Cinco horas de Rifá ante la jueza

Casi cuatro años después de que fueran detectadas, en el marco de la Operación Hostelero, el conjunto de artimañas entre las sociedades del empresario Miguel Rifá para engañar al fisco a gran escala y no pagar el IVA a la hacienda pública, un fraude millonario frustrado en su intento de descapitalización de bienes para evitar el embargo de los acreedores, llegó la esperada declaración del investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, Ana Belén Vico, como paso previo a un cierre inminente del proceso instructor con el escrito de acusaciones que dará paso al juicio. Han tenido que producirse casi media docena de citaciones hasta lograr que Miguel Rifá accediera a dar explicaciones por la comisión de los presuntos delitos de alzamientos de bienes, insolvencia punible y fraude fiscal y ocurrió en una comparecencia reciente de nada menos que cinco horas en la Ciudad de la Justicia.

Durante casi dos años se había ido dilatando su interrogatorio en virtud a los recursos presentados por la defensa y otras maniobras dilatorias, pero finalmente llegó la confesión del empresario catalán afincando desde hace décadas en la provincia. Y no se dedicó a negar los cargos que le imputan, después de que intentara incluso el archivo de la causa en base a alegaciones, sino que llegó a reconocer ante la jueza el entramado de sociedades y la mecánica defraudatoria con la que pretendía descapitalizar los bienes con el objetivo de evitar el embargo de los bancos en calidad de acreedores. Rifá aseguró que en ningún momento actuó así para perjudicar a la hacienda pública y vinculó su potente ingeniería fiscal al fracasado objetivo de dejar sin cobrar la deuda millonaria a las entidades financieras. A partir de ahora la jueza tendrá que valorar si dispone alguna medida cautelar adicional, una vez que al inicio de la instrucción en 2013 dictara un auto -el 10 de abril- para realizar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de las 34 fincas hipotecadas propiedad de Rifá como garantía para tapar el posible agujero millonario al fisco de más de cien millones de euros. Además le impuso una fianza de 2,4 millones por responsabilidad civil y maniobró a finales del año pasado, atendiendo a la petición de la Agencia Tributaria, para que se ingresara directamente en las arcas estatales, si prospera en el Contencioso-Administrativo nº3 de Almería la querella presentada contra el consistorio de la capital, la indemnización de nada menos que 31,2 millones de euros por el incumplimiento de un convenio urbanístico de Predios del Sureste. La demanda de mayo de 2012 de la que era empresa fuerte de Rifá hasta su vaciamiento, al quedarse definitivamente fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) su aspiración de levantar un hotel de lujo en pleno corazón de la ciudad, ha encarado su recta final, estando el juicio visto para sentencia, por lo que la Abogacía del Estado reclamó, y la jueza lo aceptó mediante un auto, el botín íntegro en caso de que el fallo en el Contencioso resultara favorable a los intereses del empresario.

Y no es para menos, el polémico empresario, lejos de lo declarado ante la justicia recientemente de no haber querido nunca esquivar sus obligaciones con la Hacienda, está al frente de la lista de grandes morosos de Almería que publicó la Agencia Tributaria en diciembre. De los 206 millones que deben 78 personas físicas o jurídicas al fisco, sólo tres sociedades de Rifá -Hotel Almería, Predios del Sureste y Frigoríficos Portocarrero) suponen 9, 27,5 y 1,2 respectivamente, casi 40 millones, sin tener en cuenta las deudas de menor entidad de otras empresas ligadas al hostelero, así como las pendientes de confirmar porque se están enjuiciando aún.

Fue el último día de mayo de 2012 cuando se elevó la querella del Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería, perteneciente a la Agencia Tributaria, al entender que el empresario, a través de sus sociedades, estaba realizando un presunto fraude fiscal con el que las descapitalizó traspasando las acciones con la colaboración de testaferros. En un informe de más de 6.000 páginas describen cómo operó para evitar el embargo de sus bienes a través del traspaso de capitales incluso fuera del país, a la sociedad portuguesa GILHSA.