Las narcolanchas surcan el mar de plástico

El mar de Alborán se ha convertido en los últimos años en un enclave geoestratégico indispensable para la supervivencia de las mafias que operan desde el norte de África, un escenario de combate en el que se libra una batalla desigual de David contra Goliat porque las redes del hachís y la desesperación humana disponen recursos ilimitados y los medios más avanzados frente a las limitadas plantillas, arcaicas flotas y falta de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. Una supremacía náutica que ha acabado derivando en imágenes infaustas de las narcolanchas que campan a sus anchas en las calas más icónicas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar cada vez que buscan refugio de la mala mar o de las que navegan cargadas de petacas o desembarcan a grupos de inmigrantes a plena luz del día en las playas del Poniente.

Los avistamientos de potentes planeadoras de hasta cuatro motores fueraborda de 300 caballos y 14 metros de eslora que vuelan a 60 nudos son cada vez más frecuentes en la franja costera comprendida entre Guainos Bajos y Guardias Viejas. Las imágenes que ilustran la información son la mejor prueba. No están buscando cobijo del temporal entre calas porque el mar está en calma. Deambulan esperando órdenes y cuando las reciben despegan desapareciendo en cuestión de minutos y dejando atrás como única huella una estela fugaz que se difumina tras su marcha a la altura de Balanegra. Las narcolanchas surcan el mar de plástico y el Poniente es hoy el principal foco de la irrupción de estas embarcaciones que alternan el petaqueo con el transporte de hachís y el tránsito ilegal de inmigrantes procedentes en su mayoría de Nador y que llegan en avalanchas desbordando por completo las capacidades de los dispositivos policiales en tierra.

Agentes de la investigación sobre el terreno de las actividades de las redes criminales de narcotráfico e inmigración irregular alertan del “problema social” que se cierne en los municipios de esta comarca porque en los últimos años se han convertido en el punto más caliente de la llegada y desembarco de narcolanchas de la península y especialmente por el crecimiento y consolidación del petaqueo imprescindible para las operativas de las mafias africanas. No están de paso como ocurre con las de las paradisiacas playas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Al Poniente han llegado para quedarse, posiblemente forzadas a trasladarse por el incremento de la presión policial en otros puntos de la geografía andaluza.

Las mafias se hacen en Marruecos con las narcolanchas -en España son género prohibido- y cuentan la tecnología más avanzada en alta mar y empiezan a invertir ya grandes cantidades en medios con los que garantizar su negocio ilícito en tierra. Según ha podido conocer este periódico, las ‘empresas’ del petaqueo que se empiezan a multiplicar en Adra y El Ejido están desplegando drones para controlar en todo momento la actividad de la Guardia Civil en sus dependencias, así como el uso de informadores que avisan de los movimientos por la comarca más occidental de la provincia y de la instalación en las torretas de alta tensión del suministro eléctrico de cámaras con tarjetas SIM con las que observar en directo cualquier operativa policial. De hecho, ante la presencia de estos drones se ha tenido que desplazar al Poniente el equipo Pegaso de la Benemérita, que tiene base en el aeropuerto de Almería, para interceptar estas aeronaves que ofrecen imágenes en tiempo real.

Un problema de convivencia y seguridad

Los ayuntamientos de El Ejido y Adra vienen reclamando más medios materiales y humanos en los últimos meses a la Subdelegación del Gobierno alegando la alarma social creciente entre sus vecinos. La incorporación de familias y clanes asentados en estos pueblos a las redes del narcotráfico a través del petaqueo también comienza a generar ciertos problemas para la convivencia y seguridad. Agentes de la Guardia Civil de los puestos de la zona han sufrido represalias y amenazas cuando estaban fuera de servicio por parte de personas que colaboran con las mafias y que se dedican abiertamente, casi sin esconderse, a organizar su propia flota de vehículos y barcos con los que suministrar a las narcolanchas combustible y avituallamiento a sus ocupantes.

Instituto Armado y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tienen en el punto de mira naves y fincas que disponen de amplias instalaciones en las que acopian las garrafas de combustible y hasta embarcadero en los espigones para desplegar los portes con total libertad. De hecho la Guardia Civil tiene en curso una operativa en los dos últimos años, con unidades de la Comandancia y el apoyo del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) y el Servicio Aéreo, para la prevención y persecución de actividades relacionadas con el transporte y abastecimiento con las gasolineras flotantes en el mar que emplean los petaqueros. Pero la interceptación, ya sea en alta mar o cerca de la orilla, es una misión imposible porque se enfrentan a patrones temerarios que ponen en peligro su vida y la de cualquiera que se cruce en su camino con planeadoras de última generación.

Pilotos temerarios y kamikazes

Así lo ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que alerta de la presencia creciente de pateras y narcolanchas kamikazes y ha recurrido a la Inspección de Trabajo, Riesgos Laborales de la Benemérita e incluso al Defensor del Pueblo para que se vele por unas unas condiciones de trabajo seguras que actualmente no tienen en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. "Sabemos que las mafias van a ir a más, hay que destinar medios humanos y materiales y también tienen que endurecer las penas incluyendo el petaqueo para que se considere delito y no infracción administrativa", argumenta el portavoz de AUGC en Almería, Víctor Vega. La asociación JUCIL cifra en 200 plazas el déficit de guardias civiles en la provincia para abordar el incremento de la actividad delictiva, mientras que PP y Vox y los alcaldes reclaman el refuerzo urgente de medios y un Plan Especial de Seguridad para el mar de Alborán.

