A juicio cuatro trabajadores de una residencia de Aspapros por maltrato a una usuaria con discapacidad

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería acoge este viernes la vista oral contra cuatro miembros del personal de una residencia de personas con discapacidad, acusados de maltratar, lesionar, coaccionar y vejar a una usuaria.

Según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, la víctima es una mujer que tiene reconocido un grado de dependencia y cuenta con una plaza concertada en una residencia de adultos de la asociación Aspapros, dónde durante meses recibió un trato “degradante” y “discriminatorio” con respecto al resto de los usuarios.

Los acusados no le prestaron la atención que debía recibir un usuario de la residencia, “tirándole de malos modos la comida”, sin respetar su intimidad cuando hablaba con su familia, y sin permitirle participar en las actividades lúdicas que organizaba el centro, según este escrito de acusación.

Tras una disputa con la gobernanta del centro, ocurrida el 2 de julio de 2016, la junta interdisciplinar del centro, a la que pertenece uno de los acusados, sancionó a la mujer “sine die”, de forma que pasó a ser la última en acudir a las duchas y entrar en el comedor, a pesar de que los procesados sabían de lo que suponía para ella por su padecimiento.

El fiscal ha subrayado que lo normal es que las sanciones tuviesen una fecha de término, pero que en el caso de la víctima se mantuvo esta medida hasta diciembre de dicho año, a pesar de los “ruegos” de la perjudicada para que cesara el castigo.

El 10 de agosto de 2019, cuando una cuidadora, hija de otra acusada y también procesada en la causa, realizaba sus labores en la residencia, aprovechando que llevaba a otro usuario al servicio, la habría introducido descalza en la habitación de esta persona por no hacer uso de otro servicio que “había antes del suyo”.

Se inició entonces un forcejeo entre la víctima y la cuidadora, en mitad de la cual esta última la empujó sobre la cama para golpearla en la cara y propinarle un bocado en la ingle. Tras ponerse sobre ella, habría seguido golpeándola hasta que fueron separadas por personal del centro.

El fiscal ha sostenido que cuando el gerente de la residencia, otro de los acusados, se enteró, tomó la decisión “unilateral” de expulsar a la víctima cinco días de la residencia, a la que no pudo volver hasta el 2 de septiembre del mismo año, “sin previo aviso e incumpliendo” el procedimiento establecido en el reglamento de régimen interno y la normativa.

Ha añadido que el gerente comunicó directamente esta decisión a la perjudicada, quien manifestó que no tenía a dónde ir, a lo que otro de los procesados respondió: “Pues te jodes, eres pobre y por eso estás aquí”.

Ese misma mañana el director del centro llamó al hermano de la víctima para que fuese a recogerla de forma urgente.

El 2 de mayo de dicho año, otra acusada presuntamente comenzó a insultarla cuando se encontraba sentada en la sala de estar, propinándole más tarde un bofetón en la cara, lo que hizo que cayese al suelo y se rompiese la taza que llevaba la víctima.

La Fiscalía imputa un delito contra la integridad moral, un delito de coacciones, un delito leve de lesiones, y un delito leve de maltrato, si bien no todos los procesados se encuentran acusados por los mismos ilícitos.

Los acusados para los que se pide una mayor pena se enfrentan a dos años de cárcel por el primero, dos años y diez meses por el segundo, y multas por los delitos leves, además del pago de una indemnización a la víctima.