Ni la mitad de inversiones presupuestadas este siglo llegan a Almería: 2.700 de 5.620 millones

Los Presupuestos Generales del Estado consignan cada año inversiones en la provincia que enfrentan a los partidos políticos en función de quién gobierna desde el Palacio de la Moncloa. Los relatos de las partes enfrentadas sobre las partidas programadas para Almería y las que no se han contemplado dan pie a todo tipo de análisis críticos y favorables y a semanas, e incluso meses, de anuncios y valoraciones que esconden lo verdaderamente importante que es el grado de ejecución e inversión real de los fondos previstos inicialmente por el Gobierno. Porque todo lo demás es papel mojado, de nada sirve anotar en el casillero indálico remesas millonarias si nunca se llegan a materializar ni gritar a los cuatro vientos el mensaje de que somos una de las provincias del país que recibe más dinero por habitante cuando al cierre del año no ha llegado ni un tercio de lo previsto.

El bipartidismo instrumentaliza las cuentas a su antojo y cuando no gobierna cuestiona siempre el proyecto presupuestario del adversario, pero se olvida de rendir cuentas y dar explicaciones de los millones que se han esfumado cuando comparten siglas con el ministro de turno. La rendición de cuentas y la fiscalización que realiza cada año el Ministerio de Hacienda, a la que ha tenido acceso este periódico, permite desenmascarar el permanente fraude que todos los años sufre la ciudadanía almeriense. La realidad de la financiación estatal que ha llegado a esta provincia en el periodo 2000-2023 pone en evidencia que más de la mitad de los fondos que en su día se contemplaron en los PGE se perdieron por el camino, a veces repercutiendo en partidas del ejercicio siguiente por los retrasos y en otras directamente desapareciendo de la planificación plurianual porque se aparca la actuación como ocurriera con los accesos al Puerto, el AVE a Granada, la Balsa del Sapo, la Comisaría de Roquetas o el tercer carril de la A-7, entre otras infraestructuras que se han eternizado en el tiempo.

En lo que llevamos de siglo las cuentas de los sucesivos gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, dos presidentes del PP y dos del PSOE (el último en coalición), se han proyectado inversiones iniciales por valor de 5.620 millones de euros y el gasto real, lo que se ha ejecutado, se queda en 2.703 millones. Es muy grande la diferencia entre lo que fue y pudo haber sido. Son las cuentas de la lechera en versión moderna. La estadística arranca en la segunda legislatura de Aznar con una ejecución muy elevada porque se planificaron partidas exiguas para la provincia y se acabó gastando más de lo planificado con 28 y 33 millones en 2002 y 2003 respectivamente. Con la llegada del PSOE al poder en 2004 se incrementan los fondos consignados en Almería pasando de 151 millones en 2005 a 540 en 2009, si bien el grado de ejecución presupuestaria de esos mismos años no alcanza ni la mitad y se ejecutan 90 y 161 millones, un 59 y un 30% respectivamente.

La mayor inversión de la historia almeriense llegaría en 2011 con 353,8 millones de 429 que se habían programado, lo que representa el 82,5%. En 2010 llegaron a la provincia 276 millones de 500 presupuestados, poco más del 55%. Era la primera legislatura de obras de la Alta Velocidad y se disparan las partidas millonarias aunque la materialización en los primeros años deja mucho que desear y sólo se cumplen las expectativas del pulso inversor en los últimos ejercicios de Zapatero. En la etapa de Mariano Rajoy, con recortes en casi todos los capítulos por la crisis económica y una vez tapiados los túneles de Sorbas como símbolo de la paralización de las obras del Corredor Mediterráneo, cae la inversión real a 32 en 2016, la menor cantidad recogida en los PGE del primer cuarto de siglo en Almería y encima no se materializa ni una quinta parte de lo previsto cayendo la ejecución al 16,9% de los 185 millones que habían contemplado.

En los cuatro años posteriores no se puede analizar el grado de materialización porque los presupuestos se prorrogan por falta de mayorías en el Congreso de los Diputados y sólo queda constancia de lo que finalmente se acaba invirtiendo que fueron 33,8 millones en 2017, 45,5 en 2018, 44,4 en 2019 y 17,6 en 2020. En ese escenario de atomización del espectro político y falta de consensos para sacar adelante las cuentas del Gobierno, llegaría al poder Pedro Sánchez cuya ejecución real sólo se podría medir en los años 2021 y 2022, así como en el primer semestre de 2023 a falta de consolidar la fiscalización el último ejercicio al completo.

En las legislaturas del PSOE en coalición la inversión inicial crece sustancialmente hasta alcanzar la mayor consignación de la historia con 635 millones en 2021 (900 euros por habitante), pero baja el grado de ejecución a a mínimos precisamente en ese año en el que se materializaron proyectos solo por valor de casi 70 millones por la lentitud con la que se retoma la construcción de tres tramos de la línea de Alta Velocidad a Murcia y el freno que supone la pandemia para estas grandes actuaciones por la falta de suministro y crisis energética. En 2022 las partidas materializadas superan el 50% de la inversión inicial con 165,4 millones de los 326 que se habían previsto y en 2023 se quedó en el 19% al tratarse sólo de los primeros seis meses. En ese semestre fueron 99,8 millones de los 538 consignados en los PGE, si bien la auditoría de ADIF permite conocer que el pasado año tan sólo en obras del AVE se invirtieron casi 183, por lo que el grado de ejecución subirá sensiblemente cuando se consolide el gasto de julio a diciembre en el Sistema de Información Contable de la Administración y del balance anual de las entidades de los sectores público y empresarial.

El avance de los trabajos de la Alta Velocidad sobre ponen de manifiesto que la inversión real de este año también será muy alta en la provincia, aunque no se podrá valorar el grado de ejecución porque los Presupuestos Generales del Estado de 2024 tampoco han salido adelante y el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja con una nueva prórroga del curso anterior como ocurriera entre 2017 y 2020, en 1996 y en el primer semestre de 2012. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba hace unos días que ya están preparando las cuentas de 2025 ante la imposibilidad de sacar adelante las del ejercicio actual. La administración estatal seguirá funcionando con los presupuestos de 2023, una medida contemplada en el artículo 134 de la Constitución Española en el caso de que tras su discusión y modificación parlamentaria no fueran aprobados antes de que acabe el año, por lo que automáticamente se prorrogan los del curso anterior.