Los padres del bebé de Roquetas pagaron 100 euros por la circuncisión mortal

Cien euros. Esa fue la cantidad que, según consta en el auto de ingreso en prisión, los padres de un pequeño de 40 días pagaron al hombre detenido por haberle practicado una circuncisión que acabó con su vida. La intervención, realizada sin titulación médica y fuera de un centro sanitario, tuvo lugar el pasado 13 de abril en la vivienda familiar del menor, en Roquetas de Mar, y ha desembocado en una investigación por un presunto delito de homicidio imprudente, que también se imputa a los progenitores, quienes han quedado en libertad provisional.

Sin embargo, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Roquetas de Mar ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del supuesto autor de la circuncisión, al considerar que concurren indicios suficientes de criminalidad. Pero además, el auto va más allá al poner el foco sobre la posibilidad de que el detenido hubiera llevado a cabo otras circuncisiones previamente. En el domicilio del arrestado fue hallado instrumental quirúrgico que, según la instructora del caso, apunta a que esta no sería la primera vez que realizaba este tipo de prácticas. Un extremo que refuerza para ella el riesgo de reiteración delictiva, uno de los elementos que ha motivado su ingreso en prisión.

Una práctica clandestina en un piso de Roquetas

La intervención se llevó a cabo en el domicilio de los padres del bebé, ubicado en la Avenida Cortijos de Marín. Según el relato judicial, el detenido realizó la circuncisión sin contar con formación médica, sin condiciones sanitarias adecuadas y fuera de un centro autorizado. Tras la intervención, el bebé comenzó a sangrar de forma persistente y acabó falleciendo ese mismo día a las 21:28 horas en el centro de urgencias médicas de la localidad, ubicado en la Avenida Reino de España.

La juez considera que este hombre actuó con “imprudencia grave”, al asumir un procedimiento médico sin la preparación ni el entorno adecuado, lo que provocó un desenlace fatal. El delito que se le imputa, homicidio imprudente, está penado con hasta cuatro años de prisión, una circunstancia que, unida al hecho de que se trata de un ciudadano extranjero con supuesta mayor vinculación con otro país, refuerza para la magistrada el riesgo de fuga.

El ingreso en prisión

En su auto, la juez explica que la prisión provisional cumple con los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, además de no existir otra medida menos gravosa que garantice los fines perseguidos: asegurar la presencia del investigado en el proceso, evitar la reiteración delictiva y proteger la integridad de otros menores.

La Fiscalía también solicitó esta medida cautelar, que ha sido adoptada tras la celebración de la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que la defensa del investigado solicitó la puesta en libertad provisional, alegando su arraigo y negando la responsabilidad penal por el fallecimiento del menor.

Asimismo, el juzgado ha acordado la libertad provisional para los padres del pequeño, quienes, junto al detenido, están siendo investigados por un presunto delito de homicidio imprudente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha precisado que el desarrollo de la instrucción determinará si concurren otros posibles tipos penales.

El padre del bebé ha podido prestar declaración ante la jueza, mientras que la madre no se encontraba en condiciones físicas para hacerlo. Ambos deberán comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen prohibido abandonar el territorio nacional y han quedado en libertad con medidas cautelares.

La versión del investigado

Según fuentes judiciales, durante su declaración ante la magistrada, el hombre en prisión ha reconocido haber realizado la circuncisión a petición de los padres del menor. Explicó que inicialmente se negó a llevar a cabo la intervención, pero que accedió tras la insistencia de la pareja, que llegó a pedírselo hasta en cuatro ocasiones. Ha afirmado que no es un curandero, ni se dedica profesionalmente a realizar circuncisiones, pero que accedió como favor personal.

La intervención tuvo lugar, según el testimonio del padre, sobre las 11:00 de la mañana. El ahora preso permaneció en la casa apenas diez minutos y, siempre según su versión, al marcharse el bebé no sangraba y los padres quedaron “contentos” con el resultado. La hemorragia, ha explicado, se produjo horas después, alrededor de las 16:30. Sin embargo, los padres no alertaron a los servicios de emergencia hasta las 20:00 horas, cuando el sangrado ya era importante y el estado del bebé se había agravado considerablemente. A esas alturas, poco pudo hacerse por salvarle la vida.

El investigado sostiene que nunca recibió una llamada de los padres informándole de que el menor estaba sangrando, y que de haberlo sabido, podría haber intentado ayudar. Un lapso de varias horas que podría suponer la diferencia fundamental entre un delito de lesiones y el de homicidio imprudente que ahora se le imputa. Todo ello porque, de ser así, los únicos con control de la situación del bebé habrían sido los padres.

Una práctica común en su país de origen

Las mismas fuentes indican que, según ha manifestado este hombre en sede judicial, no se anuncia como persona que practique circuncisiones, sino que fue buscado por los padres debido a que esta práctica es común en su comunidad de origen, así como porque en África sí que es realizada por algunos de sus familiares. Reiteran que fue el padre del menor quien le localizó y le pidió que la realizara, ayudándolo incluso durante la intervención.

Mientras avanza la instrucción, el detenido permanecerá en prisión provisional. La juez ha fijado un plazo máximo de dos años para mantener esta medida, prorrogable por otros dos, en caso de que la pena del delito imputado supere los tres años, como ocurre en este caso. La causa sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Roquetas de Mar.

