Un jurado popular enjuicia a un hombre acusado de matar a otro de 17 puñaladas en Almería
tribunales
Los hechos acontecieron en Garrucha hace más de dos años
El fiscal pide 13 años de prisión por un delito de homicidio
Tres detenidos, uno agente de Policía Nacional, por la muerte violenta del doctor Piorno en su casa de Aguadulce
La Audiencia de Almería acoge esta semana la vista oral con jurado popular contra un hombre acusado de la muerte violenta de un compatriota, de origen senegalés, que recibió hasta 17 puñaladas.
La primera sesión del juicio ha sido señalada para el 27 de septiembre con el interrogatorio del acusado y la declaración de los diferentes testigos, mientras que el lunes de la semana siguiente se ha destinado para las pruebas periciales y documentales, conclusiones e informes, de forma que el objeto de veredicto será entregado el 1 de octubre.
El fiscal sostiene en su escrito de acusación que el acusado y la víctima, ambos de origen senegalés y dedicados a la venta ambulante, mantenían una enemistad desde poco antes de que tuviese lugar el crimen.
Sobre las 14:00 horas del 7 de junio de 2022 ambos se encontraron en el portal del edificio en el que reside el acusado en Garrucha (Almería), al que se había desplazado la víctima.
Según el fiscal, se inició una discusión entre los dos y el acusado propinó un puñetazo en el pómulo a la víctima, lo que desencadenó una "mutua y voluntaria agresión" entre ambos. Sin embargo, el procesado habría sacado entonces un cuchillo de 20,5 centímetros de hoja, que presuntamente llevaba oculto entre la ropa.
Aunque el fiscal mantiene que la víctima lanzó "alguna patada" al acusado para que soltase este arma, en lugar de lograr su propósito cayó al suelo, lo que supuestamente aprovechó el procesado para propinarle 17 cuchilladas en diferentes partes del cuerpo. Algunas llegaron a perforarle el ventrículo derecho y a desgarrarle el pulmón izquierdo, lo que provocó su muerte.
Por estos presuntos hechos, el fiscal pide 13 años de prisión por un delito de homicidio, con la petición expresa de que la pena se cumpla en España "ante la gravedad de los hechos" y para "evitar percepción de impunidad".
No obstante, solicita que una vez haya cumplido dos tercios de la misma sea expulsado del país y no pueda regresar al mismo durante 10 años. Asimismo pide que indemnice a la viuda del fallecido con 450.000 euros, 150.000 para ella y otros tantos para cada uno de los dos hijos de la víctima.
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