La jueza dicta una fianza de 2,4 millones para Rifá

El empresario catalán Miguel Rifá y su asesor económico y testaferro Israel Martínez tendrán que pagar una fianza de 2.429.570 millones de euros por responsabilidad civil conjunta y solidaria en relación al presunto fraude fiscal denunciado por la Agencia Tributaria en mayo de 2012. En un primer momento la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, Ana Belén Vico, decretó que no ha lugar para requerir a los imputados ni fianza ni el embargo de sus bienes, pero ha cambiado de parecer conforme ha ido avanzado la causa judicial y ahora si es partidaria de adoptar medidas cautelares aprobando la petición que hiciera el abogado del Estado. En el caso en el que los dos imputados no aporten la fianza de forma solidaria, se procederá al embargo de sus bienes por valor idéntico al reclamado por el fisco.

En su auto del 10 de abril de 2013 se limitó a decretar una anotación preventiva de 34 fincas hipotecadas de Miguel Rifá en el Registro de la Propiedad, estatus de preembargo que ha modificado hasta la fianza sólo unos días antes de la esperada comparecencia de Rifá. El empresario ha vuelto a ser citado hoy para declarar a partir de las diez de la mañana ante la jueza, después de que los tres últimos intentos de citación resultaran estériles al aplazarlos por diferentes causas. Y es que el proceso se ha eternizado durante casi tres años, desde que en mayo de 2012 se destapara una potente ingeniería financiera y fiscal con el objetivo de engañar al fisco a gran escala con la Operación Hostelero, y Miguel Rifá siguió llevando su vida normal al no imponerle la jueza ninguna medida cautelar, llegando a solicitar sin éxito el archivo de esta causa. Los indicios de delito presentados en un informe de 600 folios por el Servicio de Vigilancia Aduanera son insalvables. Documentación aportada a la justicia en la que se pone al descubierto la mecánica defraudatoria y se hace constar el importante papel jugado por el asesor económico Israel Martínez, que fue detenido a finales del año pasado junto a Antonio Pérez por la descapitalización de bienes del grupo Obrascampo para evadir impuestos, a la hora de planificar e ir desarrollando las "operaciones simuladas" en la compraventa de los inmuebles y las aportaciones no dinerarias entre las sociedades y mercantiles del entramado Rifá con el fin de lograr devoluciones fraudulentas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y esconder los bienes para así evitar el embargo. Los profesionales de Vigilancia Aduanera entiende que el economista Israel Martínez ideó una serie de artimañas con las que validar una falsa insolvencia del empresario ante Hacienda y otros acreedores con operaciones incluso más allá de nuestras fronteras como país. El asesor económico fue consejero de mercantiles de Rifá como Las Salinas de Roquetas, el administrador único de Diakonia Hotelera, a la que querían traspasar las acciones del Hotel Almería-Grupo Citymar, y representante legal de GILH SA, la sociedad portuguesa que se iba a quedar precisamente con todas las participaciones como último eslabón de la cadena con la que se había planificado un alzamiento de bienes e insolvencia punible. La Agencia Tributaria esgrimió tras el auto de hace dos años de la jueza Ana Belén Vico que por la depreciación de la mayoría de los bienes, el conjunto de las propiedades inmobiliarias sobre las que se había decretado la disposición preventiva no cubrían las garantías para asumir la deuda pendiente. Y no es el único frente abierto de Rifá. La sociedad Hotel Almería presentó a finales de 2012 un concurso por el que 35 acreedores, entre los que figuran las entidades financieras Banco Sabadell y Banco Popular, reclaman deudas por más de 54 millones de euros. Ocho fincas registrales del administrador Predios del Sureste y su representante Miguel Rifá, en fase de embargo, fueron inmovilizadas por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, nombrando administradora concursal a la sociedad Grant Thornton. En la memoria que presentó el abogado del empresario afincado en Almería ante el juez expone que su situación de insolvencia se deriva de la crisis inmobiliaria en general, de la imposibilidad de acceder al crédito bancario y del agotamiento de la capacidad financiera. La valoración de los activos de Predios del Sureste y Hotel Almería SL es de 48,5 millones de euros y la tesorería es inexistente. Además, el letrado de Rifá presentó una memoria en el que recoge la historia económica, contratos y bienes de la sociedad, así como la relación de litigios pendientes, causas contra el administrador, procedimientos de apremio de las administraciones públicas y otros documentos de interés. Ocho fincas y parcelas en El Ejido, Sorbas, Roquetas y Felix de Rifá fueron inmovilizadas por la insolvencia de sus sociedades por orden del juez de lo Mercantil que se suman a los bienes que ya fueron embargados por 40,4 millones por los impagos al Ayuntamiento de Roquetas.

En los últimos meses, según ha podido conocer este periódico, el empresario ha logrado recuperar a través de sus mercantiles una quincena de los 64 inmuebles que sacó a subasta en octubre del año pasado el consistorio roquetero para rescatar la deuda de Rifá en tributos como el de la basura o el Impuesto de Bienes Inmuebles. Una más que intrincada situación económica y jurídica que ha puesto contra las cuerdas la continuidad de uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad a pesar de no llegar al medio siglo de vida, el Gran Hotel, que cerró sus puertas en diciembre.