El petaqueo resiste en el Poniente: interceptan otra lancha en Adra con mil litros de gasolina

Adra/Cuando parecía que la actividad clandestina del petaqueo en el Poniente empezaba a ser una problema del pasado, después de un año de férreo control desde tierra, mar y aire de diferentes unidades de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera y dos grandes operaciones con casi sesenta detenidos, una nueva interceptación vuelve a poner de manifiesto que la estocada se ha quedado corta y sigue existiendo una estructura delictiva en la comarca, principalmente en la franja costera comprendida entre Guainos Bajos y Guardias Viajes. En esta ocasión se ha podido intervenir una lancha rápida de un solo motor en la costa de Adra con más de mil litros de gasolina en alrededor de ochenta bidones y, según confirma la Comandancia de Almería, la investigación sigue abierta. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que había desplegado en la zona a la patrullera Aister S-39, detectó este miércoles por la mañana la embarcación neumática en el litoral abderitano y completó la interceptación con ayuda de los efectivos de tierra del puesto principal.

Una vez desplazados al puerto pesquero se pudo confirmar que la semirrígida estaba siendo empleada para el abastecimiento de combustible de las narcolanchas las mafias dedicadas al tráfico de hachís y transporte de inmigrantes ilegales desde el norte de África. Más de mil litros de gasolina en los bidones, que junto con la embarcación quedarían bajo la custodia de los agentes en el recinto portuario hasta su retirada por una empresa externa con autorización judicial, son la principal prueba de que el petaqueo ha logrado sobrevivir a la potente ofensiva policial de los últimos meses, principalmente porque se considera una infracción administrativa y normalmente queda sin reproche penal porque para ser delito tendría que superar un valor de 50.000 euros. Además, los contrabandistas adquieren el carburante en cantidades inferiores a las que obligan a expedir un documento de circulación o albarán, lo que dejaría constancia de su trazabilidad e identificación, una exigencia legal para la distribución por persona y día de 60 litros de gasolina y 240 de gasoil.

A lo largo de la costa del Poniente han ido proliferando desde la pandemia un considerable número de embarcaderos encubiertos desde los que parten a diario gasolineras flotantes para abastecer a las narcolanchas. En la Curva de Adra, sin ir más lejos, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha llegado a interceptar hasta en cuatro ocasiones en un mes a una persona a la que sancionaban e intervenían la mercancía y el barco, pero al día siguiente compraba otro y volvía a echarse a la mar. Y la razón es bien sencilla. Controlar el suministro de gasolina es vital, una cuestión estratégica para las redes criminales, lo que está disparando los precios del servicio ilícito que se presta desde Almería y la rentabilidad de su negocio logístico. Cada bidón de combustible (normalmente de 25 litros) entregado en alta mar se está pagando a una media de 200-300 euros cuando el precio en la gasolinera no llega ni a 50, por lo que pueden ganar más de 50.000 euros en un solo trayecto. Las narcolanchas necesitan en torno a 120 litros de combustible por motor y hora de navegación y normalmente cuentan con tres y cuatro propulsores fueraborda de 300 caballos de potencia que disparan el consumo. 

Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tienen en el punto de mira a varios sospechosos que podrían estar dedicándose al suministro a las planeadoras y que realizan acopio de combustible en naves y fincas repartidas principalmente por Adra y El Ejido. De hecho, la Benemérita tiene en curso una operativa de control en los dos últimos años en la comarca, con el apoyo de unidades de la Comandancia, el Grupo Antiterrorista Rural (GAR) y el Servicio Aéreo, para la prevención y persecución de actividades relacionadas con el transporte y abastecimiento de combustible a las redes delictivas. La actuación de este miércoles se ha saldado con uno de los mayores decomisos de los últimos meses, y la investigación sigue abierta y podría después de un verano en el que se han asestaron dos golpes letales a los principales organizaciones locales del petaqueo. En junio desmantelaban el Clan de los Lateros que tenían su centro neurálgico en un cortijo en el barrio de Puente del Río. 

"Era la mayor plataforma logística de abastecimiento de narcolanchas de todo el Mediterráneo con 52 cuentas corrientes bloquedas y embargadas en las que había más de cinco millones de euros y 700.000 euros en efectivo", explicaba días después el general jefe de la Guardia Civil, Luis Ortega. En la operación Ovidio participaron más de 200 agentes del Instituto Armada y Vigilancia Aduanera que registraron 35 propiedades en Adra y Berja e incautaron 25 embarcaciones, 85 vehículos y 40.000 litros de gasolina. Es más, habían comprado casi todos los inmuebles del barrio, un total de 42 viviendas y fincas desde las que canalizar su actividad con importantes medidas de seguridad como cámaras instaladas en postes de luz y fachadas. Sólo seis de los arrestados están en prisión provisional por los delitos de contrabando, blanqueo de capitales, abastecimiento de combustibles a las planeadoras del tráfico de drogas y seres humanos. 

Un mes después se desarrollaba la operación Caramel contra otra organización que quería hacerse con el nicho de mercado que habían dejado los Lateros. Fueron decomisados 30.000 litros de gasolina, 10.000 euros en efectivo, 12 embarcaciones recreativas, cuatro vehículos y dos armas cortas en una intervención en la que participaron 100 agentes de la Guardia Civil con 9 detenidos y siete registros en inmuebles de El Ejido, Balanegra, Adra y Roquetas. La Guardia Civil estaba siguiendo los movimientos de esta banda desde mediados de 2023 cuando se recibió la consigna de que había que acabar con la logística del narcotráfico y la inmigración ilegal. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Almería ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de cuatro de los detenidos. 

Desde el pasado año se está ejerciendo una presión muy fuerte contra los petaqueros de la provincia por ser un aliado indispensable para el funcionamiento de las mafias en un enclave estratégico como el mar de Alborán, con más intensidad si cabe tras la muerte de dos guardia civiles en Barbate en febrero del actual ejercicio, con un goteo continuado de intervenciones anteriores a los dos grandes golpes del verano. En abril de 2023 se desarrolló la operación Amplio con diez detenidos y la incautación de cuatro barcos empleados como gasolineras flotantes y en mayo de este año eran arrestadas otras tres personas a bordo de una lancha tipo 'go fast' tras una espectacular persecución por tierra, mar y aire desde el Cabo de Gata hasta el puerto deportivo de Aguadulce. 

La penalización del petaqueo

Las asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos policiales, partidos políticos y hasta la Fiscalía General del Estado y la Superior de Andalucía están reclamando un regulación penal para que la actividad del petaqueo pueda castigarse como delito y no sólo como una infracción administrativa. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Almería llevan años exigiendo que se aborde esta necesaria modificación del Código Penal que permita un mayor castigo para uno de los pilares sobre los que se ha cimentado la actividad de las mafias de las drogas e inmigración ilegal, como ya se hizo catalogando a las narcolanchas como género prohibido con la aprobación del Real Decreto Ley 16/2018. El PP también consiguió sacar adelante una Proposición No de Ley en la Comisión de Interior del Congreso en la que exigía mayor castigo para este tipo de contrabando asociado La al narcotráfico y medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.