Piden cuatro años de cárcel para cuatro acusados por la muerte de un joven en 'Tierras de Oria'

Tribunales

Insiste en que la muerte se produjo presuntamente porque "la medida de contención mecánica prolongada fue llevada a cabo con vulneración total y flagrante de todos los protocolos y directrices oficiales existentes

"El proceso de contención mecánica decúbito prono (boca abajo), a tenor de las imágenes, era completamente innecesario", dice el abogado de la familia del fallecido

La muerte del joven en el centro de Tierras de Oria fue "accidental"

El joven fallecido en el centro de menores Tierras de Oria.
El joven fallecido en el centro de menores Tierras de Oria. / D.A.

Almería/La acusación particular ha solicitado penas de cuatro años de prisión para cuatro acusados por la muerte de Iliass T., el joven de 18 años fallecido en el centro de menores 'Tierras de Oria' de Almería el 1 de julio de 2019.

Aunque el pasado mes de septiembre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Purchena determinó que los hechos "denunciados no revisten carácter de delito, pudiendo ser constitutivos de delito leve", el abogado Ángel Gómez San José recurrió esta decisión, por lo que será durante la vista oral cuando se determine si fue leve o no.

“La Audiencia de Almería nos dio la razón, porque el instructor no puede decidir eso. Hay que ver si la imprudencia existe, y si existe si es leve o grave, y eso no lo puedes abstraer del juicio oral”, ha apuntado el letrado a EFE.

El escrito de la acusación particular sostiene que los presuntos hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas del 1 de julio de 2019 en el centro de menores 'Tierras de Oria', gestionado por la asociación GINSO, aunque depende de la Junta de Andalucía.

Mantiene que los acusados, "en plenitud de sus facultades físicas y mentales", acabaron con la vida de Iliass Tahiri, que en ese momento tenía 18 años.

Afirma el abogado Gómez San José que la muerte se debió a la "dejación más intolerable de la conductas fácticas que debían controlar, originando un riesgo físico que produjo el resultado dañoso", al someterlo a una maniobra de reducción mecánica.

Especifica que tres de los acusados eran vigilantes de la empresa de seguridad contratada por GINSO, mientras que el cuarto era el coordinador responsable del área de interior de 'Tierras de Oria', y empleado directo de dicha asociación.

En un extenso relato de hechos, el letrado apunta que poco antes de la polémica maniobra, Iliass estuvo charlando con un educador del centro sin que se produjese ningún accidente, toda vez que sostiene que diez minutos antes el joven "no había agredido a nadie, ni había realizado ninguna actuación contra el mobiliario".

Asevera que a pesar de la ingesta a "deshora" de medicación que "nada tenía que ver con el tratamiento prescrito" del joven, éste fue esposado en un primer momento, y a continuación sometido a reducción mecánica "sin intentar hablar con él, ni explicarle nada, ni intentar calmarlo, ni ofrecerle que se tumbase en la cama voluntariamente".

Insiste en que la muerte se produjo presuntamente porque "la medida de contención mecánica prolongada fue llevada a cabo con vulneración total y flagrante de todos los protocolos y directrices oficiales existentes, ya que se realizó, sin razón alguna que lo precisara, pero en todo caso colocando a Iliass boca abajo contra la almohada, sin criterio profesional ni prescripción médica".

Todo ello "a sabiendas, dada su formación anual, de los riesgos inherentes a su decisión, cuando esta posición es harto peligrosa, y el mismo informe del médico forense indica que pudo ser una de las causas que concurrieron al fatal desenlace", sin que hubiese un médico presente.

Incluso resalta que los cuatro acusados lo trasladaron a la zona de seguridad para ser inmovilizado "sin causa justificada". "El proceso de contención mecánica decúbito prono (boca abajo), a tenor de las imágenes, era completamente innecesario, al no haber ni en la entrada en la sala ni durante la contención ninguna resistencia y forcejeo por parte de Iliass", dice.

Por estos presuntos hechos, la acusación solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia, así como la indemnización a los familiares del fallecido. 

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