Almería supera las 6.000 casas con fines turísticos

Hasta el estallido de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 el destino almeriense venía superando año tras año en la última década los registros turísticos del curso anterior superando la barrera de los 2,5 millones de visitantes al cierre de 2018. Al ejercicio siguiente fueron 2,6 los millones de turistas que se desplazaron a los rincones de la provincia, según el balance del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, computando el mayor gasto medio de toda la serie histórica con 63,6 euros diarios. Costa de Almería se consolidaba como destino al alza antes de la crisis sanitaria y, como no podía ser de otra forma, esa evolución ha ido en paralelo a la del sector turístico.

Los establecimientos hoteleros sumaban 19.237 camas en 2007 y en 2019 eran 35.239. Y hoy, después del doloroso parón asociado a la pandemia, han vuelto a la actividad con más plazas que nunca, nada menos en 35.378 en toda la provincia. Sin embargo, el auténtico boom del sector no es el que han experimentado los hoteles, sino las viviendas con fines turísticos, alojamientos que desde mediados de 2016 se han regularizado en la comunidad en base a un decreto de la Junta por el que han tenido que inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía. Este tipo de inmuebles, ya sean completos o por habitaciones, han pasado en la provincia de ofertar 11.388 plazas en marzo de 2018 a las casi 30.000 que suman hoy.

Antes de la policrisis de la COVID-19 estaban en torno a las 24.000 camas, pero han seguido creciendo pese al retroceso de la actividad turística durante la pandemia, principalmente por sus características de distanciamiento social como enclaves seguros y cercanos frente a la masificación de las grandes cadenas y alojamientos. En poco más de tres años casi han triplicado su volumen de acogida y ya representan más del 30% de las plazas del conjunto de establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la geografía almeriense. Un rápido florecimiento de un modelo de negocio ajeno a los tradicionales alojamientos que se ha extendido a 6.085 inmuebles en la provincia, superando las previsiones iniciales de la Consejería de Turismo al implementar la nueva normativa regional con la que estimaba que venían operando en el mercado negro vacacional entre 3.000 y 4.000 viviendas en base a la oferta proyectada en portales de internet y en las inmobiliarias del litoral con mayor demanda.

Si a las 29.896 plazas que se ofrecen este tipo de viviendas se le suman las 17.521 que ofertan los 135 apartamentos turísticos de la provincia, el volumen de negocio alcanza las 47.417 plazas, casi la mitad de las que tienen todos los establecimientos en su conjunto y 12.000 más que los 303 hoteles que tiene hoy la provincia. El fuerte tirón de los pisos con fines turísticos, concentrados en el litoral almeriense con una especial profusión en la localidades de Vera, Mojácar y Níjar, está siendo determinante en el crecimiento vertiginoso de las camas de la provincia. En 2007 eran 46.002 las plazas, 53.000 en 2016, 70.000 en 2018, 89.300 en 2019 y 97.382 en la actualidad postcovid, según el Registro de Turismo de Andalucía. La provincia ha duplicado entre 2007 y 2021 la oferta de camas.

De ahí que desde hace un par de años, antes incluso del varapalo para que ha sufrido el sector con la pandemia que ha conllevado una caída de la actividad económica de más del 80%, surgiera el debate sobre el efecto nocivo de las viviendas con fines turísticos en la masificación y en la reducción de unos precios que los hoteles no pueden asumir. Hoy esa polémica cobra más fuerza que nunca por el fuerte impacto de la crisis de la COVID-19 en los alojamientos hoteleros que entienden que el incremento exponencial de este tipo de alojamientos no contribuye a acelerar la recuperación que demanda el sector para levantar cabeza. La hostelería exige un plan de choque a las administraciones públicas que permita salvar miles de empleos y contraponen el valor añadido para cualquier destino de sus establecimientos frente a este tipo de viviendas que nunca tendrán su capacidad para generar trabajo y riqueza en la población.

La transformación del negocio turístico hacia la diversificación de la oferta y las nuevas tecnologías ha situado al alza al segmento de los pisos turísticos que cuentan en su proliferación con el respaldo de plataformas en auge como Airbnb, HomeAway o Booking, por citar sólo algunas, una alternativa que ha ido ganando terreno al hotel. La regulación de este tipo de alojamientos responde a la necesidad de ordenar una importante oferta de inmuebles no destinados a vivienda y con uso privado para el turismo y a la de ofrecer a los clientes garantías de calidad y confort durante su estancia en la comunidad fortaleciendo la imagen del destino. La norma de la administración andaluza creó la categoría de vivienda con fines turísticos y estableció la inscripción obligatoria para poder operar en un intento de que este tipo de apartamentos y casas ocultas, ajenas a cualquier control estadístico, jurídico, fiscal y laboral se integraran en una oferta reglada acabando con la competencia desleal a los establecimientos hoteleros al salir de la clandestinidad.

La presión de la patronal logró que se regulara este segmento vinculado a nuevas formas de viajar y a la irrupción de una comercialización más directa y sin intermediarios, pero la proliferación de pisos turísticos resulta hoy más perjudicial que nunca para los hoteleros por la crisis porque en años anteriores lograron mantener la ocupación media por encima del 50% cuando una década atrás era del 45%. El Gobierno tuvo en cuenta este desarrollo empresarial que miles de familias hacen con las segundas viviendas y hace tres años incorporó una de las novedades de la campaña del IRPF que Hacienda reforzara el control sobre los propietarios de los pisos en alquiler, sobre todo para turistas. Desde el 1 de enero de 2019, los portales y web de alquileres vacacionales tienen que informar directamente a Hacienda sobre las reservas y transacciones entre sus usuarios y, en caso de detectarse que se han hecho de forma ilegal, contempla sanciones consistentes en el abono de los rendimientos no declarados, además de un recargo de entre el 50 y 150% del importe escondido al fisco según la gravedad de la infracción.