La inteligencia artificial llega al derecho administrativo

Almería/El Centro Asociado de la UNED en Almería y la Universidad de Almería-Grupo de investigación PAIDI SEJ056- UAL, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, han organizado el XXV Simposio de Actualización en Derecho Administrativo, que se celebrará del 22 al 25 de octubre en la sede de la UNED en la capital almeriense.

En esta edición, se incorpora por primera vez, en su programación el Observatorio de Orientación Profesional, con la pretensión de ilustrar a los alumnos universitarios sobre distintas perspectivas y posibilidades profesionales, explicándoles las opciones de empleo público en cada administración (tipo de pruebas de acceso y temarios )

 Así, intervendrán representantes de la Diputación de Almería, Ayuntamiento de Almería, Jefatura Provincial de Tráfico, Servicio Andaluz de Salud o el INSS, entre otros.

 Este simposio va dirigido al personal al servicio de la Administración pública estatal y autonómica, de la Administración de Justicia, de la Administración local, de otras administraciones, así como a profesionales y alumnos.

El objetivo del presente Simposio es mejorar el conocimiento de un marco jurídico novedoso, en particular para el desarrollo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial («sistemas de IA») en la Unión, de conformidad con los valores de la misma, a fin de promover la adopción de algoritmos y de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta»), en particular la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, frente a los efectos perjudiciales potenciales, así como brindar apoyo a la innovación. 

Este conocimiento puede contribuir a garantizar la libre circulación transfronteriza de mercancías y servicios basados en algoritmos y la inteligencia artificial, con lo que impide que los Estados miembros impongan restricciones al desarrollo, la comercialización y la utilización de sistemas de IA, a menos que la Unión Europea lo autorice expresamente.

Este marco jurídico debe aplicarse de conformidad con los valores de la Unión consagrados, lo que facilitará la protección de las personas físicas, las empresas, la democracia, el Estado de Derecho y, al mismo tiempo, impulsará la innovación y el empleo y debería convertir a la Unión en líder en la adopción de una IA fiable.

La Administración pública se ve directamente afectada, y por este motivo, resulta esencial formar a los empleados públicos y favorecer un marco de debate y entendimiento sobre una nueva realidad que es compleja y difícil de asumir.

La IA es un conjunto de tecnologías en rápida evolución que contribuye a generar beneficios económicos, medioambientales y sociales muy diversos en todos los sectores económicos y las actividades sociales. El uso de la IA puede proporcionar ventajas competitivas esenciales a las empresas y facilitar la obtención de resultados positivos desde el punto de vista social y medioambiental en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la agricultura, la seguridad alimentaria, la educación y la formación, los medios de comunicación, el deporte, la cultura, la gestión de infraestructuras, la energía, el transporte y la logística, los servicios públicos, la seguridad, la justicia, la eficiencia de los recursos y la energía, el seguimiento ambiental, la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, entre otros, al mejorar la predicción, optimizar las operaciones y la asignación de los recursos, y personalizar las soluciones digitales que se encuentran a disposición de la población y las organizaciones.

Al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias relativas a su aplicación, utilización y nivel de desarrollo tecnológico concretos, la IA puede generar riesgos y menoscabar los intereses públicos y los derechos fundamentales que protege el Derecho de la Unión y el ordenamiento jurídico español. Dicho menoscabo puede ser tangible o intangible y abarca los perjuicios físicos, psíquicos, sociales o económicos.

Dadas las importantes repercusiones que la IA puede tener en la sociedad y la necesidad de generar confianza, es fundamental que la IA y su marco reglamentario se estudien y analicen de conformidad con los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los derechos y libertades fundamentales consagrados en los Tratados y, de conformidad con el artículo 6 del TUE y la Constitución española. Como requisito previo, los algoritmos y la IA debeN ser una tecnología centrada en el ser humano. Además, debe ser una herramienta para las personas y tener por objetivo último aumentar el bienestar humano.

En consecuencia, se necesita un marco jurídico que establezca unas normas armonizadas en materia de IA para impulsar el desarrollo, la utilización y la adopción en el mercado interior de la IA y que, al mismo tiempo, ofrezca un nivel elevado de protección de los intereses públicos, como la salud y la seguridad y la protección de los derechos fundamentales, en particular la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, reconocidos y protegidos por el Derecho de la Unión. Para alcanzar dicho objetivo, conviene establecer normas que regulen la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de determinados sistemas de IA, lo que garantizará el buen funcionamiento del mercado interior y permitirá que dichos sistemas se beneficien del principio de libre circulación de mercancías y servicios. Estas normas deben ser claras y firmes por lo que respecta a proteger los derechos fundamentales, apoyar nuevas soluciones innovadoras, posibilitar un ecosistema europeo y nacional de agentes públicos y privados que creen sistemas de IA en consonancia con los valores de la Unión y liberar el potencial de la transformación digital en todas las regiones de la Unión.