![Mela García-Pérez durante su participación en el Curso de Verano ‘La transición energética a través de las renovables’.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
El Puche: un mercado negro de viviendas que ‘aplasta’ y arruina a las familias
Kgadija y Mohamed pagaron 20.000 euros por su casa, pero es propiedad de la Junta
Ya han intentado desalojarlos y se lo han quitado todo l Hay decenas de orden de desalojo de casos iguales
Multa de 2 euros al día a la familia que compró una vivienda de la Junta
En El Puche existe un mercado negro de viviendas que viene aprovechándose de sus vecinos desde hace años. Estos encuentran un techo a coste económico, pero, ¿de qué les sirve? La vivienda nunca será suya, les llegará una orden de desalojo, le quitarán todo lo tengan y antes o después tendrán que abandonarla. Y encima, habrán perdido una cantidad que ronda los 20.000 euros.
Es la constante historia de un engaño. El Día de la Marmota de un barrio que más que desalojos requiere de una profunda regeneración social que no puede partir de otro lugar que no sean las administraciones. Y no es que no se haya intentado, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha puesto de su parte, pero hasta el momento ha sido imposible una gestión global.
Y este engaño a base de estafas sucede en las viviendas sociales construidas por la Junta de Andalucía. Estas no pueden ser vendidas puesto que forman parte del parque público residencial en alquiler de la Junta.
Pero de ello no tenían conocimiento Kgadija Moslim y su marido Mohamed Fadel. Y aún menos su hija, que apenas tiene nueve años. Desde hace cinco viven en la calle Manolo Caracol. Compraron su vivienda abonando 20.000 euros, firmando unas supuestas escrituras que no tienen valor alguno, empadronándose y pagando de forma puntual el agua, la luz, la contribución o la basura. Mohamed trabaja de forma ocasional en un bazar marroquí. Y Kgadija acude a la campaña de recogida de tomate.
La pareja conoce desde hace unos meses que tiene una orden de desalojo. De hecho, poco después de recibir la notificación, la vivienda ya tenía un nuevo arrendatario, este a través de las listas de demanda de vivienda social. Llegó incluso a intentar abrir la vivienda y se encontró en su interior con Kgadija, quien le dije que esa era su casa, que había pagado por ella. Desde entonces, todo ha sido un suplicio tanto para el nuevo arrendatario como para la familia que estaba instalada.
La Policía Nacional se personó anteayer en la vivienda “sin previo aviso”. La casa había sido señalada como una de las que cultivaban marihuana tras una de las redadas que ha venido realizando la Policía en las últimas fechas. Kgadija y Mohamed aseguran que en ningún momento se ha cultivado “de nada” en la vivienda. Pero los agentes, cumpliendo órdenes, sacaron todas las pertenencias de la vivienda y trasladaron el caso nuevamente a AVRA al ver que la vivienda estaba siendo ocupada de “forma fraudulenta”.
Los padres explican que su abogado estaba trabajando y dialogando con AVRA, desde que recibieron la notificación de desalojo, para que pudieran acceder a la vivienda en forma de alquiler. Pero, al mismo tiempo, se estaba efectuando la orden de desalojo, prevista también para el pasado martes. Kgadija y Mohamed se han quedado sin nada en el interior de su vivienda. Los vecinos los están arropando para que, de momento, nadie pueda sacarlos si no es con garantías de que puedan vivir en otra vivienda. Claro está, pagando. Algo a lo que no se niegan. Así que se han pertrechado en el interior de la vivienda esperando movimientos por parte de la Junta de Andalucía.
Su caso no es el único, en El Puche existen decenas de procesos de desalojo en marcha. Familias que son engañadas para que compren una vivienda y que poco tiempo después recibirán una notificación de desalojo.
Una práctica de hace décadas
Esto no es algo nuevo. Sucede desde un par de décadas después de la construcción del barrio (1975). Hasta allí llegaron familias, en gran parte de etnia gitana, que fueron reubicadas. Pero llegó el momento en que encontraron oportuno salir, así que en la década de los noventa fueron los inmigrantes los que vieron una posibilidad de vida mejor entrando a vivir en la zona.
Era un paso hacia adelante en su bienestar. Muchos de estos, como los de antes, echaron raíces y se integraron en las costumbres de este barrio almeriense. Pero al igual que virtudes, a la zona también le surgieron defectos. Fue entonces cuando se creó un mercado ilegal de las viviendas construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda al inicio de la década de los setenta. Falsos propietarios que sin licencia han ido traspasando los hogares. Así, hasta el punto en el que la población inmigrante se hace mayoritaria en el barrio (a mitad de los noventa). Fue ese el momento en que la Junta de Andalucía creyó necesario declarar a la zona como área de rehabilitación integral. El nivel socioeconómico del barrio se fue empobreciendo hasta el punto de convertirse en una de las zonas degradadas de la capital almeriense.
La Junta de Andalucía, a través de AVRA, incorporó en su esquema de trabajo actuaciones de puerta a puerta, casa por casa, para conocer de primera mano cuáles es la situación, primero de las personas y después de las viviendas. Un proceso lento y con un presupuesto ajustado que ha requerido de la ayuda de otras administraciones locales, caso del Ayuntamiento de Almería, a quien se le alaba su cooperación pero se le critica su falta de inversión económica en la zona.
Si es posible llevar a cabo una regularización de los contratos se realiza, pero hay casos en los que no es posible, como que sus habitantes no tengan permiso de residencia, por ejemplo, y entonces se deja actuar a las autoridades pertinentes para que apliquen la legislación vigente, terminando en determinados casos en el desalojo de los residentes.
