"No podemos abordar una narcolancha a 60 nudos, somos guardias civiles, pero no suicidas"

"No podemos abordar una narcolancha a 60 nudos, es como querer parar un camión que va descontrolado por una autovía infinita. Las perseguimos, pero si no se averían ni se quedan sin gasolina no podemos hacer nada, aunque nos pongan embarcaciones más grandes y rápidas, no se pueden detener a base de golpes, somos agentes de la Guardia Civil, pero no suicidas". Es el testimonio anónimo de uno de los efectivos del Servicio Marítimo del Instituto Armado en la provincia. Consternado por lo ocurrido en Barbate explica las dificultades y riesgos que afrontan a diario en su lucha desigual contra el narcotráfico en aguas de Almería. "No hay forma legal de pararlas, son 'ferraris' con pilotos expertos que no tienen ningún miramiento y si tienen que pasar por encima ni se lo piensan". De hecho, se han vivido varios episodios recientes de colisiones como la del pasado año cuando una patera taxi en el Poniente casi los tira al mar o cuando un sargento resultó herido en el pie a bordo de una zodiac y tuvo que ser evacuado en helicóptero en verano de 2020.

David contra Goliat se enfrentan cada día en el mar de Alborán en una batalla desigual en la que las mafias internacionales de tráfico ilícito de drogas y personas, cada vez más asentadas en la costa almeriense, cuentan con un recursos ilimitados frente a un Servicio Marítimo de la Guardia Civil sin apenas medios aéreos, con personal bajo mínimos que sólo da para una tripulación y una flota arcaica. La interceptación, ya sea en alta mar o cerca de la orilla, es una misión imposible porque se enfrentan a planeadoras de cuatro motores de 300 caballos de vapor cada uno con patrones temerarios que ponen en peligro su vida y la de cualquiera que se cruce en su camino. Así lo ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que alerta de la presencia creciente de pateras y narcolanchas "kamikazes" y ha recurrido a la Inspección de Trabajo, Riesgos Laborales de la Benemérita e incluso al Defensor del Pueblo para que se vele por unas unas condiciones de trabajo seguras que actualmente no tienen en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. "Sabemos que las mafias van a ir a más, hay que destinar medios humanos y materiales y también tienen que endurecer las penas incluyendo el petaqueo para que se considere delito y no infracción administrativa", argumenta el portavoz de AUGC en Almería, Víctor Vega.

En los últimos días, según relata, los agentes del Servicio Marítimo han tenido que realizar las patrullas en coches por tierra porque no hay embarcaciones operativas cuando hace mala mar. La plantilla cuenta con medio centenar de agentes, incluyendo el personal de oficinas, por lo que entre las bajas, vacaciones y comisiones de servicio no tienen la posibilidad de simultanear dos patrulleras. Apenas pueden articular una tripulación que a veces es de solo tres personas en la auxiliar (Aister) incumpliendo las instrucciones que establecen un mínimo de cuatro. Se quedan en el muelle por averías y falta de personal la de 18 y 21 metros y la más grande -Río Guadalete- y salen con la de 11 metros con dos motores fuera de borda para para hacer frente a narcolanchas de hasta 15 que vuelan a 60 nudos. Este tipo de embarcaciones son género prohibido y cuando se produce una operación en mar o en tierra son incautadas para su traslado a un depósito judicial concesionado en Jaén. La consignación del combustible de los petaqueros, sin embargo, se tramita a través de una empresa de Córdoba tras la autorización de Vigilancia Aduanera.

Triple negocio de las mafias

Las mafias africanas se lucran del triple negocio del transporte de inmigrantes, tráfico de drogas y logística (petaqueo). En cada trayecto de una planeadora de las que llegan desde Nador viajan entre 40 y 50 inmigrantes de media o se cargan en torno a 3.500 kilos de hachís. Los pilotos, encapuchados porque empiezan a entrar en escena las redes españolas, llegan a embolsarse hasta 50.000 euros por trayecto, 35.000 por controlar el GPS. Cruzan el mar de Alborán en dos o tres horas, se acercan al litoral y descargan el pasaje en dos minutos, a veces de manera brusca y violenta, para internarse de nuevo en alta mar. Graban con el móvil el desembarco y envían los vídeos a los responsables para que se certifique que han entregado el “paquete” en Almería. La cadena de delincuentes tiene tres roles bien definidos: los que se encargan de labores de logística y gestión de embarcaciones, los que llevan a efecto las travesías y los que están en un plano superior y son organizadores y cabecillas.

