Un desalojo, sentencias, una investigación y 27 años esperando a que le indemnicen

La historia interminable es bien conocida en el Ayuntamiento de Almería porque colea desde 1994 sin que su capítulo final haya sido escrito. Los propietarios de la antigua mercería ‘Mary-Cruz’, de la calle Terriza, siguen aún sin haber recibido la indemnización que las sentencias judiciales le han venido reconociendo en compensación por el desalojo llevado a cabo aquel año sin autorización judicial y la pérdida de enseres que debía custodiar el Consistorio. Son 27 años de espera para Rafael Montoya y su mujer, que todavía no han sido resarcidos económicamente pese a que hace cinco años ya el Ayuntamiento, tras un comisión de investigación –comisión plenaria interna–, se comprometiera a ello.

De la factura inicial de 150.000 euros, la cifra que reclaman los antiguos gestores de esta en su época conocida tienda, en la que se vendían desde bolsos a perfumes, supera los 400.000 euros. Son los intereses de demora que el Ayuntamiento va acumulando cada año que transcurre sin abonar la reparación económica que las sentencias, ya añejas, le reconocen a Montoya. Son, además, "imprescriptibles".

De este suma y sigue da cuenta el que fuera también jefe de la Policía Local de Roquetas de Mar, mediante un escrito, o factura, con los números cada vez más abultados que remite al Ayuntamiento. “Sin respuesta, solo silencio”, comenta al respecto el afectado.

Esta comunicación la lleva ejerciendo en los últimos cinco años. Desde que la comisión plenaria interna –el término administrativamente correcto para denominar las investigaciones municipales de carácter interno– concluyera con la determinación de acatar los fallos judiciales, como el del Tribunal Supremo de 1993 o el último, de 2011, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y proceder a la valoración exacta de la cuantía a entregar.

Un lustro y “cinco presupuestos que llevo esperando y en los que no aparece la indemnización”, puntualiza Montoya, que ha conocido en todo este tiempo a un buen ramillete de alcaldes y concejales responsables del área de Hacienda sin que ‘su tema’ llegue al cierre del expediente definitivo y mientras observa, como comenta, el cumplimiento municipal de otras sentencias. Cita entre ellas las millonarias por la expropiación de los terrenos afectados por la ampliación del paseo marítimo de la capital.

Lo único que la familia ha podido recuperar hasta el momento es una caja fuerte y 7.300 pesetas que contenía, que le fue entregada en 2015. Recuerda Montoya el resultado de la comisión plenaria, el cual fue aprobado por la unanimidad de los 27 concejales de todos los grupos políticos. “Esperamos que se pronuncien los portavoces de los distintos partidos políticos, ya que se está incumpliendo”. Mientras, quien se pronuncia es Montoya, que ha comenzado a escribir esta “pesadilla” en un libro que ha titulado Contra la injusticia y la corrupción.