Marihuana y electricidad en Almería: el cultivo ilegal que sobrecarga las redes y los barrios

El fraude eléctrico en Almería crece imparable, impulsado por las plantaciones de marihuana y sus devastadoras consecuencias sociales y económicas. En los primeros diez meses del año, Almería ha registrado un fraude eléctrico que supera los 28 millones de kilovatios hora. Lo más alarmante es que el 43% de esa energía defraudada está relacionado con cultivos de marihuana, que demandan niveles altísimos de electricidad. Las cifras no dejan lugar a dudas: 12,3 millones de kWh fueron desviados para estas plantaciones, lo que supone un aumento significativo del 38% respecto al año anterior. La intensidad de este consumo puede compararse con el de 80 hogares funcionando al máximo durante todo el día.

El impacto de estas prácticas se extiende más allá de las cifras. José María Revuelta, director general de Redes de Endesa, subrayó que las manipulaciones ilegales de las redes eléctricas no solo perjudican el suministro, sino que también ponen en peligro la seguridad de los vecinos. Las alteraciones provocan incendios, cortes de luz y aumentan la probabilidad de accidentes graves como electrocuciones. Intervenciones policiales recientes han demostrado que al desmantelar estos cultivos se reduce la presión sobre la red eléctrica. Un ejemplo claro fue la Operación Vulcano en Sevilla, donde el desmantelamiento de plantaciones resultó en una caída del 47% en incidencias en las áreas afectadas.

En Almería, esta problemática tiene una fuerte incidencia en barrios como El Puche, Los Almendros y Pescadería, donde también se han reportado múltiples incendios vinculados al fraude eléctrico. Sin embargo, las consecuencias no se limitan al daño material: el aumento de la violencia en estas áreas, muchas veces impulsada por mafias organizadas, añade un elemento de inseguridad que afecta tanto a los residentes como a los trabajadores eléctricos que enfrentan condiciones peligrosas.

La conexión entre el fraude energético y las plantaciones de marihuana deja claro que este no es un problema aislado. Va más allá de las pérdidas económicas y plantea serios retos en términos de seguridad pública, sostenibilidad y calidad de vida para las comunidades afectadas. La situación exige medidas contundentes que no solo frenen estas prácticas, sino que también protejan a las personas y el entorno donde ocurren.