Polémica en Íllar por la adjudicación del bar de la piscina a una edil del equipo de Gobierno

Parte de los vecinos de Íllar han mostrado su desconcierto tras conocerse que una edil del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, María Cristina Lao, se ha hecho con la concesión del bar de la piscina municipal tras obtener la máxima puntuación en la licitación que puso en marcha esta entidad local.

Según el anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público hace apenas unos días, la concejal ha obtenido la máxima puntuación posible en el precio ofertado, el calendario de explotación y los recursos técnicos y humanos contemplados en su oferta.

De acuerdo al pliego de cláusulas administrativas de esta licitación, se trata de la "concesión administrativa de uso privativo" de este "bien de dominio público" situado junto al recinto de la piscina municipal y la pista polideportiva de Íllar; una edificación de una planta, dotada con dos aseos ,cocina y salón, con una superficie construida de 72,90 m2, y una "amplia terraza propiedad municipal que sirve de ensanche para la colocación de mesas y sillas".

En concreto, se trata de una concesión demanial para el desarrollo de la actividad como "kiosko-bar sin música para la venta de refrescos, bebidas y alimentos permitidos", en este inmueble que "no está equipado, por lo que la persona adjudicataria deberá de proveerlo de todos los muebles y utensilios necesarios para el desempeño de la actividad a su cargo".

La tramitación de esta licitación ha sido además urgente, según explica el mismo consistorio, "debido a que en actualmente no existe ningún otro negocio dedicado a la actividad de

Bar, teniendo en cuenta que el único servicio de bar que tenia el municipio ha cerrado recientemente y la necesidad de contar con ese tipo de servicio en el municipio".

El Ayuntamiento, por otro lado, ha fijado un canon anual de 4.800 euros anuales, actualizables de acuerdo al IPC; un canon que "será abonado mensualmente en los cinco primeros días de cada mes". "El abono del canon no exime del deber del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes municipales como consecuencia del ejercicio de las facultades de la concesión", añaden los pliegos de cláusulas.

Debido al importe de la licitación, superior a los 9.600 euros, el gobierno local determinó que el órgano competente para efectuar la contratación y tramitar el expediente era el propio alcalde, Juan Francisco Duarte. Un contrato con dos años de duración, sin prórroga tácita, aunque sea posible prorrogarlo "de mutuo acuerdo entre las partes por periodos de duración inferior al fijado".