Un plan especial contra mafias del narcotráfico e inmigración ilegal para el Mar de Alborán

Almería necesita un plan especial de seguridad para luchar contra la actividad creciente de las mafias internacionales de la inmigración ilegal, narcotráfico y petaqueo. El mar de Alborán se ha convertido en los últimos años en un enclave geoestratégico indispensable para la supervivencia de las redes que operan desde el norte de África, un escenario de combate en el que se libra una batalla desigual de David contra Goliat porque el hampa del hachís y la desesperación humana disponen recursos ilimitados y los medios más avanzados frente a las limitadas plantillas, arcaicas flotas y el modelo policial obsoleto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

Una supremacía náutica que ha acabado derivando en imágenes infaustas de las narcolanchas que campan a sus anchas en las calas más icónicas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar cada vez que buscan refugio de la mala mar o de las que desembarcan a grupos de inmigrantes a plena luz del día en las playas con mayor afluencia del Poniente. La impunidad con la que vienen operando estas mafias es la evidencia más incontestable de la necesidad de poner en marcha un Plan Especial de Seguridad como el del Campo de Gibraltar (y no sólo formar parte de ese dispositivo como una extensión hacia la parte oriental de la comunidad) antes de que sea demasiado tarde. Porque Almería no quiere ser otro Campo de Gibraltar ni dar pie a episodios tan penosos como el de Barbate.

Así lo han venido demandando los sindicatos y asociaciones tanto de la Policía como de Guardia Civil en Almería, también los alcaldes de los municipios más afectadas por la crisis migratoria y actividad de las mafias (El Ejido, Adra y Níjar) y llegará a Congreso y Senado en las próximas semanas a través de iniciativas parlamentarias del PP dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde Vox en Almería también ha instado al Gobierno al refuerzo de medios para hacer frente al incremento de la inseguridad provocada por las narcolanchas y presentarán una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía para que el gobierno andaluz reclame el endurecimiento de las condenas contra los petaqueros.

Almería ha sido en los últimos años el punto más caliente de la península en la crisis migratoria, sólo superado por los registros del archipiélago canario. A lo largo de 2023 llegaron de forma irregular a la provincia 6.323 magrebíes, de los que 4.285 eran marroquíes y 1.806 argelinos, mediante pateras taxi y narcolanchas. Es la principal puerta de entrada hacia Europa con una estadística que ha crecido un 66% sobre el ejercicio anterior y que suma más que el resto de las provincias costeras andaluzas. En Murcia fueron interceptados 2.576 migrantes, 1.288 en Cádiz, 1.778 en Granada y en Ceuta y Melilla no llegaron ni al millar. En la última década han sido más de 52.000 personas las que han alcanzado la costa de forma clandestina por vía marítima.

Estos flujos irregulares han cambiado desde la pandemia el modus operandi y actualmente las redes marroquíes dominan el mercado de las narcolanchas que desembarcan en las playas de Adra y El Ejido en detrimento de la ruta argelina que operaba con oleadas nocturnas de pateras taxi en calas remotas del levante almeriense. Con el buen tiempo en los meses de verano se han contabilizado en el litoral de Poniente, entre Punta Entinas-Sabinar y Guainos Bajos, hasta doce embarcaciones rápidas en una sola jornada desbordando por completo las capacidades de las unidades de la Guardia Civil en tierra y agravando la incapacidad crónica del Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Almería (CATE) en el Puerto para asumir el gran volumen de inmigrantes que recibe la provincia. En ocasiones dos agentes se enfrentan a grupos de hasta 80 personas y tienen que buscar algún lugar de sombra en el que custodiarlos a 40 grados a la espera de su traslado al CATE que suele estar colapsado.

La mayoría se queda y no emprende la huida porque ya habían previsto recibir la asistencia de Cruz Roja y saben que en 48 horas serán puestos en libertad con un oficio de la Policía para que se tramite una orden de expulsión que casi nunca llega. Las mafias que han reactivado los viajes desde Nador les llegan a pedir de 10.000 a 15.000 euros por pasaje y en cada trayecto viajan de 40 a 50 inmigrantes de media o se cargan en torno a 3.500 kilos de hachís. Es el triple negocio de las planeadoras (inmigración ilegal, narcotráfico y petaqueo) cada vez más asentado en el mar de Alborán con travesías de ida y vuelta en los que contratan a pilotos expertos y temerarios que se embolsan hasta 50.000 euros y 35.000 los geperos que controlan el GPS. La presencia de encapuchados es la evidencia más clara de la incorporación de los españoles al catálogo de roles de la delincuencia marítima.

En los traslados de inmigrantes graban con el móvil la llegada, con desembarcos violentos y bruscos que han provocado muertes por ahogamiento y traumatismos, y envían los vídeos a los cabecillas para certificar que han entregado el “paquete” en Almería. Estas narcolanchas vuelan a 60 nudos con tres y cuatro motores de 300 caballos de vapor y su interceptación en alta mar es misión imposible. La Asociación Unificada de la Guardia Civil viene alertando de la peligrosidad creciente de planeadoras “kamikazes” y lo ha elevado a la Inspección de Trabajo e incluso al Defensor del Pueblo para que se vele por unas “condiciones de trabajo seguras” al entender que sin medios adecuados no se puede avanzar en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.

La seguridad policial es uno de los ámbitos de actuación que se deben blindar en ese plan especial que necesita la provincia con el refuerzo de las plantillas del Servicio Marítimo y unidades en tierra, del personal de recepción y custodia del CATE y la mejora de las embarcaciones que no tienen potencia ni capacidad para abordar la narcoflota de las mafias desplazada al mar de Alborán por el incremento de la presión policial en otros puntos del litoral andaluz. Los ayuntamientos de Níjar, El Ejido y Adra han levantado ya la voz de alarma pidiendo a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo contundente para hacer frente a las permanentes avalanchas migratorias y a la implantación del narcotráfico y su principal ramificación del petaqueo que se ha convertido en una fuente de sustento para muchas familias.

Las mafias internacionales han mejorado sus estrategias y medios en aguas del Mar de Alborán, con lanchas de última generación que escapan a cualquier control y son imposibles de abordar, y la respuesta no puede ser vigilarlas con prismáticos desde lo alto de un acantilado. Almería debe contar con recursos suficientes y plantillas especializadas lo antes posible. Porque el endurecimiento de penas para los narcos que se ha venido reclamando desde todos los ámbitos, incluyendo que el petaqueo pase a ser delito y no infracción por contrabando, podría llegar demasiado tarde en esta batalla desigual.