Una veintena de casos al año

El Hospital Materno-Infantil ‘Princesa Leonor’ de Almería atiende cada año entre 15 y 20 casos de menores que han sido sometidos a circuncisiones o ablaciones realizadas de forma clandestina, fuera del ámbito sanitario.

Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que asimismo han apuntado que muchos de estos casos llegan derivados desde otros centros sanitarios de la provincia.

La mayoría de las atenciones están relacionadas con complicaciones derivadas de circuncisiones efectuadas sin control médico. Sin embargo, también se detectan casos de mutilación genital femenina (ablación), una práctica prohibida en España y considerada delito, que activa de inmediato los protocolos de protección al menor y la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales.

En todos los casos, los profesionales del hospital aplican los procedimientos establecidos por el sistema sanitario público andaluz para garantizar la atención integral del menor -médica, psicológica y social-, así como para alertar a los servicios sociales y judiciales en los supuestos de riesgo o vulneración de derechos.

No es la primera vez que este tipo de prácticas que se realizan de manera habitual en algunos países africanos acaban con un menor en urgencias porque se realizan por chamanes o mutiladores tradicionales sin titulación médica en entornos domésticos sin las más mínimas condiciones higiénico sanitarias y con materiales que no han sido convenientemente esterilizados. A principios de 2017 era detenida una persona en Murcia que se hacía pasar por facultativo y que se desplazaba a domicilios de la Región y otras provincias próximas como la de Almería para circuncidar a menores por 120 euros. La investigación policial puso al descubierto que esterilizaba el instrumental en el lavavajillas y que a los menores de edad que operaba sin salir de casa, en su mayoría bebés, les administraba anestésicos antes de la intervención, sin realizar un preoperatorio ni consultas previas o pruebas para valorar las alergias y reacciones adversas.

La historia se repite

Hace ya casi un cuarto de siglo, en julio de 2002, un niño de seis años de Guinea Bissau fue ingresado de urgencia en el hospital universitario de Poniente en el municipio de El Ejido en estado grave por las heridas que había sufrido tras ser sometido a una intervención clandestina de circuncisión también en un inmueble de Roquetas de Mar. En aquella ocasión el pequeño logró salvarse, pero sufrió una amputación parcial al perder el glande y dos tercios de la piel del pene. El padre del niño y dos de sus tíos fueron detenidos y posteriormente para ser juzgados como autores de un delito de lesiones. En nuestro país hay varios precedentes mortales de este tipo de prácticas quirúrgicas tan irresponsables. En marzo de 2011 un bebé de apenas 35 días murió desangrado tras serle practicada una intervención de este tipo en una localidad de Valencia. Sus padres, procedentes de Nigeria, querían realizarle la circuncisión en atención a su condición de musulmanes y cuando vieron las terribles consecuencias de su acción por el mal estado de salud del menor alertaron a la Policía Nacional.

Al llegar los agentes, el bebé ya no respiraba ni tenía pulso. En noviembre de 2008 otro recién nacido, también de padres nigerianos, fallecía tras practicarle sus padres una circuncisión en el barrio de La Jota de Zaragoza. Había sido trasladado en estado muy grave a un centro de salud de la capital aragonesa, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Un caso similar, algo más reciente, sobrecogía a los italianos en marzo de 2019 cuando un bebé de cinco meses perdía la vida en una pequeña localidad en el nordeste del país como consecuencia de un paro cardiaco asociado a la circuncisión ritual que le habían practicado en casa sus padres de origen ghanés. Y en Roma, en marzo de 2023, se registraba otra muerte de un menor, de apenas 20 meses, que también había sido sometido a esta cirugía por personal no cualificado en su casa, tal y como reconoció su madre que era nigeriana.

Ceremonia de circuncisión

La extirpación del prepucio del pene es una antigua práctica quirúrgica que ya aparecía representada en algunas tumbas del antiguo Egipto hace más de 5.000 años como ritual y signo de identidad adoptado por las diferentes religiones y culturas. Era practicado a los varones recién nacidos por un sacerdote médico en la tradición judía, cristiana e islamista. Cada vez más especialistas clínicos se han mostrado críticos con las circuncisiones que se siguen haciendo principalmente en algunas zonas de África, así como en los países europeos a los que emigran, y aseguran que los daños que puede ocasionar una circuncisión superan a los beneficios, sobre todo si no cumplen con los requisitos de seguridad sanitaria que requiere. Este tipo intervención quirúrgica debe ser siempre realizada personal sanitario cualificado y en un centro médico acreditado con las medidas sanitarias y técnicas adecuadas.

La circuncisión islámica es análoga, pero no idéntica a la judía. Los musulmanes son en la actualidad el grupo religioso más grande en el que se ha generalizado esta práctica considerada una señal de pertenencia a esta religión que se denomina con los términos Khitan o Khatna. Existen amplias diferencias en la práctica entre las comunidades musulmanas y los niños a menudo son circuncidados al nacer, al final de la niñez o incluso en la adolescencia temprana, dependiendo de la familia, religión y país. Existen varias etnias en Kenia, por ejemplo, que practican esta intervención quirúrgica a niños de 16 años como símbolo de su paso a la edad adulta. En esta ocasión, los padres habían llegado a España procedentes de la República de Mali, un estado de África occidental y 22,5 millones de habitantes en el que se realiza una ceremonia de circuncisión para alejar del menor las fuerzas del mal y las influencias negativas. En este país también es muy común la mutilación genital femenina que han sufrido casi ocho millones de niñas y mujeres.