Juristas piden más protección para los consumidores en la era digital

El Curso de Verano ‘La protección de los consumidores en la contratación en el siglo XXI’ ha llegado a su fin después de tres días de intensa actividad en la que se han dado cita ponentes de reconocido prestigio en la defensa de los derechos de los consumidores, que cada día son más vulnerables por el desarrollo de las TICs y los nuevos escenarios en el ámbito de la contratación. En su acto de clausura ha participado el rector de la Universidad de Almería, José J. Céspedes Lorente, quien ha destacado que este curso cumple con el objetivo de “mejorar el ejercicio de nuestros derechos como consumidores.

Desde la Universidad tenemos la obligación de estar en primera línea de la reflexión sobre cuestiones de tanta trascendencia para la vida de las personas, propiciando el debate, el análisis sosegado y bien fundamentado y la aportación de argumentos basados en el estudio y la investigación”. Además, el rector ha añadido que este curso “ha venido a proporcionar respuestas, desde la perspectiva jurídica, a algunos de los principales interrogantes que nos planteamos los ciudadanos y las ciudadanas respecto a nuestra actividad como consumidores de hoy: cuáles son nuestros derechos en determinadas situaciones, cómo protegernos frente a la utilización de nuestros datos, cómo resolver los conflictos, qué debemos tener en cuenta para evitar consecuencias negativas.”

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Eugenio Gonzálvez, ha puesto en valor la importancia de estos Cursos de Verano: “Su celebración en diferentes municipios de nuestra provincia no solo democratiza el acceso al conocimiento, sino que también fortalece los lazos entre la Universidad y nuestra provincia, enriqueciendo a todos con el intercambio de ideas y experiencias". Además, ha dado las gracias al rector por "elegir la casa de todos los almerienses como sede de este curso. Es un privilegio y un orgullo para nosotros colaborar con la UAL tanto en los Cursos de Verano como en las acciones que llevamos a cabo a lo largo del año".

También, ha señalado que “la protección de los consumidores es un tema trascendental en nuestra sociedad contemporánea. En un mundo cada vez más digitalizado y globalizado, las relaciones de consumo se han vuelto más complejas y sofisticadas. Desde la Diputación tenemos un firme compromiso con las iniciativas que contribuyan a la educación y la protección de nuestros ciudadanos. Es fundamental que las administraciones públicas trabajemos de la mano con el sector académico y con las entidades de defensa de los consumidores para garantizar un entorno seguro y justo para todos".

Alba Paños, codirectora del curso, ha realizado un resumen de las principales conclusiones de las ponencias que se han ido celebrando a lo largo de estos tres días y ha mostrado su agradecimiento a la dirección de los Cursos de Verano de la UAL, la Diputación de Almería, a los ponentes y a todos los asistentes que han hecho posible el éxito de este curso. “Una de las principales conclusiones del curso ha sido que la era digital y la inteligencia artificial están transformando la publicidad y el marketing, tal y como lo conocíamos, por lo que el derecho a la información precontractual al consumidor se torna más esencial para que no se lesionen los derechos de los consumidores. Por otra parte, el principal desafío de la contratación digital es asegurar o garantizar que consumidores vulnerables y con discapacidad puedan no solo acceder a la contratación digital, sino también asimilar la información”.

A lo largo del curso también se han expuesto las principales novedades o reformas proyectadas en materia de contratación con consumidores. “Lo que se pretende es una reforma de la justicia que permita contar con un sistema de resolución de conflictos más eficiente, puesto que actualmente el sistema judicial español no puede dar trámite en un plazo razonable a los conflictos que plantean los consumidores. De hecho, existe un atasco masivo en los juzgados en materia de contratación con consumidores. El 93% de los casos que resuelve el Tribunal Supremo versan sobre materia de consumo y, por tanto, es fundamental seguir incentivando y fomentando los medios extrajudiciales de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje de consumo”. 

Por último, la codirectora del curso, Inmaculada Orts, ha destacado que “lo más importante del curso ha sido la gran visibilidad que se ha dado al derecho de consumo, porque no todo el mundo lo conoce. Gracias a las ponencias de expertos, los participantes han tenido una oportunidad única para conocer tanto el derecho de consumo como el sistema arbitral, asuntos bastantes desconocidos”. Con anterioridad a la clausura, en esta última jornada del curso han participado María De Los Ángeles Parra Lucán, magistrada del Tribunal Supremo con la ponencia ‘La jurisprudencia del Tribunal Supremo en la contratación en masa’, y Juan José González Rivas, presidente emérito del Tribunal Constitucional de España, que ha impartido la conferencia ‘La importancia de la jurisprudencia constitucional, con especial incidencia en la tutela del consumidor’.

Parra Lucán ha explicado que un tema clave en la materia de protección al consumidor es la protección “frente a las cláusulas que ha redactado de manera unilateral el empresario y que, a veces suponen la renuncia de derechos. Aquí tienen un papel muy importante todos los operadores jurídicos, los tribunales, pero también las administraciones públicas o las asociaciones de consumidores. Se trata de cláusulas a las que no les presta atención porque lo único que les preocupa es el precio y el servicio que van a adquirir y no siempre se presta atención a las que se refieren a aspectos que aparentemente es un accesorio, pero que comportan muchas veces renuncias a derechos”.

Por su parte Juan José González Rivas ha ofrecido una reflexión global y singularizada de la protección al consumidor desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta los pronunciamientos que vienen efectuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la proyección desde la aprobación del texto constitucional, del artículo 51, de toda la perspectiva esencial de la protección al consumo. “El derecho al consumo exige mucha educación, mucho esfuerzo. Hay un elevado índice de litigiosidad. Las circunstancias de cada caso son muy singularizadas, pero exigen también estar al día de una legislación no sólo interna, sino también de derecho internacional, especialmente derecho de la Unión Europea”.