"Nada ni nadie va a detener los avances que está alcanzando Almería con Pedro Sánchez"

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha realizado un balance positivo del primer año de esta legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y ha sostenido que “nada ni nadie va a detener los avances y el progreso que está alcanzando la provincia” de la mano del Ejecutivo progresista y ha destacado hitos como los “grandes avances” en las obras de la alta velocidad, la redacción del proyecto para el acceso al Puerto de Almería desde la autovía que supondrá una inversión de casi 50 millones de euros, así como la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías que ya tiene informes favorables para aumentar su producción anual hasta los 40 hectómetros cúbicos.

Del mismo modo, ha recalcado que este año se han subido, de nuevo, las pensiones a más de 113.000 personas jubiladas de Almería y se ha vuelto a aumentar el Salario Mínimo Interprofesional; una medida que ha beneficiado a unos 150.000 empleados y empleadas de la provincia. En materia de empleo, ha señalado que hoy en día “hay más personas trabajando en España que nunca”, 21,7 millones según la última Encuesta de Población Activa, y en Almería hay 67.500 personas más ocupadas que en julio de 2018 cuando el PP salió del Gobierno de España. Frente a estos buenos datos, ha lamentado que las inversiones en políticas de empleo que realiza la Junta de Andalucía han “caído en la provincia un 57% desde 2018” fecha en la que comenzó a gobernar Moreno Bonilla. En concreto, ha dicho, el Gobierno andaluz ha destinado este año a Almería 11,6 millones menos a planes de empleo que hace seis años.

Antonio Martínez ha subrayado que España tiene “más derechos sociales aprobados y reconocidos” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez “pese a los intentos del PP de poner obstáculos y votar sistemáticamente en contra de lo que es bueno para los españoles” como ha sido, recientemente, el caso de los objetivos de estabilidad. Según el también secretario de Organización del PSOE de Almería, se trata de una medida que proporcionaba en dos años 10.000 millones euros de gasto más para comunidades autónomas y ayuntamientos, pero que “de manera incomprensible e ijustificable ha votado en contra Feijóo con el clamoroso silencio de Moreno Bonilla, del presidente del PP de Almería o de alcaldes como los de Almería, El Ejido y Roquetas”. El PP “se ha opuesto simplemente por su afán de acoso y derribo al Gobierno de Pedro Sánchez, sin importarle que nuestra tierra, Andalucía, pierda casi 1.100 millones de euros por esa decisión”, ha lamentado.

El recorte de los servicios públicos en Andalucía

Según Antonio Martínez, estos recursos “habrían venido muy bien a nuestra comunidad autónoma, a los ayuntamientos y muy especialmente a nuestra provincia, donde los incumplimientos de Moreno Bonilla han paralizado nuestro desarrollo económico y social y recortado los servicios públicos” y ha puesto el caso de la situación de la sanidad pública que cuenta, en Almería, con más de 100.000 personas esperando a una cita para el especialista, una intervención o una prueba diagnóstica. También se ha hecho eco de los 12 centros educativos planificados por la Junta del PP “en los que no ha puesto un solo ladrillo” en estos seis años o las “infraestructuras paralizadas”, como la finalización de la autovía con Baza o el acceso Norte a la ciudad de Almería desde Viator. El dinero que ha rechazado el PP con su voto “se podría haber dedicado a mejorar la sanidad, la educación o la dependencia”.

En todo caso, ha dicho, la “apuesta por el diálogo y el consenso” del Gobierno de España frente a la “bronca permanente” del PP “ha permitido sacar adelante esta pasada semana la Ley de Paridad, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la ley de agentes medioambientales y bomberos forestales o el decreto ley de medidas sobre las consecuencias de la Guerra de Ucrania”; un decreto que contempla la prórroga de la reducción del IVA de los alimentos, la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables, la subida de los salarios de los funcionarios públicos o la moratoria de desahucios hipotecarios.