Un problema social en el Poniente

El petaqueo comienza a ser un problema social en el Poniente. Según han reconocido fuentes de la investigación policial, se está agravando por la mayor implantación de estas redes clandestinas entre la población de municipios como Adra. En ese puesto de la Guardia Civil ya han sufrido represalias algunos agentes cuando estaban fuera de servicio. Son "empresas" que se dedican abiertamente a ese negocio y ni siquiera se esconden. De hecho, hay una localizada en Cortijo del Latero con un amplio historial de operaciones delictivas, incluyendo la incautación de barcos y un tractor, y sigue abierta con una actividad bajo sospecha. Un punto negro que nadie ha conseguido atajar, al igual que el embarcadero que tienen en funcionamiento en el espigón desde el que parten botes que suministran gasolina y todo tipo de avituallamiento a las mafias en alta mar.

Los ayuntamientos de El Ejido y Adra vienen reclamando más medios materiales y humanos en los últimos meses a la Subdelegación del Gobierno alegando la alarma social creciente entre sus vecinos. La playa abderitana de Guainos va camino de convertirse en la dársena de un puerto comercial de la clandestinidad en la que atracan cada pocos días varias pateras que desembarcan a decenas de inmigrantes que se introducen en la península de forma irregular sin apenas control y oposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El litoral del Poniente es el principal foco de la irrupción de las narcolanchas que están alternando el hachís con el tráfico de personas desbordando por completo las capacidades del servicio marítimo y también de los dispositivos terrestres que tienen que volcarse en la respuesta a las avalanchas migratorias y aparcar el resto de los competencias de la seguridad ciudadana.

Operaciones policiales al alza

A pesar de la supremacía náutica de estas redes internacionales con estructuras consolidadas en los países de origen y destino y con presupuesto ilimitado para fletar planeadoras de última, los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional mantienen un estrecho control y seguimiento de todos sus movimientos y, a veces, suena la flauta y acaban sentando en el banquillo de los acusados a los que sacan rédito económico de la desesperación de las personas que sueñan con una vida mejor al otro lado del Estrecho. Entre los años 2018 y 2023 han sido más de medio millar de pateristas y colaboradores necesarios de los flujos clandestinos de personas desde África arrestados en actuaciones en la provincia, según los datos facilitados a este periódico por el Ministerio del Interior.

La Guardia Civil desarticulaba el pasado verano uno de los grupos más violentos dedicado al tráfico de hachís en la provincia, deteniendo a 31 personas, del clan del Rifeño, entre las que se encontraba el propio líder del grupo y sus principales cabecillas. Fueron incautados 3.055 kilos de hachís, 30 vehículos y tres narco-embarcaciones, además de pistolas, chalecos antibalas, cócteles molotov y cadenas de pinchos para neutralizar los vehículos policiales. En los últimos meses del año, personal del Instituto Armado viene realizando un dispositivo especial de seguridad para prevenir y perseguir el transporte irregular de combustible para embarcaciones en el alta mar en los municipios del Poniente con varias detenciones e incautaciones. Entre las operaciones más importantes del último año, además de la del clan del Rifeño, destaca 'Amplio' con la detención de 10 personas que empleaban cuatro barcos como gasolineras flotantes.

Punto más caliente de la inmigración irregular

Almería es el punto más caliente de la península en cuanto a la actividad de las mafias con los flujos migratorios que entran de forma irregular mediante neumáticas, narcolanchas y hasta motos de agua: 6.323 en 2023, un 66% más que el año anterior, y más de 52.000 en la última década. Si bien el archipiélago canario presenta las cifras más altas del país (18.555 en Las Palmas y 19.536 en Santa Cruz de Tenerife), en lo referente a la península, Almería es la principal puerta de entrada hacia Europa con una estadística que multiplica por tres y hasta por cinco los registros del resto de provincias del sureste español como Murcia (2.576), Granada (1.778) y Cádiz (1.288).

Entre Ceuta y Melilla no llegan ni al millar al experimentar en el último año un descenso del 59% en las entradas clandestinas. A nivel nacional han sido más de 53.000 inmigrantes, uno de los registros más altos de la historia por detrás solo del de 2018 con 51.018 personas interceptadas en su trayecto por vía marítima desde África. El incremento es exponencial porque en 2022 habían sido 30.686 en 2022 y 42.017 en 2021. En la provincia el drama humanitario de los flujos migratorios fluctúa tanto en los vaivenes de la estadística como en el modus operandi y en el último ejercicio han cobrado protagonismo los traslados en narcolanchas desde Marruecos a las playas del Poniente (Adra y El Ejido) a plena luz del día en detrimento de la ruta que operaban las mafias argelinas hacia las calas del levante en oleadas nocturnas. De los 6.323 inmigrantes que ha recibido la provincia en todo tipo de embarcaciones, 4.285 eran marroquíes (922 en 2022) y 1.806 argelinos (2.305 en 2022).