"No podemos abordar una narcolancha a 60 nudos, es como querer parar un camión que va descontrolado por una autovía infinita. Las perseguimos, pero si no se averían ni se quedan sin gasolina no podemos hacer nada, aunque nos pongan embarcaciones más grandes y rápidas, no se pueden detener a base de golpes, somos agentes de la Guardia Civil, pero no suicidas". Es el testimonio anónimo de uno de los efectivos del Servicio Marítimo del Instituto Armado en la provincia. "No hay forma legal de pararlas, son 'ferraris' con pilotos expertos que no tienen ningún miramiento y si tienen que pasar por encima ni se lo piensan". De hecho, se han vivido varios episodios recientes de colisiones como la del pasado año cuando una patera taxi en el Poniente casi los tira al mar o cuando un sargento resultó herido en el pie a bordo de una zodiac y tuvo que ser evacuado en helicóptero en verano de 2020.

1.319 detenidos en dos años

Las detenciones en el mar son mucho más complejas porque es inviable abordar una narcolancha salvo que se quede sin gasolina, se averíe o encalle. Pero a veces la investigación policial da sus resultados y los operativos terrestres consiguen desmantelar las ramificaciones logísticas de las organizaciones criminales en la frontera sur. No todos escapan de la acción policial y en los dos últimos años, desde que Almería se incorporó al III Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en marzo de 2022, se contabilizan 1.248 detenidos por su vínculo con el crimen organizado del narcotráfico, petaqueo e inmigración ilegal en un total de 1.319 operaciones e investigaciones en las que se han intervenido más de 30 toneladas de droga e incautado 199 medios de transporte. Entre las principales operaciones realizadas en Almería destaca la desarticulación el pasado verano de uno de los grupos más violentos dedicado al tráfico de hachís, el clan del Rifeño.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil detenía a 31 personas, entre las que se encontraba el líder del grupo y otros cabecillas e intervenía 3.055 kilos de hachís, 30 vehículos y tres narco-embarcaciones, además de varias pistolas y subfusil, chalecos antibalas, cadenas de pinchos con las que neutralizar los vehículos policiales y cócteles molotov. En la operación Flixita, en febrero de 2023, arrestaban a 19 personas e incautaban en los registros 17 embarcaciones y dos vehículos. Esta organización cobraba 5.000 euros por trayecto y aprovechaban los traslados de vuelta, una vez que se descargaban entre 10 y 15 viajeros, para enviar a Argelia teléfonos que habían sido robados en nuestro país y drogas como anfetaminas y cocaína. La red criminal, relacionada con varios naufragios que costaron la vida a dos inmigrantes frente al litoral de Cabo de Gata, solía sincronizar varias salidas simultáneas de narcolanchas con la finalidad de desbordar el trabajo del SIVE y de las patrulleras y dificultar su interceptación.

Un año antes, en abril del 2022, el Instituto Armado también desarrollaba la operación Amplio que se saldó con diez detenidos por delitos de pertenencia a organización criminal, de sustracción de vehículos a motor, contra los derechos de los extranjeros y contrabando. Alguno de los arrestados también ha acabado en el banquillo de los acusados por desobediencia grave y atentado contra los agentes de la autoridad porque amenazaron a los guardias civiles en su intento de evitar la inspección con piedras de gran tamaño, cortando el paso mediante vehículos e incluso hubo un intento de atropello con uno de los tractores que empleaban para sacar embarcaciones.

IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar

La presión policial en otros puntos del mediterráneo está incrementado la actividad delictiva en el mar de Alborán, por lo que esta provincia requiere un plan específico con el que abordar la triple actividad de las mafias (narcotráfico, petaqueo e inmigración). Almería, Granada y Sevilla se incorporaron el 8 de marzo de 2022 al III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Había sido creado en julio de 2018 para dar respuesta urgente y eficaz al deterioro de la seguridad y convivencia en la comarca gibraltareña por la actividad de la mafias. Fue prorrogado para los años 2020 y 2021 ampliando su ámbito de actuación a las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. A finales de 2023 se aprobaba el IV Plan, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con una dotación de 36,9 millones para financiar el incremento de las plantillas policiales y mejorar la inversión en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a la investigación e inteligencia policial.

En el ámbito de este plan que se desarrolla en seis provincias andaluzas operan 25.356 policías y guardias civiles, máximo histórico tras ver incrementadas las plantillas de las unidades afectadas en 3.690 agentes desde que en junio de 2018 se puso en marcha este dispositivo, que cuenta demás con un refuerzo extraordinario de 1.181 policías y guardias civiles de media al mes. El Ministerio del Interior ha anunciado que va a intensificar la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico que facilitan a las organizaciones de narcotraficantes el aprovisionamiento de combustible para sus vehículos terrestres y marítimos, el almacenaje y transporte de los alijos y las tareas de descarga y vigilancia de la droga.