Luz verde a la reordenación del puerto de Carboneras: el TSJA rechaza la paralización cautelar de las obras

Medio centenar de embarcaciones de recreo se concentraban este domingo en el puerto deportivo de Carboneras, como ya hicieran en diciembre del pasado año, para protestar contra la modificación del proyecto de reordenación de las infraestructuras que inauguró el entonces Rey Juan Carlos I en junio de 1991 impulsada por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a través de la adjudicación a una UTE liderada por Construcciones Tejera, que pasaría a denominarse Marina San Andrés SA, el 1 de octubre de 2019. La Asociación de Afectados entiende que los cambios que se autorizaron en verano de 2021, como consecuencia del incremento de la demanda de atraques del puerto pesquero, es perjudicial para el sector náutico-deportivo porque se reducen el número de amarres dejando a más de 60 barcos fuera del recinto portuario, además de incrementarse los precios. 

Una nueva movilización que contaba con embarcaciones del Club Náutico Isla de San Andrés, el Club Náutico La Gaviota y la asociación Jubilados del Mar, así como con el apoyo del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, en una protesta conjunta contra lo que consideran una "situación injusta" por la falta de transparencia del procedimiento en una modificación contractual que sólo beneficia a la mercantil y por el estado de abandono y falta de limpieza generalizada de las infraestructuras que ya se concesionaron antes del inicio de unas obras que deberían haber comenzado hace cinco años. Pero no quisieron hacer público, al menos en esta nueva jornada de reivindicaciones, que el recurso de medidas cautelares presentado por la Asociación de Afectados del Puerto de Carboneras en agosto para evitar que comenzara la actuación había sido tumbado por la justicia días antes. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la suspensión cautelar del inicio de las obras de remodelación del puerto deportivo de Carboneras a la espera de que se resuelva la demanda inicial contra el contrato firmado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Marina San Andrés SA. El alto tribunal andaluz trasladaba a las partes, mediante el auto 502/2024 de 11 de octubre, que la suspensión del acto administrativo impugnado por la Asociación de Afectados del Puerto de Carboneras conllevaría una "grave perturbación del interés general" y, sin embargo, la continuidad del plan de los trabajos previsto por la concesionaria no haría perder su "finalidad" al recurso que sigue abierto contra la modificación del acuerdo. 

La Asociación de Afectados del Puerto de Carboneras había reclamado la paralización cautelar de las obras y de venta de derechos de amarre, así como la nulidad del contrato, dando pie a la licitación de un nuevo proyecto (y la devolución de lo percibido hasta ahora) porque considera que esta corrección de la concesión modificaba sustancialmente el acuerdo que se firmó el 26 de septiembre de 2019, entre otros motivos porque la nueva infraestructura supondría expulsar a 65 embarcaciones. El TSJA ha separado la pieza de medidas cautelares mientras se tramita la demanda interpuesta contra el acuerdo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Marina San Andrés SA permitiendo el inicio inminente de las obras, si bien cabe la posibilidad impugnación mediante recurso de casación.

Asociación sin legitimidad

Marina San Andrés alegó contra la medida cautelar la inexistente legitimación de la asociación para instar a la paralización de las obras o a la licitación de un nuevo contrato cuando no se impugnó la adjudicación ni la modificación del contrato en vigor que fue ratificado, además, el 27 de septiembre por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (resolución 421/2024) tras el estudio de las prescripciones del proyecto y estudio de viabilidad aprobados el 16 de mayo de 2024. "No concurren requisitos legales para la medida cautelar", esgrimían en su escrito al TSJA y recordaban que las embarcaciones deportivas ahora instaladas no ostentan ningún derecho a disponer del amarre, sino que cuenta con derecho de contratación preferente, detallando que no se va a expulsar a un importante número de ususarios como denuncian y son unos pocos que pueden instalarse en marina seca. 

No tienen derecho a exigir un precio

"La obra de un contrato público no impugnado, constituye un acto administrativo firme y consentido", esgriman y, además, explican que tampoco ha sido objeto de impugnación la resolución de modificaciones del contrato 2018/322 en el que se estipulaba un plazo concesional de 39 años y 9 meses y una retribución anual de 100.500 euros (IVA excluido). La mercantil asegura que tampoco tienen derecho a exigir un determinado precio de los amarres y los que han expuesto cuando hablan de incremento de tarifas son previos a la adjudicación del contrato y no tienen validez. "Una embarcación de 6 metros de eslora de un puesto de atraque por 20 años era en julio de 2023 de 39.000 euros y ahora tendrá un precio de 21.413 euros", detallan en su argumentación esgrimida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada.  

Un "número indeterminado" de barcos

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) alegó ante el TSJA que la paralización sólo persigue el beneficio particular de la asociación compuesta por un número indeterminado de embarcaciones contrarios a la nueva reordenación del puerto y del coste de los amarres e iría en perjuicio del sector pesquero que se vería privado de la ampliación del muelle pesquero en un total de 30 metros, la ejecución de un nuevo muelle adosado al dique de 60 metros de longitud y 6 de ancho para servicio del sector pesquero, la ejecución de un nuevo muelle perpendicular al muelle de ribera de 70 metros de longitud y 9 de ancho para atraque de embarcaciones pesqueras y la ejecución de 2 talleres industriales para atender las necesidades de los pescadores de la localidad. 

Aumento de flota pesquera

Este organismo dependiente de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul reitera que el expediente de modificación se inició el 20 de julio de 2021 por un aumento de la flota pesquera que obligaba a una nueva ordenación de los espacios del puerto reduciendo el dirigido a las embarcaciones deportivas y la revisión del plan económico-financiero de la concesión. En cuanto a la polémica, la Agencia Pública asegura que el proyecto de obra originario y el modificado conllevan un aumento notable de puestos de atraques náutico-deportivos con respecto al número de amarres existentes. A los del proyecto hay que sumar otros 51 para las embarcaciones de 6 metros de eslora que serán ejecutados por la APPA y otros 15 a las artes menores. Se redujo de 260 a 217, lo que supone 43 menos, pero sigue siendo una cifra muy superior a los que estaban autorizados antes de licitarse el contrato que eran 88.