El inicio del caso ‘Poniente’, una jaula de grillos por los fallos del sonido
Tribunales
Declara un único acusado debido a los retrasos por los problemas de la megafonía y en una videoconferencia casi fallida con Sevilla
Almería/La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local anunció una inversión de más de 44.000 euros euros entre el transporte de la documentación, limpieza, gastos de luz y agua y asistencia técnica, así como el alquiler del escáner y el arco de seguridad para poder celebrar la vista del caso ‘Poniente’ en el palacio de congresos y exposiciones de Aguadulce. Con 26 abogados y 44 acusados, se estimó que éste espacio era el óptimo para acoger el juicio y salvaguardar las medidas de seguridad contra la Covid-19.
Pues bien, la adecuación no ha sido tan perfecta como se esperaba, para desesperación de magistrados, letrados y acusados, ya que los fallos en el sistema de megafonía, micrófonos y videoconferencia han provocado que la primera sesión, pospuesta hasta en tres ocasiones por contagios de Covid-19, se haya convertido en una auténtica jaula de grillos.Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Jesús Martínez, Ignacio Angulo, y la presidenta de dicha sala y del juicio, Társila Martínez, han dado lo mejor de sí mismos para paliar una situación que por momentos se aproximaba al esperpento.
Simplemente el trámite de “pasar lista” abogado a abogado y dejar constancia de sus protestas por la inadmisión de cuestiones previas y pruebas se ha alargado durante varias horas. “No se oye” ha sido posiblemente la frase más repetida este martes en el palacio de Aguadulce, provocando que la magistrada Martínez haya tenido que repetir en voz alta cada una de las manifestaciones de los letrados, debido a que el resto aseguraba no enterarse de lo que estaban expresando.
Se ha llegado al extremo de pasar un micrófono de letrado en letrado hasta que varios de ellos han advertido de que no estaba siendo desinfectado ni contaba con medios de protección, recordando la situación de crisis sanitaria por la Covid-19. El propio fiscal Anticorrupción, Jesús Gázquez, ha advertido de que no se podía celebrar la vista con unas garantías “mínimas”, y ha sido preciso aguardar hasta la una de la tarde, cuando se ha producido la llegada de un técnico para solventar los fallos en la videoconferencia establecida con Sevilla, desde dónde ha declarado José María Marañón, a la sazón presidente no ejecutivo de ‘Agua y Gestión de Servicios’ y exmiembro del consejo de administración de ElSur.
Marañón ha respondido únicamente a su abogado, apuntando que fue consejero en dos periodos pero no empleado de ElSur o parte de la directiva, así como que no tenía delegadas facultades por parte del consejo o poderes que “pudiera ejercer individualmente”.
Ha apuntado que el consejo se reunía “más o menos mensualmente”, incidiendo en que todo lo que se abordaba en él se reflejaba en las actas. En este punto, ha subrayado que dicho órgano no tenía poder ejecutivo porque éstos se otorgaron a la “figura de un director general”.
Así, asevera que el consejo únicamente hacía seguimiento de la gerencia, elevando a solicitud algunas operaciones de endeudamiento, etc. Sobre las subcontratas realizadas por ElSur, ha afirmado que “nunca hubo acuerdo previo al órgano administrativo que forzara o que autorizara la firma de estos contratos”. “Los contratos fueron suscritos directamente por el director general”, ha dicho.
Ha negado que el consejo llevase la gestión tributaria de la empresa, y sobre el control a la dirección general ha sostenido que las cuentas anuales estaban auditadas de forma externa, añadiendo que “el grado de conocimiento, el detalle que se obtenía no alcanzaba para definir los proveedores ni el tipo de contrato de estos proveedores”.
La Fiscalía solicita 40 años de cárcel para Juan Enciso
Tras tres suspensiones en lo que va de año por la Covid-19, éste ha sido el único acusado en poder declarar. El año pasado únicamente pudieron celebrarse las sesiones previstas para las cuestiones previas de estas causa, en cuyo banquillo se sientan medio centenar de acusados con sus respectivas defensas, más las acusaciones. El informe de la Fiscalía, de 207 páginas, señala que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo.
En la calificación de la Fiscalía, se solicitaban, entre otros, penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para el exalcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso, y el exinterventor municipal José Alemán, acusados cada uno de ellos de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.
Sin embargo, tras las cuestiones previas, el fiscal Jesús Gázquez retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005. Ahora reclama para Enciso y Alemán 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos -en lugar de 19-, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, 8 contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada.
En febrero del año pasado la Fiscalía modificó su petición de penas para 27 de los investigados en el caso, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos de 2002 a 2005. Una de las reducciones más significativas fue la de Isabel Carrasco, esposa de Alemán, que pasó de una petición de 85 a 9 años de prisión, al eliminar un total de 19 delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicitaba 76 años de presidio.
Los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón veían, respectivamente, cómo el fiscal rebajaba su petición de 97 a 37, de 174 a 94, de 73 a 25 y de 85 a 21 años de cárcel.