de medios defraudatorios hacia el erario público”. Así lo recoge el escrito de calificación provisional en el que se le piden 16 años de cárcel y una multa de 4,5 millones de euros.

Reincidente en los historiales policiales y judiciales por todo tipo de estafas en la compraventa de combustibles, el empresario ha puesto punto y final a su exilio para ser enjuiciado ahora precisamente por este enésimo fraude millonario a Hacienda cometido entre 2007 y 2010 y por el que otros cinco colaboradores ya fueron condenados en julio con penas rebajadas que no llegan a los dos años de cárcel porque reconocieron los hechos, por el retraso de un juicio que ha llegado una década después del atestado y porque no se había localizado al principal artífice de la trama.

La Operación Aceite puso al descubierto una compleja maquinaria de evasión de tributos que superó los cuatro millones de euros incurriendo en delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Fueron dos los detenidos, Emilio y su mano derecha Francisco Javier P. M. de Albox, mientras que otras nueve personas resultaron imputadas, entre los que había varios ancianos que figuraban como testaferros y recibían 500 euros por poner su nombre a empresas fantasma sin actividad, por su participación en un fraude consistente en adulterar el gasóleo con aceites para no pagar el impuesto especial sobre hidrocarburos ni el de minoristas.

Compraban estas bases lubricantes regeneradas a una empresa con sede en Fuenlabrada, Tracemar, y se mezclaban en Almería en una proporción del 75% de gasoil y 25% de aceite. En el registro de las instalaciones se encontraron miles de libros de combustible adulterado y se estima que las ventas fraudulentas a través de la sociedad Gasóleos Las Palmeras SL superaron los 14 millones de litros durante esos cuatro años con clientes entre los transportistas y gasolineras de Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Cuenca y Madrid. Con los importantes beneficios y a través de sociedades ficticias adquirieron una pluralidad de bienes inmuebles, que figuran en su mayoría a nombre de terceras personas, como fincas en Huércal-Overa, Murcia, Mojácar, San Javier, Zurgena y Cuevas.

La desaparición de Emilio Torrecillas fue una jugada maestra por la que en julio acabaron ante el juez sus secuaces, trabajadores y testaferros, y han tenido que afrontar condenas derivadas del imperio del gasóleo adulterado y no sometido al control fiscal que este empresario había montado de la nada mientras esquivaba el peso de la ley que había decretado en 2013 su ingreso en prisión por un procedimiento iniciado cinco años atrás. De hecho, el 22 de abril de 2016 se declaró el concurso de acreedores de Gasóleos Las Palmeras, el epicentro de la red, y los dos afectos, tanto Torrecillas como Desiderio Palomares, se encontraban en paradero desconocido.

Vigilancia Aduanera constató que después de que se incoara el expediente pendiente de juicio continuaron con sus actividades ilícitas con la variante del cambio en el modo de actuar y en lugar de mezclar el aceite con el gasoil en Cantoria realizaban la combinación directamente en las estaciones de servicio. Lo hicieron a través de una empresa externa al grupo criminal, la mercantil Cisternas Químicas, que no conocía el fraude, y se inventaron la existencia de dos sociedades en Francia adquirientes del aceite mineral de Tracemar (Lubiiej y Tejemar Oil).

Es más, al año siguiente de la condena en firme del Supremo, volvía a aparecer el nombre del empresario de Albanchez en la operación Nehar en junio de 2014 por la que llegaron a venderse 20 millones de litros de gasóleo agrícola y de calefacción falsificado a 47 estaciones de servicio como combustible fraudulento a un precio irresistible para vehículos. La red disponía de un lavadero móvil, un camión que incorporaba el equipamiento necesario para tratar el gasóleo con productos químicos y eliminar la traza o color del carburante, al que después añadían otros productos de inferior calidad o exentos de impuestos especiales como querosenos o aceites.

Las gasolineras lo compraban a 90 céntimos el litro, mientras el producto normalizado en una venta legal superaba los 1,20 euros. Han sido tres décadas de fraudes a Hacienda sin castigo. Pero ahora el rey del gasóleo adulterado ha vuelto para declarar ante la justicia en Almería. Es posible que se guarde algún que otro as en la manga, de ahí su sorprendente reaparición, si bien la acusación dispone de pruebas más que contundentes para desmoronar el imperio del mayor defraudador provincial del sector del carburante.