El joven de Oria pudo morir por asfixia según la autopsia

Almería/La muerte de I.T., el joven marroquí de 18 años que falleció el pasado 1 de julio en el centro de menores ‘Tierras de Oria’ ha vuelto a poner en boca de todo el país lo ocurrido en esta esquina de la geografía patria. Todo ello después de que el diario ‘El País’ asegurase que el cadáver del muchacho “tenía signos de asfixia generales”. Todo ello de acuerdo a un informe preliminar de la autopsia al que presuntamente ha tenido acceso este diario de tirada nacional. El TSJA ha explicado que, aunque no hay todavía una resultado de la autopsia en el que se establezcan definitivamente las causas de la muerte, sí existe dicho informe preliminar -sin profundizar en su contenido- y que el forense está a la espera de los resultados de toxicología.

Un documento que describiría también las circunstancias de la muerte, con “seis guardias jurados para contener al joven”. Este primer estudio “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte” que, entre tanto, define como “súbita” y añade que el cadáver presentaba “signos de asfixia generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro”, compatibles con la asfixia, según los forenses consultados, también refleja “presencia de múltiples heridas cortantes cicatrizadas autoproducidas en dorso de brazo y antebrazo izquierdo”, lo que coincidiría con el relato de los hechos que precedieron a la muerte.

I.T. residía en Cádiz junto a su familia pero ingresó en ‘Tierras de Oria’ por orden judicial. Estaba diagnosticado de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA), consumo de sustancias y trastorno de Adaptación ansioso-depresivo, tal y como recoge el informe. Según su historial, y según confirman fuentes próximas a la investigación, “es policonsumidor de tóxicos desde los 10 años de edad y cuenta con cuadros de agresividad y necesidad de protocolo de prevención de suicidio, aunque, según señala el mismo informe, “en el centro existe un estricto control sobre el acceso de sustancias de abuso y descartan que haya podido consumir recientemente”.

No existe aún un relato oficial de lo acontecido el pasado 1 de julio debido al secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones pero la Junta de Andalucía se refirió en su momento a un “episodio de violencia”que hizo necesario contener al finado. Al parecer, la discusión comenzó porque se estaba haciendo un tatuaje en un brazo de manera rudimentaria e hiriéndose. Al llamarle la atención reaccionó, supuestamente, de manera violenta y le fue aplicado el “protocolo de contención”. Según El País, las circunstancias de la muerte fueron grabadas en un video que ya obra en manos del juzgado que instruye la causa.

Tras conocerse el supuesto contenido del informe preliminar, las reacciones no dejaron de sucederse durante este jueves.Una de las primeras ha sido la del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, cuya oficina ha informado de que se ha abierto una actuación de oficio sobre la muerte, que se une así a las actuaciones iniciadas por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Menor. Fernández Marugán ha solicitado información tanto a la Fiscalía como a la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia de la Junta de Andalucía.

Más dura ha sido la diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz Maribel Mora, quien ha exigido al vicepresidente andaluz, Juan Marín que comparezca públicamente para explicar las circunstancias que han rodeado la muerte de este joven, añadiendo que este centro acumula un amplio historial “de quejas y denuncias por violencia y abuso en la aplicación de las contenciones mecánicas, inadmisible en una comunidad autónoma comprometida con los derechos humanos”. Por ello, ha urgido a Marín a “depurar responsabilidades por esta muerte” y a aclarar si la “brutalidad” va a seguir siendo la pauta dominante en el trato a jóvenes infractores cuando debe primar por encima de todo las medidas educativas, “incompatibles con lo que ha sucedido en este centro”.

Marín ha pedido, por su parte, “delicadeza y prudencia” y que no se especule con las causas de la muerte ya que, ha defendido, todavía no hay un informe que concluya por qué falleció. Según él, en el protocolo establecido el forense lo que hace es “descartar posibilidades” como la asfixia o el consumo de estupefacientes y “eso es lo que hay”. Ha insistido en que no se sabrán las causas del fallecimiento hasta que haya un informe de la autopsia. El centro y la Consejería de Justicia también han abierto una investigación interna, ha agregado el vicepresidente, quien ha asegurado que él no conoce el contenido de esos vídeos. Ha defendido que en todos los centros de menores los trabajadores tienen la cualificación necesaria para atender una “situación de emergencia”.

Por otro lado, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado que la Junta de Andalucía tomará decisiones sobre el centro de menores ‘Tierras de Oria’ cuando acaben la investigación judicial y la del Gobierno andaluz.

Crespo ha instado a “respetar todo el proceso judicial” insistiendo en que no es posible “indicar en el secreto de sumario cuáles son las causas” pero ha incidido en que la Junta ha puesto en marcha su propia investigación interna. Una investigación que, ha subrayado, ni introduce ni paraliza “nada”, ni supone un “obstáculo” para la judicial.

“A partir de eso, tomaremos decisiones, cuando sepamos cómo finaliza la investigación judicial y la propia de la Junta”, ha dicho.

Por otro lado, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha denunciado la “falta de un control adecuado” de los centros de menores, al tiempo que ha reclamado una investigación “profunda y sin miedo a exigir las responsabilidades de quien corresponda” por estos hechos. El vicepresidente y portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans, ha recalcado que “en no pocas ocasiones” estos centros de menores “se parecen más a cárceles que a centros de acogimiento y acompañamiento para la inserción social. Además, ha hecho hincapié en “el evidente exceso” de la aplicación de protocolos de contención y reducción de personas en situaciones de violencia.

“No es la primera vez que ocurre, si bien no con un menor, que la aplicación de estos protocolos, sin duda pensados en garantizar antes el objetivo de reducción que en garantizar la vida contra los riesgos que se le provocan”, lamenta Solans. “En esta ocasión ha muerto asfixiado un niño al que se ató a su cama boca abajo, encima de quien se pusieron, para atarle, personas adultas, en un centro bajo custodia de quien debería garantizar su vida y su bienestar”, sostiene el abogado, para quien “nada justifica un hecho así”. “Sólo una investigación profunda y sin miedo a exigir las responsabilidades de quien corresponda podrá evitar que vuelva a ocurrir”, recalca.

Desde la asociación de Abogados Extranjeristas denuncian la “ausencia de perspectivas” que se da a los menores que ingresan en estos centros, que “son condenados en el mejor de los casos” a ser expulsados por culpa de “una legislación opaca a cualquier juicio humanitario y que prima la condición de extranjeros --sin derechos-- sobre cualquier otra condición, incluso la de menores de edad”.