La defensa de la costa de Almería: más de medio millar de detenidos por narcotráfico e inmigración

Agentes de la Policía Nacional eran agredidos hace un mes por dos de los ocupantes de una patera que se interceptó en Cabo de Gata. En el ingreso en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros del Puerto la emprendían a golpes con uno de los funcionarios, al que causaron rotura de ligamentos y fracción de tibia. Los dos argelinos estuvieron en prisión provisional diez días por delito de atentado y lesiones antes de quedar en libertad en una vista rápida en la que los condenaron a año y medio. En esa embarcación también viajaba otra persona, con orden europea de detención, que sería arrestado por pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes. El mismo día en el que salían de prisión los agresores que llegaron al litoral de Almería en otra lancha ‘go fast’, el 31 de enero, 16 personas de otra red del narcotráfico y transporte ilegal de migrantes asentada en el Poniente eran condenados a penas de entre año y medio y dos años de cárcel en la Audiencia Provincial.

Son sólo dos episodios recientes de la batalla que libran a diario en las playas almerienses y en aguas del mar de Alborán las mafias del triple negocio del narcotráfico, el petaqueo y la inmigración con los Cuerpos de Seguridad del Estado. Los poco más de 200 kilómetros de litoral de la geografía provincial son desde hace años, sobre todo a raíz de la pandemia, un enclave geoestratégico indispensable para la supervivencia de las redes que comercian con la desesperación humana y el hachís, el punto más caliente de la península en la crisis migratoria y uno de los más activos para el petaqueo como “industria auxiliar” de estas organizaciones que se han ido profesionalizando y son cada vez más violentas. Ahora se ha cumplido precisamente un año del asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una de las centenares de narcolanchas que operan en el Mediterráneo.

A pesar de la supremacía náutica de las redes del norte de África, con recursos ilimitados, tecnología de última generación y planeadoras imparables en alta mar con tres y cuatro motores fueraborda de 300 caballos de potencia que vuelan a 60 nudos, cuando llegan a la provincia no siempre completan el trayecto con el alijo del cargamento o desembarco de personas que habían planificado. Efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera trabajan por tierra, mar y aire, con el respaldo del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, para ponerle freno a su actividad clandestina y en los últimos cinco años han sido más de medio millar los detenidos en las operaciones en la costa. La estadística del Ministerio del Interior contabiliza en Almería 139 detenciones por tráfico ilegal de personas en 2022, 2023 y 2024 (el último año hasta septiembre), en su mayoría patrones de pateras y colaboradores de la inmigración irregular.

Según los datos que ha facilitado la Secretaría de Estado de Seguridad a este periódico, en las operaciones policiales de mar y playa contra el narcotráfico fueron detenidos e investigados un total de 66 ciudadanos durante los tres últimos años, más de 150 desde el inicio de la crisis del coronavirus (66 en 2020, 22 en 2021, 31 en 2022, 23 en 2023 y 12 entre enero y septiembre de 2024). La evolución de los pateristas sorprendidos al llegar al litoral de Almería que han acabado ante la justicia como autores de delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros (y a veces también por homicidio imprudente si alguien no completa la travesía) ha sido de 44 en 2020, 75 en 2021, 54 en 2022, 52 en 2023 y 33 en los primeros nueve meses del pasado ejercicio. Entre los años 2012 y 2025 son ya más de 800 personas detenidas e investigadas por su implicación en el transporte marítimo irregular de migrantes, casi medio millar en la etapa posterior a la pandemia.

La cruzada contra las mafias del Servicio de Vigilancia Aduanera durante los últimos años se salda con más de una treintena de detenidos, sin incluir los grandes despliegues conjuntos realizados con las unidades de Guardia Civil como el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) como el de la operación Ovidio con la que desarticularon en junio del pasado año el clan de los Lateros. En diferentes puntos del Poniente registraron 35 propiedades en las que incautaron 51 embarcaciones, 6 motos de agua, 10 remolques, 21 motores fueraborda y 40.000 litros de combustible, además de armas, alijos de hachís y 700.000 euros en efectivo. Un cortijo blindado con medidas de seguridad y cámaras instaladas en las fachadas y postes de luz en el barrio de Puente del Río de Adra era centro neurálgico de la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos de alijos de hachís e inmigrantes africanos del Mediterráneo.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria son el referente policial en la lucha contra el petaqueo, una actividad imprescindible para las mafias que no ha dejado de crecer en la comarca más occidental de la provincia, entre Guainos Bajos y Almerimar, por su rentabilidad y su mínimo reproche penal al ser una infracción administrativa. En los tres últimos años han logrado la incautación de casi 80.000 litros de combustible (44.025 en 2024, 19.630 en 2023 y 14.875 en 2022) en una batalla permanente que ha permitido también la retirada de más de 40 embarcaciones, casi un centenar si se contabilizan las de portes de drogas, que en el caso de las narcolanchas se destruyen al ser género prohibido. La mayoría de las actuaciones de concentran en la franja de Adra a Balanegra, donde han interceptado todo tipo de neumáticas, barcos de recreo y planeadoras cargadas algunas con más de 160 petacas, normalmente de 25 litros de gasolina cada una.

En los primeros meses de este año ya son dos las actuaciones en las que han recuperado más de un centenar de petacas. Las operaciones de Vigilancia Aduanera contra el narcotráfico en el último lustro han superado ya el medio centenar de detenidos, además de identificar a una treintena de infractores en el transporte ilícito de garrafas, al no considerarse delito y limitarse a una sanción administrativa si no alcanzan un valor de 50.000 euros. También el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con apoyo de las unidades terrestres, ha llevado a cabo en los primeros meses del año varias actuaciones relacionadas con el contrabando y tráfico de inmigrantes con la aprehensión de una decena de embarcaciones y la detención de cinco personas. Hace unos días incendiaban de forma intencionada un coche patrulla en La Alquería de Adra y todo apunta a una represalia de los clanes del petaqueo tras las incautaciones recientes de tres neumáticas y un centenar de petacas.